La intensa polémica ambiental es casi proporcional al interés de más de un centenar de empresas del mundo por participar en la zona.
El proyecto, lanzado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, prevé la explotación de los minerales estratégicos como el carbón y el manganeso; minerales metálicos como oro, hierro, bauxita, cobre, cromo, magnesita y níquel; así como minerales no metálicos como diamante, fosfato, caliza, feldespato, dolomita, yeso, caolín, grafito y talco.
Según las primeras estimaciones del recién creado Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, el total del valor comercial de las reservas minerales en la zona, ubicada en el estado Bolívar, asciente a más de dos trillones de dólares. La cifra no es despreciable para el país petrolero, cuya economía monoproductora ha sufrido el embate de la caída sostenida de los precios del crudo.
El objetivo del ambicioso plan de desarrollo, que ha levantado duras críticas por parte de la oposición y ciertos sectores del chavismo, prevé implantar un modelo de “minería ecológica”, con respeto al ambiente, que permita superar la matriz monoproductiva y generar una nueva fuente de ingresos para el país.
Freno a calificadoras
La movida de Venezuela también frena a las calificadoras. Hasta hace poco, la “Santísima Trinidad” de Moody’s, Fitch y S&P había elevado el riesgo del país a tal punto que la nación quedaba como la peor del mundo para las inversiones, ni siquiera superada por Siria en guerra o Grecia en ‘default’.
Pero la situación ha ido mejorando. El cambio de “parecer” de las calificadoras tiene mucho que ver con la gigantesca reserva aurífera de Venezuela, que ahora será certificada por Gold Reserve. El Ejecutivo suscribió convenios con la empresa canadiense para comprobar que el país tiene unas 7 mil toneladas de oro.
La certificación de la reserva demostraría que Venezuela es el segundo país con más oro en el mundo, solo superado por las 8.133 toneladas del mineral precioso que posee EE.UU. Esa jugada le abre las puertas a la nación para obtener financiamiento en condiciones más ventajosas, ya que el encadenamiento productivo y el flujo de divisas está garantizado con el proyecto minero.
Además del oro, se estima que en la zona hay 33,8 millones de quilates de diamante, 3.644 millones de toneladas de hierro, y gigantescos yacimientos probados de bauxita, cobre, coltán y otros minerales, refiere la Gaceta Oficial 40.855, que decreta la creación del Arco Minero.
Modelo mixto
El esquema propuesto para los inversionistas es la creación de empresas mixtas, en las cuales el Estado sea titular de 55% de las acciones y tenga igual porcentaje del total de las ganancias, detalló el presidente Nicolás Maduro la semana pasada en una reunión realizada con firmas internacionales en el Banco Central de Venezuela (BCV).
Hasta ahora, las empresas que han manifestado su deseo de unirse al proyecto son de origen ruso, canadiense, británico, surafrincano, estadounidense, chino y australiano.
Las empresas podrán establecerse en los cuatro bloques en que está dividido el Arco Minero, cada uno de ellos con potencialidades específicas: el primero, llamado Juana La Avanzadora, principalmente posee coltán (un componente escaso, declarado estratégico para la industria de la tecnológica), oro, bauxita y diamante; el segundo, denominado Manuelita Sáez, tiene oro y diamante; el tercero, Negra Hipólita, se caracteriza por el hierro, oro, diamante y bauxita; y el cuarto, Josefa Camejo, está constituido principalmente por yacimientos auríferos.
Polémica ambiental
La oposición, que busca la salida del presidente Nicolás Maduro, se ha negado a apoyar la propuesta del Arco Minero. Parte del chavismo, también. Las razones que esgrime el segundo grupo de detractores es el impacto ambiental que la actividad generará en la zona, considerada uno de los pulmones vegetales y con las mayores reservas hidrológicas del país.
El Ejecutivo ha asegurado que los proyectos respetarán no sólo la naturaleza, sino a las poblaciones indígenas que viven en la zona y capacitará a los pequeños mineros, que actualmente explotan a menor escala los recursos auríferos, para que utilicen métodos de impacto mínimo al ambiente.
Según el plan del Estado, únicamente se intervendrán las áreas donde ya se ha iniciado la explotación minera, mediante proyectos que contarán con tecnología de punta para el procesamiento de los minerales que incluyen plantas de tratamiento de agua, lo que minimizará el daño a las cuencas fluviales.
Oportunidad estratégica
Para Venezuela, el año 2016 ha sido de grandes dificultades económicas. En enero, el presidente Maduro tuvo que anunciar la caída de 4.200% de ingreso del país, por concepto de renta petrolera, en comparación con el mismo mes de 2010.
Por eso, la necesidad de captar recursos, más allá de la industria petrolera, es estratégica. El 55% de utilidad que podría percibir el país por una actividad altamente lucrativa, así como por impuestos y regalías asociadas, le permitiría al país contar con una nueva fuente de ingresos de gran cuantía que, en poco tiempo, estaría en capacidad de revertir el modelo monoproductor de hidrocarburos.
La idea del Ejecutivo no es únicamente explotar los recursos minerales sino darles valor agregado con el desarrollo del sector industrial nacional, lo que generaría -en principio- más de 20.000 empleos directos y más de 70.000 indirectos, y ampliaría la presencia del Estado en las zonas mineras, que históricamente han sido dominada por mafias violentas que viven de la explotación ilegal.
Se prevé que Venezuela puede percibir por esta actividad, anualmente, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, cifra que podría ascender en la medida en que crezcan las inversiones y se consolide la industria.
RT
