En México, el sector minero está en recesión. Las empresas deben nadar contracorriente en un entorno económico desafiante, mientras hacen frente a una caída en el precio de los metales y a mayores regulaciones.
En noviembre de 2017, según los últimos datos disponibles, la actividad minera sumó 21 meses consecutivos a la baja, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y en los once meses del año anterior acumuló una caída de 10%, su peor desempeño por lo menos desde 1993, el último año del que hay registros
Esas cifras “anuncian una tendencia negativa de la industria para los siguientes meses”, señaló José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
La desaceleración que se pronostica para la economía de China, uno de los mayores consumidores de cobre a nivel mundial, disminuirá este año la demanda de ese metal, haciendo que su precio disminuya. Eso afectará a Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, de acuerdo con analistas de Citibanamex.
Además, las proyecciones de un modesto desempeño del precio de la plata y un incremento en los costos de producción serán los retos que enfrentarán otras firmas del país como Peñoles y Frisco, cuya principal producción es este metal precioso.
Las estimaciones indican que, al cierre de 2018, el precio del cobre caerá 7%, el oro perderá 5% de su valor y el zinc, un 11%, mientras que la plata apenas crecerá 1%, según la consultora Focus Economics.
“La baja en los precios de los commodities (materias primas y metales) afecta directamente a las organizaciones de esta industria y las vuelve cautelosas en sus gastos de capital y gastos operativos”, destaca un estudio de Deloitte.
Por ello, varios de los proyectos que se esperan para 2018 pueden verse aplazados, coinciden varios analistas.
Entre ellos están la planta de piritas de Fresnillo y las expansiones de las minas La Herradura y Rey de Plata, de Peñoles, y San Sebastián de Hecla Mining.
Por otro lado, la Cámara Minera de México (CAMIMEX) afirma que “la imposición de nuevos derechos, la falta de certeza jurídica, la amenaza de limitar el desarrollo de la minería mediante leyes locales, estatales y la inseguridad que afecta al país han sido elementos disuasivos para invertir en el país”.
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