Cobre del sur peruano: triplicación de producción en 20 años y el debate sobre captura de valor

El sur del Perú produce hoy tres veces más cobre que hace veinte años. No es un dato menor: detrás de esa cifra están Cerro Verde, Quellaveco, Cuajone y Las Bambas funcionando a capacidades que en 2005 nadie hubiera proyectado con certeza. Arequipa, Moquegua, Cusco y Apurímac concentran ahora el 64% de la producción nacional del metal rojo, convirtiendo al corredor minero del sur en uno de los ejes productivos más importantes de América Latina. El Instituto Peruano de Economía (IPE) documentó esa transformación y los números obligan a hacer una pregunta que el sector lleva tiempo evitando: ¿está el Perú capturando valor económico proporcional a esa expansión productiva?

Dos décadas, tres operaciones que cambiaron el mapa

La triplicación de la producción cuprífera en el sur no fue lineal ni planificada desde Lima. Fue el resultado de tres decisiones de inversión extranjera que llegaron en distintos momentos y bajo distintas condiciones regulatorias. Freeport-McMoRan expandió Cerro Verde en Arequipa con una inversión de más de US$4,600 millones entre 2013 y 2016, llevando la capacidad de procesamiento a más de 360,000 toneladas diarias de mineral. Southern Copper —filial de Grupo México— operó Cuajone y Toquepala de forma continua mientras esperaba la autorización para Tía María, proyecto que sigue postergado por conflicto social. Y Anglo American completó la construcción de Quellaveco en Moquegua en 2022, sumando hasta 300,000 toneladas de cobre fino al año en su régimen de producción plena desde 2024.

Esas tres operaciones, más la producción de Las Bambas en Apurímac bajo MMG, son las que explican el grueso del salto productivo. No fue diversificación: fue concentración geográfica y corporativa en unos pocos proyectos de gran escala que llegaron a producción en ventanas de precio favorables y que hoy forman la columna vertebral del segundo mayor productor de cobre del mundo.

Lo que el 64% implica para las regiones: canon y dependencia

Que el sur concentre dos tercios de la producción nacional tiene una traducción fiscal directa. El canon minero —el mecanismo por el cual los gobiernos regionales y locales reciben el 50% del impuesto a la renta que pagan las mineras— ha convertido a Arequipa, Moquegua y Cusco en regiones con presupuestos de inversión pública significativamente superiores al promedio nacional. Moquegua, con menos de 200,000 habitantes, ha recibido en algunos años más canon per cápita que cualquier otra región del país.

Pero esa concentración también genera fragilidad. Cuando el precio del cobre cae, la capacidad de inversión de estas regiones colapsa junto con él. Y cuando una operación enfrenta un conflicto social —como ocurrió repetidamente con Las Bambas en el corredor vial de Apurímac— el impacto no es solo productivo: es presupuestario para los gobiernos locales que dependen de la transferencia. La dependencia del sur peruano respecto al cobre es estructuralmente mayor que la dependencia del Perú respecto a la minería en general, y eso tiene costos políticos que se expresan en ciclos de protesta y negociación que ningún plan de desarrollo regional ha resuelto de forma duradera.

El corredor del sur: logística como cuello de botella permanente

El crecimiento productivo no fue acompañado por una modernización equivalente de la infraestructura logística. Las Bambas utiliza una carretera no concesionada para transportar el concentrado de cobre desde Apurímac hasta el puerto de Matarani en Arequipa. Esa ruta atraviesa comunidades que han bloqueado el tránsito en múltiples ocasiones, generando paradas productivas que en algunos trimestres representaron pérdidas de miles de toneladas de cobre fino para MMG. El corredor minero del sur es, simultáneamente, el activo logístico más importante del país y uno de sus puntos de mayor vulnerabilidad operativa.

Anglo American resolvió parcialmente el problema en Quellaveco con un mineroducto que transporta el concentrado desde Moquegua hasta el puerto de Ilo, reduciendo la exposición al conflicto vial. Freeport en Cerro Verde tiene ventaja geográfica: la operación está a pocos kilómetros de Arequipa y su concentrado sale por el puerto de Matarani con logística más controlada. Pero el modelo no es replicable para todos los proyectos, y la cartera pendiente de US$53,000 millones en inversiones mineras identificadas por el Ministerio de Energía y Minas enfrenta exactamente esos mismos desafíos de acceso territorial.

Producción récord, inversión nueva en pausa

El Perú produce más cobre que nunca. Y sin embargo la cartera de proyectos nuevos está prácticamente congelada. Tía María —el proyecto de Southern Copper en el Valle del Tambo, Arequipa— lleva más de una década con licencia social denegada de facto, a pesar de contar con todos los permisos ambientales formales. Conga, en Cajamarca, lleva aún más tiempo paralizado. Los proyectos en etapa de exploración avanzada enfrentan procesos de consulta previa que, bien ejecutados, toman años; y el entorno político de los últimos seis años —con seis presidentes en ese período— no ha generado la certeza institucional que los inversionistas requieren para comprometer capital de largo plazo.

Lo que el dato del IPE revela, entonces, no es solo una historia de éxito productivo. Es también una advertencia: el crecimiento de las últimas dos décadas se construyó sobre proyectos que se aprobaron y financiaron en un contexto político distinto. Repetir ese ciclo en la próxima década requerirá resolver los conflictos sociales pendientes, modernizar la infraestructura logística del sur y recuperar la credibilidad institucional ante los mercados de capital. Sin eso, el Perú podría mantenerse como productor de clase mundial sobre la base de lo que ya está en operación, pero vería a Chile y a nuevos competidores en Ecuador y Argentina capturar la siguiente ola de inversión en cobre.

El precio del cobre y la ventana que se abre

El contexto de mercado es el mejor argumento para actuar ahora. El cobre cotiza por encima de los US$4.50 por libra, sostenido por la demanda estructural de la transición energética: cables eléctricos, motores de vehículos eléctricos, infraestructura de transmisión y generación renovable consumen cobre de forma creciente. El Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía proyectan un déficit de oferta de cobre refinado hacia finales de esta década si no entran en producción proyectos que ya deberían estar en construcción.

Para el Perú, esa ventana de precio es una oportunidad fiscal y una presión simultánea. Los proyectos que hoy están en cartera —incluyendo Tía María, con una inversión proyectada de US$1,400 millones solo en la fase inicial— generarían canon, empleo y divisas en un momento en que el país los necesita. Pero el precio del cobre no espera los tiempos de la política peruana. Si en los próximos tres o cuatro años no hay avances concretos en la destrabe de la cartera, la ventana se cierra no porque el metal deje de ser valioso, sino porque el capital irá a jurisdicciones más predecibles.

El sur del Perú triplicó su producción de cobre en veinte años. El siguiente paso no es triplicarla de nuevo: es decidir si el país tiene la capacidad institucional para construir sobre esa base o si se conforma con administrar lo que ya tiene. Las regiones de Arequipa y Moquegua saben la respuesta. Lima todavía no termina de contestar.