Puntos clave
- Reforma estructural: Minem prepara Ley MAPE para simplificar requisitos de formalización minera artesanal y pequeña minería en Perú
- Operadores en limbo: Más de 30,000 inscritos en el Reinfo requieren mecanismo de continuidad legal al 31 de diciembre
- Crisis de 12 años: Registro iniciado en 2012 como proceso transitorio de 3 años se convirtió en prórroga permanente bajo 5 gobiernos consecutivos
- Perspectiva regulatoria: Decisión define si universo de operadores avanza a formalización real o permanece en informalidad tolerada
| Tipo de regulación | Ley MAPE (en diseño) – reforma de formalización minera |
| Entidad | Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministro Guillermo S… |
| Vigencia | Propuesta en implementación |
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una reforma estructural al modelo de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. El ministro Guillermo Shinno confirmó que la Ley MAPE —aún en diseño— buscará simplificar los requisitos que hoy bloquean el avance de más de 30,000 operadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y que el Gobierno construye un mecanismo de continuidad para quienes tengan sus procesos activos al 31 de diciembre. La decisión no es menor: define si ese universo de operadores sigue en un limbo legal o avanza hacia una formalización real.
El Reinfo y su fracaso acumulado: doce años sin resolver
El Reinfo no es un instrumento nuevo. Su origen se remonta a 2012, cuando el Estado peruano intentó por primera vez cuantificar y regularizar la minería informal. Lo que debía ser un proceso transitorio de tres años se convirtió en una prórroga permanente. Cada gobierno —PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo, Boluarte— extendió plazos y ajustó requisitos sin cerrar el ciclo. El resultado: más de una década de informalidad tolerada bajo el paraguas de un registro que prometía formalización sin entregarla.
Las cifras dimensionan el problema. El Reinfo concentra hoy más de 100,000 inscritos históricos, de los cuales alrededor de 30,000 mantienen procesos vigentes. Son operadores que extrajeron minerales durante años bajo un estatus provisional, pagaron algunas obligaciones, incumplieron otras, y nunca completaron la cadena de requisitos —instrumento de gestión ambiental, autorización de uso de agua, título de concesión o acuerdo con titular— que la ley exige para operar legalmente. Muchos de ellos operan en zonas donde la minería informal y la ilegal conviven sin fronteras claras.
El peso económico del sector tampoco es despreciable. La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa una fracción difícil de cuantificar con precisión —precisamente por su informalidad—, pero estudios del Minem y organismos como el PNUD estiman que involucra a entre 400,000 y 500,000 personas en actividad directa e indirecta. En regiones como Madre de Dios, La Libertad, Ayacucho y Puno, es la principal fuente de ingresos para comunidades enteras. Ignorar ese peso social sería tan irresponsable como seguir postergando la formalización.
La Ley MAPE: qué promete y qué aún no está claro
El proyecto que el Minem diseña bajo el nombre de Ley MAPE apunta a simplificar los requisitos de formalización diferenciando escalas y contextos. Shinno adelantó en entrevista con Rumbo Minero que la norma buscará adecuar las exigencias técnicas y ambientales a la realidad operativa de cada tipo de minero artesanal, reconociendo que aplicar los mismos estándares a un operador en Madre de Dios y a uno en una concesión metálica en Puno es operativamente inviable.
El enfoque no es nuevo en la región. Bolivia intentó algo similar con su Ley de Minería de 2014, que creó regímenes diferenciados para cooperativas. Ecuador aplicó criterios de escala en su regulación de minería artesanal. El problema recurrente en todos esos casos fue el mismo: la simplificación de requisitos no garantiza cumplimiento si no existe una institucionalidad suficiente para acompañar, fiscalizar y sancionar. Perú arrastra exactamente esa debilidad. El Minem, el OEFA y la ANA —organismos clave en el proceso de formalización— han operado históricamente con recursos insuficientes para atender la escala del problema.
Lo que la Ley MAPE aún no ha definido públicamente es el tratamiento para los operadores que acumularon incumplimientos durante el período Reinfo. ¿Se condonan deudas tributarias? ¿Se flexibilizan los instrumentos de gestión ambiental ya vencidos? ¿Qué pasa con quienes operan en zonas de exclusión minera? Esas preguntas no tienen respuesta oficial todavía, y en ellas está el verdadero peso político y técnico de la reforma.
El mecanismo de continuidad: un puente sobre el abismo del 31 de diciembre
La fecha que concentra la presión inmediata es el 31 de diciembre de 2025. Ese día vence el plazo actual del Reinfo para los operadores con procesos en curso. Sin un mecanismo de prórroga o continuidad, más de 30,000 personas quedarían automáticamente fuera del marco legal provisional que las ampara, convirtiéndolas técnicamente en mineros ilegales de la noche a la mañana.
El Gobierno diseña, según confirmó Shinno, un mecanismo que permita a quienes mantienen sus procesos vigentes continuar operando más allá de esa fecha mientras la Ley MAPE se tramita en el Congreso. La lógica es razonable: no tiene sentido empujar a decenas de miles de operadores a la ilegalidad formal justo cuando el Estado intenta construir un nuevo marco para regularizarlos. Pero el mecanismo tiene un riesgo político evidente: si se percibe como otra prórroga indefinida sin compromisos concretos de avance, el Congreso puede rechazarlo o condicionarlo.
La historia legislativa del Reinfo muestra que cada extensión de plazo debilitó los incentivos para completar el proceso. Muchos operadores aprendieron que esperar era más racional que formalizar. Revertir esa lógica requiere que el nuevo mecanismo incluya plazos reales, hitos verificables y consecuencias claras para quienes no avancen. Si el puente del 31 de diciembre no tiene ese diseño, será simplemente otra prórroga con nombre distinto.
Informalidad, ilegalidad y el corredor que el Estado no controla
Perú distingue formalmente entre minería informal —la que opera fuera del marco legal pero en zonas permitidas y sin vínculos con economías criminales— y minería ilegal, que incluye operaciones en zonas prohibidas o asociadas al tráfico de minerales, lavado de activos y, en casos documentados, grupos violentos. La distinción es técnicamente válida. En la práctica, la línea entre ambas categorías se erosiona con rapidez en zonas como el VRAEM, la cuenca del Nanay o el corredor aurífero de Madre de Dios.
La formalización de la MAPE no es solo un problema administrativo. Es un problema de seguridad territorial. Mientras el Estado no logre incorporar a los operadores informales a un marco legal funcional, ese espacio lo ocupan estructuras que ofrecen “protección”, financiamiento y canales de comercialización por fuera del sistema. El oro que sale por esas rutas no paga regalías, no cumple estándares ambientales y termina en refinerías que cierran los ojos ante su origen. La Ley MAPE, si está bien diseñada, puede reducir ese espacio. Si repite los errores del Reinfo, lo ampliará.
Lo que Boluarte necesita que salga bien
El gobierno de Dina Boluarte llega a este debate con una legitimidad política desgastada y un Congreso fragmentado que ha bloqueado o condicionado múltiples iniciativas del Ejecutivo. La Ley MAPE necesita mayoría parlamentaria para prosperar, y eso implica negociar con bancadas que tienen intereses muy distintos frente a la minería artesanal: algunos defienden a los operadores como actores económicos locales, otros los señalan como fuente de corrupción regional, y un tercer grupo simplemente no tiene posición definida porque el tema no les genera votos visibles.
Shinno tiene experiencia técnica —fue funcionario del sector antes de asumir el ministerio— y eso le da credibilidad ante los operadores y ante los inversionistas formales que observan el proceso con cautela. Pero la credibilidad técnica no reemplaza la coordinación política. El Minem necesita que la Presidencia del Consejo de Ministros ponga este tema en la agenda prioritaria del Congreso antes del tercer trimestre de 2025, o el 31 de diciembre llegará sin ley aprobada y con el mecanismo de continuidad como único salvavidas.
Para los inversionistas en minería formal de mediana y gran escala, la señal que manda esta reforma importa más de lo que parece. Un Estado que logra ordenar su sector informal demuestra capacidad institucional. Uno que vuelve a prorrogar sin resultados confirma exactamente lo que los analistas de riesgo ya descuentan: que Perú tiene proyectos de clase mundial atrapados en una institucionalidad de segunda.
Treinta mil operadores esperan una respuesta antes de que termine el año. El costo de no tenerla no se mide solo en empleos informales: se mide en territorio sin Estado, en oro sin trazabilidad y en otro ciclo perdido de una reforma que Perú lleva doce años sin cerrar.
