Perú reforma reglas de concesiones mineras para atraer inversiones en exploración

El gobierno de Perú solicitó al Congreso facultades legislativas para reformar las reglas de concesiones mineras: otorgamiento, vigencia y caducidad. La medida forma parte de un paquete de 66 materias delegadas y va acompañada de iniciativas de simplificación administrativa, formalización y trazabilidad. Si el Congreso aprueba la delegación, el Ejecutivo podrá modificar por decreto legislativo un marco que lleva décadas sin una revisión estructural.

Qué pide el Ejecutivo y por qué ahora

La solicitud de delegación de facultades es un mecanismo constitucional que el Ejecutivo peruano ha usado con frecuencia para avanzar en reformas económicas sin pasar por el largo ciclo parlamentario. Que la minería figure en ese paquete —y específicamente el régimen de concesiones— no es un detalle menor. Indica que el gobierno de Boluarte reconoce que el sistema actual opera como un freno y que la vía ordinaria de debate legislativo no garantiza resultados en el corto plazo.

Las tres variables que el Ejecutivo quiere modificar —otorgamiento, vigencia y caducidad— son precisamente las que generan mayor fricción con la industria. El otorgamiento es lento: los plazos administrativos se extienden por meses sin que medie complejidad técnica real. La vigencia está condicionada a obligaciones de producción y pago de derecho de vigencia que, en proyectos de exploración temprana, se vuelven cargas que presionan a abandonar áreas antes de evaluarlas completamente. Y la caducidad, aplicada sin criterio diferenciado, no distingue entre el titular que no hace nada y el que enfrenta un conflicto social o una paralización ambiental fuera de su control.

Corregir esas tres variables con instrumentos precisos puede cambiar la ecuación de riesgo para proyectos en etapas tempranas. Sin esa corrección, Perú seguirá compitiendo en desventaja con Chile, que ha modernizado sus procesos de titulación, o con Ecuador, que ha acelerado permisos para atraer capital de exploración.

El problema de fondo: una cartera de US$53,000M que no avanza

Perú tiene identificados proyectos mineros por más de US$53,000 millones que permanecen en distintas etapas de parálisis. No todos esperan reformas al régimen de concesiones —varios están detenidos por conflictos sociales o por falta de licencia de construcción—, pero una porción significativa enfrenta trabas en la etapa más temprana: la titulación y el mantenimiento de los derechos exploratorios.

El país produce alrededor de 2.7 millones de toneladas de cobre al año, lo que lo ubica como segundo productor mundial. Pero esa posición se sostiene sobre activos maduros: Cerro Verde, Cuajone, Toquepala, Las Bambas, Quellaveco —que inició operaciones plenas en 2024. La siguiente generación de proyectos no está lista. Y no lo estará si el marco de concesiones sigue desalentando la exploración.

La minería representa cerca del 10% del PIB peruano y aproximadamente el 60% de las exportaciones. Esa dependencia no es un problema en sí mismo —es una fortaleza si se gestiona bien—, pero vuelve al país especialmente sensible a cualquier señal que enfríe el interés de los grandes operadores globales. Barrick, Glencore, Anglo American o Freeport-McMoRan no toman decisiones de exploración en función de un solo decreto; las toman en función de la coherencia y previsibilidad del marco institucional completo.

Simplificación, formalización y trazabilidad: tres frentes distintos

El paquete que acompaña a la reforma de concesiones incluye simplificación administrativa, formalización y trazabilidad. Cada uno responde a una falla diferente del sistema.

La simplificación administrativa apunta al cuello de botella burocrático: procedimientos duplicados, ventanillas descoordinadas, plazos que no se cumplen. El Ministerio de Energía y Minas y el INGEMMET —Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico— han operado históricamente con sistemas que no se comunican bien entre sí. Cualquier reforma que integre esos flujos y establezca plazos con consecuencias jurídicas reales tendrá impacto inmediato en la velocidad de titulación.

La formalización es el problema más complejo. Perú tiene uno de los sectores de minería informal e ilegal más grandes de América Latina. El proceso de formalización lleva más de una década sin resultados definitivos. El Ejecutivo busca, al parecer, un nuevo enfoque normativo que distinga mejor entre el minero artesanal en proceso de cumplimiento y el operador ilegal que usa la informalidad como escudo. Si la delegación legislativa permite diseñar rutas más claras y plazos más realistas, puede avanzar donde los marcos anteriores fracasaron.

La trazabilidad es la variable que más interesa a los compradores internacionales y a las cadenas de suministro globales. La presión regulatoria en Europa —especialmente la directiva de debida diligencia— y las exigencias de los fabricantes de vehículos eléctricos sobre el origen de los minerales hacen que un sistema de trazabilidad robusto sea, cada vez más, una condición de acceso al mercado. Perú, como tercer productor mundial de plata y segundo de cobre, tiene todo que ganar si establece ese sistema antes que sus competidores.

El Congreso: el eslabón más incierto

La delegación de facultades requiere aprobación del Congreso peruano, y ese Congreso ha sido la fuente de mayor inestabilidad institucional del país en los últimos años. Seis presidentes en seis años no son una estadística abstracta: son seis episodios de disrupción que han afectado directamente la confianza de los inversionistas y la continuidad de las políticas sectoriales.

Si el Congreso aprueba la delegación, el Ejecutivo tendrá un mandato claro y un plazo definido para legislar. Eso reduce el riesgo de que el proceso se enrede en debates interminables. Si la delegación no prospera —o prospera parcialmente, excluyendo las materias más sensibles—, el gobierno deberá recurrir a la vía ordinaria, con todo lo que implica en tiempo y negociación política.

La industria minera observa ese proceso con pragmatismo. No exige un resultado político específico; exige coherencia. Lo que más daña la planificación de inversiones no es una reforma que no gusta, sino la incertidumbre sobre si habrá reforma o no, y en qué dirección irá.

Lo que el decreto puede y no puede resolver

Reformar el régimen de concesiones es necesario. No es suficiente. Perú tiene proyectos paralizados que no esperan cambios en la titulación: esperan resolución de conflictos sociales. Las Bambas ha enfrentado bloqueos del Corredor Minero del Sur en múltiples ocasiones. Tía María, de Southern Copper —filial de Grupo México—, lleva años sin poder iniciar construcción por oposición comunitaria y política en Arequipa. Conga, en Cajamarca, es un caso que el propio gobierno ha dejado de mencionar públicamente.

Esos proyectos no se desbloquean con un decreto de concesiones. Requieren mecanismos de diálogo, canon redistribuido de forma que genere confianza local y una institucionalidad de consulta previa que funcione sin convertirse en veto permanente. La reforma que plantea el Ejecutivo puede mejorar las condiciones de entrada para nuevos proyectos en etapa exploratoria. Pero la cartera bloqueada en etapas avanzadas necesita otro tipo de intervención.

El mérito de la iniciativa está en que ataca una capa real del problema. Si el Congreso delega las facultades y el Ejecutivo las ejerce con criterio técnico —no como una concesión política al sector para callar críticas— Perú puede recuperar parte del terreno perdido frente a Chile en la competencia por capital de exploración. Si la delegación se convierte en un anuncio sin decreto, o en un decreto sin implementación, sumará un capítulo más a la historia de reformas que no llegaron. El sector ya no necesita más intenciones bien redactadas: necesita plazos que se cumplan y títulos que lleguen.