Mining Americas Obtiene Aprobaciones Clave para Cerro de Oro: Hito Regulatorio en Zacatecas

SEMARNAT firmó. Y con esa firma, Cerro de Oro dejó de ser un proyecto sobre papel para convertirse en uno de los avances regulatorios más significativos que ha visto Zacatecas en lo que va del sexenio. Mining Americas Inc. anunció que la dependencia federal aprobó los dos permisos fundamentales para el desarrollo de su mina de oro a cielo abierto con lixiviación en montón: el cambio de uso de suelo (ETJ-CUS) y la manifestación de impacto ambiental (MIA). Para cualquier operador con proyectos en cartera, esos dos documentos juntos representan el despeje de la ruta crítica.

Lo que significan dos firmas en Zacatecas

El ETJ-CUS y la MIA no son trámites menores. Son los dos filtros más exigentes que enfrenta cualquier proyecto minero en México ante SEMARNAT, y durante los últimos tres años acumularon una demora sistémica que paralizó exploración y congeló decisiones de inversión en todo el país. La exploración cayó 11.5% en 2024, en parte por la incertidumbre regulatoria heredada de la Reforma Minera de 2023, y en parte por un embudo burocrático que ralentizó la ventanilla ambiental federal hasta hacerla casi disfuncional.

Que Cerro de Oro haya obtenido ambas aprobaciones es una señal operativa concreta. No es promesa ni anuncio de intención: es papel con sello oficial. Eso, en el entorno regulatorio actual de México, tiene un peso específico que no debe subestimarse.

El proyecto se ubica en el norte de Zacatecas, estado que concentra alrededor del 33% de la producción nacional de plata y que alberga algunos de los activos más relevantes de la minería latinoamericana: Peñasquito de Newmont, Saucito y Juanicipio de Fresnillo-MAG Silver, y Camino Rojo de Orla Mining. Que un proyecto de oro a cielo abierto reciba light verde ambiental completo en esa geografía no es un evento rutinario.

El contexto regulatorio que hace este permiso más valioso

Para calibrar correctamente el valor de estas aprobaciones, hay que entender de dónde viene el sistema de permisos ambientales en México. La Reforma Minera de 2023 —aprobada durante la administración de López Obrador— redesignó al Servicio Geológico Mexicano como actor central en la exploración de nuevas zonas, reforzó los requisitos de consulta previa, libre e informada con comunidades indígenas, y generó un ambiente de incertidumbre jurídica que todavía no se ha resuelto del todo: el amparo constitucional de varias empresas contra esa reforma sigue pendiente ante la Suprema Corte.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono notablemente más pragmático. El backlog de permisos en Zacatecas se redujo de 25 expedientes a 5 durante 2025. El Plan México-EUA para Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, puso a la minería en el centro de una agenda bilateral que antes la ignoraba. Ebrard ha viajado a Washington con algo concreto que ofrecer. En ese marco, la aprobación de Cerro de Oro no es un hecho aislado: es coherente con una política que busca traducir potencial geológico en producción dentro del esquema USMCA.

Eso no significa que todo esté resuelto. La resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera sigue siendo el factor de riesgo jurídico más relevante del sector. Hasta que la Corte no se pronuncie, las reglas del juego para concesiones nuevas permanecen en una zona de ambigüedad que ningún permiso de SEMARNAT puede disipar por completo.

Cerro de Oro: el modelo de proyecto que busca México

Una mina de oro a cielo abierto con lixiviación en montón es, desde el punto de vista de la autorización regulatoria, uno de los formatos más escrutados del sector. La lixiviación en montón implica el uso de soluciones para recuperar oro de materiales de baja ley, y eso activa automáticamente las alarmas de SEMARNAT en materia de gestión de residuos, uso de agua y riesgo de contaminación de suelo. Que el proyecto haya pasado por ambas ventanillas —la de uso de suelo y la de impacto ambiental— con resolución favorable indica que la evaluación técnica fue satisfactoria en los puntos más sensibles.

Zacatecas no es un estado sencillo para este tipo de proyectos. La presión sobre el agua es real: el acuífero Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación tiene sobreexplotación declarada, y varias cuencas del estado operan en condiciones de estrés hídrico documentado. La Ley de Aguas de 2026 introdujo nuevas obligaciones de gestión hídrica que cualquier proyecto aprobado a partir de este año deberá integrar en su plan operativo. Cerro de Oro tendrá que demostrar cumplimiento progresivo en esa materia conforme avance hacia construcción y operación.

El formato heap leach también exige planes de cierre sólidos desde la etapa de permiso. SEMARNAT ha endurecido los requerimientos de garantías financieras para remediación en los últimos dos años, una tendencia que se espera se mantenga. Mining Americas tendrá que presupuestar ese pasivo ambiental desde el inicio, no como contingencia.

Sonora vs Zacatecas: el peso geopolítico del oro zacatecano

La minería mexicana no se distribuye de forma homogénea. Sonora absorbe alrededor del 45% de la producción nacional con su dominio en cobre, pero Zacatecas es la columna vertebral de los metales preciosos del país. El oro producido en Zacatecas —principalmente en Peñasquito— representa una fracción importante del 30.6% que el metal amarillo aporta al valor total de la producción minera mexicana, que en 2024 alcanzó los 17,500 millones de dólares según datos de CAMIMEX.

Agregar un proyecto nuevo al mapa zacatecano no es irrelevante desde el punto de vista de la diversificación productiva del estado. Peñasquito y Juanicipio son activos maduros con planes de vida útil bien definidos. La llegada de Cerro de Oro, si avanza a construcción en los plazos previstos, representa capacidad adicional en un estado que necesita renovar su cartera de proyectos para sostener su posición en la producción nacional más allá de la próxima década.

¿Qué sigue para el proyecto?

Los permisos de SEMARNAT abren la puerta, pero no financian la mina. El siguiente paso para Mining Americas es traducir las aprobaciones en movimiento de capital. Un proyecto de cielo abierto en fase de desarrollo requiere, como mínimo, un estudio de factibilidad actualizado con los costos de construcción vigentes —que en México han subido entre 18% y 25% en los últimos tres años por presión cambiaria e inflación en insumos de construcción—, un plan de financiamiento y, en muchos casos, un socio estratégico o un acuerdo de streaming.

Las condiciones de mercado no son adversas. El oro cotiza por encima de los 3,100 dólares por onza en COMEX, un nivel que mejora sustancialmente la rentabilidad proyectada de operaciones heap leach, que históricamente operan con costos de extracción más bajos que las minas subterráneas convencionales. Cada dólar que el metal amarillo sostiene por encima de los 2,800 —el umbral que muchos analistas usaban para modelar proyectos de bajo grado— amplía el margen de viabilidad financiera de proyectos como Cerro de Oro.

La consulta previa con comunidades del área de influencia es otro factor que el calendario operativo deberá integrar con precisión. El reforzamiento de los requisitos CLPI en la Reforma Minera de 2023 hizo de ese proceso un punto de riesgo cronológico que puede retrasar el inicio de construcción varios meses si no se gestiona con anticipación y diálogo genuino.

Los permisos de SEMARNAT son el umbral más difícil. Mining Americas los cruzó. Ahora el proyecto se mide en metros cúbicos movidos, no en documentos firmados.