Guillermo Shinno: técnico minero asume cartera de Energía y Minas en Perú bajo presión de gobernanza

Guillermo Shinno llega al Ministerio de Energía y Minas de Perú con un perfil técnico que el sector conoce bien y con una agenda que no deja mucho espacio para la ambigüedad: inversión minera, energía y formalización. La presidenta Keiko Fujimori lo designó como titular de la cartera en un momento en que la industria peruana arrastra una acumulación de proyectos frenados, conflictos sociales sin resolver y una imagen internacional que sigue pagando el precio de seis presidentes en seis años. La pregunta no es si Shinno tiene el conocimiento para el cargo. La pregunta es si el gobierno que lo respalda tiene la estabilidad política para ejecutar.

Un técnico en una cartera que necesita más que técnica

Shinno no es un nombre nuevo en el ecosistema minero peruano. Ingeniero mecánico con paso previo por el Viceministerio de Minas, conoce la arquitectura regulatoria del sector desde adentro: los cuellos de botella ambientales, la lógica del canon minero, la consulta previa y los procesos de certificación que pueden inmovilizar un proyecto por años. Eso lo diferencia de los ministros de cuota política que el Perú ha visto desfilar por esa cartera en la última década.

Pero el conocimiento técnico no basta cuando el principal obstáculo a la inversión minera en Perú no es la norma, sino la gobernanza. Las Bambas lleva años operando bajo tensión social permanente. Tía María acumula más de una década de bloqueo comunitario. El corredor minero del sur registra protestas recurrentes que interrumpen el transporte de concentrados. Ninguno de esos problemas se resuelve con una reforma de permisos.

Lo que sí puede hacer Shinno desde el ministerio es sentar las bases regulatorias para que los proyectos que ya tienen licencia social puedan avanzar sin tropezar con un Estado que no coordina. Y ahí, su antecedente en el viceministerio puede ser un activo real.

La agenda pendiente: US$53,000 millones en cartera

Perú tiene una cartera de proyectos mineros valorada en aproximadamente US$53,000 millones. Es una cifra que aparece en todos los diagnósticos del sector y que, de concretarse aunque sea parcialmente, transformaría la posición fiscal del país. El problema es que esa cartera lleva años estancada por las mismas razones: conflictos sociales, tiempos de licenciamiento ambiental que superan los cinco años en proyectos complejos y una incertidumbre política que desincentiva el compromiso de capital de largo plazo.

El nuevo ministro hereda tres prioridades que el sector ha señalado repetidamente. Primera: destrabar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que en Perú puede extenderse de manera indefinida por observaciones sucesivas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE). Segunda: fortalecer los mecanismos de diálogo preventivo con comunidades, antes de que los conflictos escalen al punto de paralizar operaciones. Tercera: atacar la minería ilegal, que no solo destruye ecosistemas sino que compite de forma desleal con la minería formal y erosiona la legitimidad del sector ante la opinión pública.

En ese último punto, la formalización minera es un expediente que el Estado peruano ha intentado resolver sin éxito sostenido durante más de una década. El proceso de Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido prorrogado múltiples veces sin producir resultados significativos en términos de mineros efectivamente formalizados. Si Shinno logra articular una reforma coherente de ese proceso, habrá avanzado más que varios de sus predecesores.

El contexto político que define los márgenes de acción

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú en un escenario político que, al menos en el papel, ofrece condiciones más favorables para la inversión que los últimos años. Fujimorismo y sector minero han mantenido históricamente una relación de afinidad programática: menos restricciones ambientales discrecionales, más certeza jurídica para inversores privados, postura firme frente a bloqueos ilegales de infraestructura.

Pero la historia reciente de Perú enseña que la distancia entre el programa de gobierno y la realidad operativa es enorme. Pedro Pablo Kuczynski llegó con credenciales económicas impecables y terminó en escándalo. Martín Vizcarra impulsó reformas y fue vacado. Pedro Castillo intentó una refundación constitucional que fracasó. Dina Boluarte sobrevivió políticamente pero no logró restaurar la confianza inversora. El patrón no depende del signo ideológico: depende de la capacidad de un sistema político fragmentado para sostener políticas más allá de un ciclo presupuestal.

Para Shinno, eso significa que su ventana real de acción puede ser más corta de lo que indica el calendario electoral. Cada mes sin avances en proyectos emblemáticos es un mes que los inversionistas institucionales contabilizan como riesgo adicional.

Lo que esperan Southern Copper, Freeport y los operadores en campo

Las grandes mineras que operan en Perú no se mueven por declaraciones ministeriales. Se mueven por hechos concretos: aprobaciones ambientales, resoluciones de conflictos, claridad en el canon y previsibilidad en la fiscalización. Southern Copper, que opera Cuajone y Toquepala y lleva años esperando el despegue definitivo de Tía María, necesita señales de que el Estado puede garantizar condiciones mínimas de operación en Moquegua. Freeport-McMoRan, con Cerro Verde en Arequipa, opera en una región donde la presión sobre recursos hídricos es un tema permanente. Anglo American, con Quellaveco en plena producción desde 2024, ha sido citada como modelo de negociación con comunidades — un modelo que el nuevo ministerio debería replicar en lugar de reinventar.

Buenaventura, la mayor minera de capital peruano, observa con particular atención la política de formalización: la minería ilegal e informal que opera en las mismas zonas que la minería formal no solo genera competencia desleal, sino que eleva el riesgo reputacional del país ante compradores internacionales que exigen estándares de trazabilidad cada vez más rigurosos. Ese es un problema que el ministerio puede atacar con herramientas regulatorias, pero que requiere coordinación con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales — una coordinación que el Estado peruano ha demostrado pocas veces ser capaz de sostener.

El reto de la energía en una cartera bicéfala

Ministerio de Energía y Minas es, en Perú, una cartera que administra dos sectores con lógicas distintas y, con frecuencia, tensiones reales. La minería demanda energía barata y estable. La transición energética exige inversión en renovables que no siempre cuadra con la prioridad de costos del sector extractivo. Shinno asume esa tensión en un momento en que Perú tiene capacidad instalada de generación con espacio para crecer en renovables, pero enfrenta problemas de transmisión y distribución que limitan el acceso energético en regiones mineras remotas.

La política energética tiene implicaciones directas sobre la competitividad de la minería peruana. Un costo de energía más alto erosiona márgenes en un contexto donde el cobre cotiza con volatilidad y los costos operativos han escalado globalmente. Si Shinno logra articular una política energética que baje costos para el sector minero a través de contratos de largo plazo con generadoras renovables, habrá resuelto simultáneamente un problema de competitividad y un problema de sostenibilidad ambiental.

El primer año como prueba de fuego

Los primeros doce meses de un ministerio técnico en Perú son, habitualmente, el único período en que la inercia política permite avances reales antes de que el ciclo de presión electoral lo absorba todo. Shinno debería usar ese margen para tres movimientos concretos: una reforma operativa del proceso de EIA que reduzca plazos sin eliminar garantías ambientales; un protocolo de diálogo preventivo con comunidades que institucionalice lo que Quellaveco hizo bien; y un plan creíble de formalización minera con metas verificables, no prorrogables.

Si en doce meses hay un proyecto desbloqueado, un indicador de formalización con tendencia positiva y un proceso de licenciamiento que el sector reconozca como más predecible, Shinno habrá hecho más por la inversión minera peruana que la mayoría de sus predecesores. Si no, Perú seguirá siendo el país con el mayor inventario de proyectos bloqueados de América del Sur — y los US$53,000 millones en cartera seguirán siendo exactamente eso: cartera, no producción.