Tía María: La señal que abre camino a proyectos mineros paralizados en Perú

Tía María arrancó producción. Para quienes llevan años siguiendo la accidentada historia de este proyecto cuprífero en Arequipa, la frase sola tiene peso suficiente. Para el exministro de Energía y Minas Luis Miguel Incháustegui, el hecho va más allá de Southern Copper y del valle del Tambo: es una señal al resto de la cartera de proyectos mineros peruanos que llevan años varados entre conflictos sociales, amparos y parálisis institucional.

El mensaje que Tía María manda a los proyectos en espera

Incháustegui lo dijo sin rodeos en entrevista con Rumbo Minero Central: Tía María está demostrando que un proyecto con historia de conflicto social puede, finalmente, pasar a producción. La implicación es directa. Perú tiene una cartera de inversión minera estimada en más de US$53,000 millones en proyectos que no han logrado avanzar — Conga, Michiquillay, Los Chancas, Corani — todos con distintos grados de resistencia social y política. Si Tía María pudo, el argumento de que “es imposible” pierde base.

Pero el exministro no celebró sin condiciones. La señal que Tía María envía es positiva, sí. Sin embargo, el patrón que llevó al proyecto a décadas de parálisis — diálogo insuficiente, conflicto social no gestionado, politización del debate técnico — sigue presente en varios de los proyectos que hoy esperan turno. Repetir el proceso sin corregir la metodología no garantiza el resultado.

La pregunta real no es si Tía María funciona. Es si el Estado peruano aprendió algo del trayecto.

Ley MAPE: el otro frente regulatorio que no puede esperar

Paralelamente, Incháustegui abordó la implementación de la Ley MAPE — la norma orientada a formalizar la minería artesanal y de pequeña escala, uno de los flancos más complejos de la política minera peruana. Su diagnóstico es claro: la ley no puede implementarse de manera unilateral o técnicamente aislada. Requiere un diálogo multiactor que revise el proyecto de manera integral antes de ejecutar.

La advertencia tiene peso institucional. La minería artesanal ilegal e informal en Perú no es un fenómeno marginal. Involucra estimaciones de entre 400,000 y 500,000 personas según datos del Ministerio de Energía y Minas, opera principalmente en zonas como Madre de Dios, Puno e Ica, y genera impactos ambientales que van desde contaminación de ríos con mercurio hasta deforestación. Cualquier ley que pretenda regularizar este universo sin construir consenso previo enfrenta resistencia inmediata en el terreno.

La formalización minera es, también, una variable de seguridad jurídica para la gran minería. Cuando la minería ilegal opera sin control en zonas de influencia de proyectos formales, el riesgo operativo y reputacional sube. Los inversionistas institucionales con criterios ESG lo leen como pasivo, no como circunstancia.

El contexto que Tía María no puede ignorar

Southern Copper (NYSE: SCCO), subsidiaria de Grupo México, lleva más de dos décadas intentando poner en operación este depósito de cobre en el departamento de Arequipa. Las reservas estimadas superan las 900 millones de toneladas de mineral, con una vida útil proyectada de más de 18 años. La inversión comprometida ronda los US$1,400 millones en la fase inicial.

La ruta hasta la producción incluyó al menos dos cancelaciones de licencia de construcción — 2011 y 2015 — movilizaciones sociales que dejaron muertos, cambios de gobierno, declaratorias de estado de emergencia y una revisión exhaustiva del Estudio de Impacto Ambiental. La última licencia de construcción se otorgó en 2019, bajo el gobierno de Martín Vizcarra, pero las protestas volvieron a frenar el avance físico del proyecto.

Lo que finalmente desbloqueó la situación no fue un cambio de ley ni una decisión judicial. Fue una combinación de gestión de relacionamiento comunitario más persistente, condiciones de precio del cobre favorables que aumentaron la presión económica a favor de avanzar, y un gobierno dispuesto a acompañar sin retroceder ante la primera protesta. Eso, en Perú, es más difícil de lo que parece: el país ha tenido seis presidentes en seis años.

¿Qué proyectos pueden replicar este camino — y cuáles no?

El optimismo de Incháustegui tiene límites geográficos y políticos. No todos los proyectos varados en Perú tienen las mismas condiciones. Conga, en Cajamarca, enfrenta una oposición regional consolidada con base política propia. Cualquier intento de reactivación sin una estrategia de diálogo radicalmente distinta reproducirá el mismo conflicto. El precio del cobre ayuda, pero no resuelve la desconfianza acumulada durante años de manejo fallido.

Las Bambas, operada por MMG (China Minmetals), sí está en producción, pero afronta interrupciones recurrentes en el Corredor Minero del Sur — la vía que conecta el yacimiento con el puerto de Matarani. Los cortes de carretera han llegado a paralizar la operación por semanas. La producción de cobre de Las Bambas puede superar las 300,000 toneladas anuales en años sin conflicto; en años con conflicto, las pérdidas se miden en cientos de millones de dólares.

Quellaveco, de Anglo American, arrancó operación plena en 2024 y se ha convertido en el caso de referencia positivo: licencia social construida antes de que comenzara la discusión pública, fondo de desarrollo regional negociado desde el inicio, mecanismos de monitoreo ambiental con participación comunitaria. El resultado: cero interrupciones significativas en su primer año completo de operación. Es el modelo, y casi ningún proyecto en cartera lo siguió desde el principio.

El riesgo regulatorio que el sector no menciona suficiente

Más allá del conflicto social, existe una variable regulatoria que los operadores mineros en Perú miden con creciente preocupación: la inestabilidad normativa acumulada. Seis gobiernos en seis años no solo implican seis ministros de Energía y Minas con prioridades distintas. Implican cambios en los criterios de aprobación de EIA, en la interpretación de los mecanismos de consulta previa, en la política de canon minero y en la actitud del Estado frente al incumplimiento de compromisos sociales por parte de las empresas.

El resultado es un entorno donde la seguridad jurídica formal existe — Perú tiene contratos de estabilidad, marco legal de inversiones, garantías constitucionales — pero la seguridad operativa real es otra conversación. Un inversionista que entra a un proyecto en Perú hoy no evalúa solo el EIA. Evalúa la probabilidad de que el gobierno que negoció los términos siga en funciones cuando comience la construcción.

Ese descuento de riesgo político ya está incorporado en las tasas de retorno que exigen los fondos de capital para aprobar proyectos en el país. Y explica, en parte, por qué US$53,000 millones en cartera no se han convertido en paladas de tierra.

Lo que viene: el ciclo de permisos que define el siguiente bienio

El gobierno de Dina Boluarte enfrenta en los próximos 18 meses una ventana de decisión crítica sobre varios proyectos que están en etapa de EIA o de aprobación final de licencia. Si el efecto Tía María se traduce en una actitud más firme del Ejecutivo para acompañar proyectos técnicamente viables con licencia social en construcción, la señal llegará a Toronto y a Sydney antes de que termine el año. Si se queda en declaración, el descuento de riesgo se mantiene.

Incháustegui tiene razón en una cosa: Tía María es un mensaje. Pero los mensajes en minería se miden en metros de avance de obra, no en declaraciones. Lo que los inversionistas observan ahora no es si Tía María produjo cobre — es si el Estado peruano es capaz de sostener esa decisión cuando llegue la próxima protesta. Esa respuesta determinará cuántos de esos US$53,000 millones en cartera pasarán de PowerPoint a producción.