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Economía

Cobre y Plata: Cómo Larrea, Baillères y Slim Dominan los US$17,500M de Minería en México

Ana Herrera Fonseca
Publicado 28 abril, 2026
Canadá Cobre Estados Unidos Grupo México Industrias Peñoles La Caridad MAG Silver México
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Tres apellidos mexicanos y un puñado de corporativos extranjeros controlan buena parte de los US$17,500 millones que generó la minería nacional en 2024. Slim, Baillères y Larrea no son solo nombres del Forbes México — son arquitectos de la geografía productiva de Sonora, Zacatecas y Chihuahua. Junto a ellos, empresas de Toronto y Vancouver que financian sus operaciones en el TSX moldean decisiones que van desde la inversión en infraestructura hídrica hasta la negociación de contratos colectivos en las cuencas mineras del norte del país.

Contenido
  • El mapa del poder: quién produce qué y desde dónde
  • Los canadienses: capital, exploración y el rol del TSX
  • Los estadounidenses: Newmont, Freeport y la lógica de la integración vertical
  • La ecuación económica: tipo de cambio, costos y márgenes
  • Concentración vs. diversificación: el riesgo sistémico que nadie nombra
  • Lo que el Plan de Minerales Críticos no resuelve

El mapa del poder: quién produce qué y desde dónde

Grupo México, controlado por Germán Larrea, es la pieza más grande del tablero. Su división minera opera Buenavista del Cobre en Cananea — la mina de cobre a cielo abierto más grande de América Latina — y La Caridad en Nacozari. Esas dos operaciones en Sonora explican por qué el estado concentra alrededor del 45% de la producción minera nacional. El cobre aporta 27.2% del valor total del sector en México, y la mayor parte de ese porcentaje lleva el sello de Larrea.

Industrias Peñoles, del Grupo BAL de Alberto Baillères, opera en un eje diferente: la plata. Saucito, Ciénega y su participación en Juanicipio — compartida con MAG Silver — anclan su producción en Zacatecas, el estado que genera cerca del 33% de la plata mexicana. México produjo 6,300 toneladas de plata en 2024, el 24% de la oferta global, y Peñoles captura una fracción desproporcionada de ese volumen. A través de Fresnillo PLC, cotizada en la Bolsa de Londres, el grupo también accede a capital internacional con una disciplina financiera que pocos operadores mexicanos replican.

El tercer nombre del triunvirato nacional es Carlos Slim, cuya posición en el sector es menos visible pero no menor. Sus intereses mineros se articulan a través de vehículos industriales que complementan la cadena de valor metálica, con exposición a proyectos que van desde la exploración hasta la infraestructura de transporte que conecta los centros productivos del norte con los puertos de exportación.

Los canadienses: capital, exploración y el rol del TSX

Canadá es el mayor inversor extranjero en minería mexicana, y esa hegemonía se construyó durante décadas a través del TSX y el TSXV — los mercados de valores donde las juniors y mid-tiers levantan capital para explorar y desarrollar proyectos en jurisdicciones emergentes. México es, para esos inversores, una de las jurisdicciones más productivas del continente.

Newmont opera Peñasquito en Zacatecas, la mayor mina de oro del país. El activo produce no solo oro sino también plata, plomo y zinc en volúmenes que la convierten en uno de los polimetálicos más rentables del hemisferio occidental. Cuando Newmont adquirió Goldcorp en 2019, Peñasquito fue uno de los activos que justificaron el precio de la transacción. Cinco años después, sigue siendo una de las razones por las que el gigante de Denver mantiene exposición en México a pesar de la complejidad regulatoria.

Coeur Mining pagó US$1,700 millones en 2024 por Las Chispas, la mina de plata y oro de alta ley que SilverCrest desarrolló en Sonora. Esa transacción fue la más grande del año en el sector minero mexicano y consolidó a Coeur como jugador relevante en el país. El precio reflejó algo que el mercado ya sabía: los activos de alta ley en Sonora son escasos, y quien los tiene no los vende barato.

MAG Silver, con su 44% en Juanicipio — operado por Fresnillo — controla uno de los yacimientos de plata de mayor ley en el mundo. El proyecto en Zacatecas produce a costos que envidiarían la mayoría de los operadores globales, y su AISC sitúa a la operación en el primer cuartil de la curva de costos global. Para los analistas de Toronto, Juanicipio es la referencia de lo que puede generar México cuando la geología se combina con ejecución operativa competente.

Los estadounidenses: Newmont, Freeport y la lógica de la integración vertical

Freeport-McMoRan tiene presencia en México a través de activos que complementan su portafolio global de cobre. La empresa opera bajo la misma lógica que Grupo México: la integración vertical desde la mina hasta la refinería. En un mercado donde el cobre cotiza cerca de máximos históricos y la demanda estructural de la transición energética presiona la oferta, tener activos productivos en México — con acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el T-MEC — es una ventaja competitiva difícil de replicar.

First Majestic Silver, con cuatro minas en México incluyendo San Dimas y Santa Elena, apostó por el país en un momento en que muchos operadores dudaban de la estabilidad regulatoria. Esa apuesta tiene un costo: la empresa ha enfrentado disputas fiscales y presiones sobre sus contratos colectivos. Pero también tiene un beneficio: exposición a la plata en el mayor productor mundial del metal, con costos operativos que se benefician del tipo de cambio peso-dólar cuando el peso se deprecia.

La ecuación económica: tipo de cambio, costos y márgenes

Para todas estas empresas, el tipo de cambio es una variable que puede hacer o deshacer un trimestre. Las exportaciones mineras se denominan en dólares — México exportó alrededor de US$17,800 millones en minerales y metales en 2024, el sexto generador de divisas del país. Pero los costos operativos — mano de obra, energía, insumos locales — se pagan en pesos. Cuando el peso se deprecia, los márgenes se amplían automáticamente para los exportadores. Cuando se aprecia, la presión sobre los AISC es inmediata.

La derrama económica del sector alcanzó MX$260,000 millones en 2024, y los impuestos y derechos pagados llegaron a MX$45,300 millones, según datos de CAMIMEX. Esas cifras tienen un nombre detrás: son en gran medida los grupos que integran este listado de diez empresas dominantes los que explican esa contribución fiscal. El gobierno de Claudia Sheinbaum lo sabe, y esa es una de las razones por las que el tono hacia el sector es más pragmático que el de la administración anterior.

Concentración vs. diversificación: el riesgo sistémico que nadie nombra

Que diez empresas expliquen la mayor parte del valor minero mexicano no es solo un dato de poder económico. Es también un riesgo sistémico. Cuando Peñasquito tuvo una huelga prolongada en 2023, el impacto en las cifras nacionales de producción de oro fue visible en las estadísticas trimestrales. Cuando Buenavista del Cobre enfrenta restricciones hídricas — un escenario cada vez más probable en el contexto climático de Sonora — el impacto rebota en los números de cobre de todo el país.

La concentración implica otra tensión: el poder de negociación frente al Estado. Grupo México, Peñoles y Newmont no son actores que acepten pasivamente cambios regulatorios, aumentos en derechos de minería o restricciones ambientales sin ejercer presión institucional, ya sea a través de CAMIMEX o de gestiones directas ante la Secretaría de Economía. Pedro Rivero, al frente del organismo empresarial, representa en buena medida los intereses de estos grupos cuando se sienta frente a funcionarios de Marcelo Ebrard.

Lo que el Plan de Minerales Críticos no resuelve

El acuerdo México-EUA en minerales críticos firmado el 4 de febrero de 2026 refuerza la lógica de integración regional que ya opera en los hechos. EUA importa alrededor del 28% de su plata desde México — una dependencia que la agenda de seguridad nacional en Washington convierte en argumento para mantener flujos comerciales preferenciales. Eso beneficia directamente a los grandes productores de plata: Peñoles, MAG Silver, First Majestic.

Pero el acuerdo no resuelve el problema estructural del sector: la concentración de valor en pocas manos limita la capacidad del Estado mexicano para diversificar su base tributaria minera y para exigir mayor procesamiento local. México sigue exportando concentrados en lugar de metal refinado en proporciones que deberían incomodar a cualquier planificador industrial. Los diez grandes tienen los recursos para construir más capacidad de fundición y refinación en el país. La pregunta es si los incentivos fiscales y regulatorios están diseñados para que lo hagan — o si es más rentable seguir embarcando el concentrado a los puertos del Pacífico.

Larrea tiene refinerías. Peñoles también. Pero la brecha entre lo que se podría procesar localmente y lo que se procesa efectivamente sigue siendo uno de los argumentos más sólidos para que el gobierno renegocie las condiciones del sector en la próxima renovación del régimen fiscal minero. Eso, más que el nombre de quién controla cada mina, es la discusión que le falta al sector.

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