México gana arbitraje internacional y evita pago de 315 millones de dólares a minera canadiense

Un tribunal del CIADI resolvió por unanimidad a favor del Estado mexicano el 29 de mayo y eliminó una exposición de 315 millones de dólares que Silver Bull Resources, minera con sede en Vancouver y cotización en el TSX, reclamaba bajo el TLCAN por su proyecto inactivo en Sierra Mojada, Coahuila. El panel no solo desestimó la demanda en su totalidad: ordenó a Silver Bull reembolsar los costos legales del procedimiento al Estado mexicano. Una derrota doble para la compañía.

El caso: cooperativa, concesiones y un TLCAN que ya no existe

Silver Bull argumentó que autoridades estatales de Coahuila permitieron que una cooperativa minera local bloqueara el desarrollo de sus concesiones, adquiridas entre 1996 y 2002 en Sierra Mojada. La empresa sostuvo que esa omisión gubernamental equivalía a una violación de los estándares de trato justo y equitativo establecidos en el Capítulo XI del TLCAN, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado que permitía a empresas extranjeras demandar directamente a gobiernos soberanos.

El tribunal arbitral ARB/23/24 —iniciado el 28 de junio de 2023— cerró el caso por dos vías simultáneas. Primero, determinó que los hechos alegados ocurrieron fuera del periodo temporal cubierto por el TLCAN, lo que dejó al panel sin competencia para analizar el fondo del asunto. Segundo, estableció que no existían elementos para sostener que el Estado mexicano promovió o facilitó el bloqueo del proyecto. La defensa mexicana también argumentó que Silver Bull carecía de la capacidad técnica y financiera para desarrollar el proyecto — un punto que, aunque no fue el determinante jurisdiccional, refuerza la solidez de la posición estatal.

Sierra Mojada lleva más de dos décadas en el radar de los inversionistas especulativos. El depósito tiene mineralización de plata, zinc, plomo y cobre. Pero tiene también una historia de conflictos sociales, litigios por derechos de superficie y problemas de acceso que ninguna cifra de recurso en el suelo ha podido resolver. Silver Bull nunca llegó a producción. El proyecto nunca tuvo un estudio de factibilidad definitivo. La reclamación de 315 millones de dólares era, en los hechos, una apuesta legal sobre un activo que jamás generó un solo dólar de ingresos operativos.

Por qué el fallo importa más allá del caso Silver Bull

México acumula décadas de exposición bajo arbitrajes del Capítulo XI del TLCAN. Algunos casos —como los vinculados a decisiones ambientales o permisos negados— terminaron en laudos adversos que costaron al erario sumas considerables. Este fallo va en dirección contraria y establece un precedente sobre los límites temporales de la jurisdicción del TLCAN, un tratado que técnicamente fue reemplazado por el T-MEC en julio de 2020.

El punto jurisdiccional es relevante para la cartera de reclamaciones pendientes. El T-MEC modificó sustancialmente el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado: México y Canadá, a diferencia de lo que ocurría bajo el TLCAN, ya no están sujetos al Capítulo 11 del nuevo tratado entre sí ni frente a Estados Unidos en la mayoría de los sectores. Las empresas que intentan usar el TLCAN como base para reclamaciones sobre hechos que ocurrieron cerca o después del límite temporal del tratado enfrentan ahora un precedente adverso consolidado. El tribunal ARB/23/24 trazó una línea clara.

La Secretaría de Economía describió el resultado como una victoria que “fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional”. La frase es precisa, pero debe leerse con matiz: lo que se fortaleció es la certeza sobre los límites de las obligaciones de México bajo tratados anteriores, no necesariamente sobre el entorno regulatorio actual, que sigue siendo fuente de tensión entre el sector y el gobierno.

Sonora y Zacatecas no olvidan: el contexto regulatorio que rodea al fallo

El fallo llega en un momento en que la industria minera en México navega una transición regulatoria incompleta. La Reforma Minera de 2023, impulsada por la administración de López Obrador, redujo plazos de concesiones, reforzó los requisitos de consulta indígena bajo el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) y amplió el rol del SGM en exploración. Varias empresas presentaron amparos ante la SCJN cuya resolución sigue pendiente — una incertidumbre que ningún fallo del CIADI puede despejar.

La exploración cayó 11.5% en 2024. La inversión total del sector alcanzó US$5,060 millones según datos de CAMIMEX, pero la distribución no es uniforme: los proyectos maduros con certeza jurídica preexistente capturan el capital, mientras los proyectos en etapa temprana —exactamente el perfil de Sierra Mojada— quedan en espera. El backlog de permisos en Zacatecas se redujo de 25 a 5 expedientes en 2025 bajo la administración Sheinbaum, una señal positiva. Pero la velocidad de resolución de permisos no sustituye la claridad sobre qué marco legal rige definitivamente las concesiones nuevas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono más pragmático con el sector. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, refleja un reconocimiento explícito de que México necesita inversión privada en cobre, litio y minerales estratégicos para ser parte funcional de las cadenas de suministro del T-MEC. Ese pragmatismo coexiste, sin embargo, con el litigio constitucional pendiente sobre la Reforma Minera de 2023, cuyo resultado podría afectar las reglas de juego para decenas de proyectos activos.

El costo de defender: lo que no aparece en el comunicado oficial

La Secretaría de Economía destacó la victoria. Lo que no cuantificó es el costo de la defensa. El procedimiento duró casi dos años — de junio de 2023 a mayo de 2025 — e involucró a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional más dos firmas externas de primer nivel: Tereposky & DeRose LLP, especialista canadiense en arbitraje de tratados, y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, firma de litigios internacionales con sede en Washington. Los honorarios de ese tipo de defensa en arbitrajes del CIADI no son menores. El reembolso ordenado a Silver Bull cubrirá una fracción.

Ese dato importa porque revela la economía real de los arbitrajes inversionista-Estado: ganar es mejor que perder, pero ganar también tiene un precio. México ha desarrollado capacidad institucional para defender estos casos, lo que es positivo. Y el hecho de que el panel ordenara el reembolso de costos al demandante es inusual — sugiere que el tribunal consideró que la demanda carecía de mérito jurisdiccional desde el principio.

Silver Bull: el activo que sigue ahí, sin solución

La derrota en el CIADI no liquida el activo. Silver Bull Resources sigue siendo titular de concesiones en Sierra Mojada. El depósito mineralizado existe. Pero el proyecto lleva más de veinte años sin avanzar a producción y ahora suma una derrota legal que debilita cualquier argumento de que el gobierno federal fue el obstáculo determinante.

Para los inversionistas que siguen el proyecto desde el TSX, el laudo clarifica una cosa: la vía de recuperación no pasa por arbitraje internacional. Pasa por resolver el conflicto social en Coahuila, obtener permisos bajo el marco regulatorio vigente y demostrar viabilidad técnica y financiera — los mismos requisitos que el Estado mexicano argumentó ante el CIADI que Silver Bull nunca cumplió.

El fallo del 29 de mayo no cambia el mapa minero de Coahuila. Pero sí cierra una puerta que la empresa mantuvo abierta durante dos años como alternativa a resolver el problema real: un proyecto paralizado, en un estado con potencial subexplotado, que necesita algo más que abogados en Washington para avanzar.