Cuando la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) fue lanzada en 2021, se convirtió rápidamente en la principal plataforma del sector bancario para avanzar en la descarbonización global. Representaba una oportunidad inédita: alinear los compromisos financieros con la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, apenas cuatro años después, el proyecto ha llegado a su fin. Una votación interna ha determinado el cese inmediato de operaciones, tras la salida de varios de sus miembros más influyentes y la creciente presión de legisladores estadounidenses que argumentaban que la membresía podría violar regulaciones antimonopolio.
Esta decisión marca un duro golpe para las aspiraciones climáticas del sector financiero. Lo que comenzó como una iniciativa robusta, respaldada por decenas de bancos multinacionales, se fue debilitando progresivamente. La desconfianza política, sumada al retiro de instituciones clave, dejó a la NZBA en una posición insostenible. En agosto de 2025, se propuso convertirla en una iniciativa de “marco de referencia”, eliminando la estructura de membresía, pero ya era demasiado tarde.
Lo más llamativo de esta disolución no es solo el simbolismo que encierra, sino el momento en el que ocurre. El planeta enfrenta un escenario climático cada vez más crítico, y se estima que serán necesarios billones de dólares en inversiones para lograr la meta de emisiones netas cero para 2050, según datos recientes de Wood Mackenzie. En ese contexto, la retirada de los bancos más poderosos del mundo del frente climático puede verse como un retroceso alarmante.
La portavoz de la organización confirmó que los recursos generados durante años de trabajo seguirán disponibles para quienes deseen utilizarlos. El “Guidance for Climate Target Setting for Banks” —uno de los marcos más utilizados para establecer metas de descarbonización— continuará siendo de acceso público. Sin embargo, la ausencia de una entidad coordinadora debilita considerablemente la implementación real y homogénea de esas guías.
El caso de la NZBA no es aislado. En 2024, una coalición similar del sector asegurador también cerró operaciones ante circunstancias parecidas. En tanto, la organización equivalente en el sector de gestión de activos atraviesa actualmente un proceso de revisión, presionada por el mismo tipo de discursos políticos que ven en estas alianzas un riesgo para la competencia económica.
Desde el lado de la sociedad civil, las reacciones no se han hecho esperar. Jeanne Martin, codirectora de la organización ShareAction, lamentó profundamente la decisión. Considera que se trata de una retirada vergonzosa que pone en entredicho la seriedad de los compromisos asumidos por los bancos en materia climática. Según Martin, es precisamente en momentos como este cuando los ejecutivos financieros deben mostrar liderazgo y elevar los estándares de responsabilidad.
El vacío que deja la NZBA es considerable. Aunque los bancos aún pueden —y deben— establecer metas climáticas de forma individual, la falta de un organismo común que unifique criterios y establezca mecanismos de seguimiento es una pérdida para la gobernanza climática global. En el fondo, este desenlace refleja la fragilidad de los compromisos voluntarios cuando entran en conflicto con intereses regulatorios o económicos.
Este giro también plantea interrogantes sobre la verdadera voluntad del sector bancario de enfrentar el reto climático con coherencia. ¿Puede la banca liderar la transición energética sin una hoja de ruta colectiva? ¿O terminará cediendo terreno frente a presiones políticas que priorizan la competitividad sobre la sostenibilidad?
En México, donde varios bancos han mostrado interés en integrar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus operaciones, el colapso de la NZBA podría tener un efecto dominó. Las filiales locales de grupos bancarios internacionales que formaban parte de la alianza tendrán ahora que redefinir sus estrategias, esta vez sin una guía común ni una comunidad que respalde sus esfuerzos.
Además, en América Latina, donde la minería —actividad intensiva en recursos— requiere cada vez más financiamiento alineado con estándares climáticos, la disolución de la NZBA puede ralentizar la transición hacia una minería más sostenible. Sin el apoyo técnico y metodológico de este tipo de plataformas, los bancos podrían optar por fórmulas más conservadoras, restando dinamismo al financiamiento verde.
Hay que decirlo claro: el retiro de los bancos no significa que la acción climática financiera esté muerta. Existen otros marcos —como los Principios de Banca Responsable de UNEP FI— que pueden seguir ofreciendo lineamientos. Sin embargo, la NZBA era el vehículo más ambicioso y concreto hasta la fecha.
En este punto, vale la pena reflexionar sobre el costo político de hacer compromisos climáticos en un entorno cada vez más polarizado. La narrativa contra las alianzas climáticas —particularmente en Estados Unidos— ha cobrado fuerza, amparada en argumentos legales que buscan evitar la supuesta colusión entre empresas. Pero, ¿es realmente un problema de libre competencia, o más bien un rechazo ideológico a la acción colectiva frente al cambio climático?
El caso de la NZBA deja lecciones duras. Sin respaldo político, los compromisos voluntarios no sobreviven. Y sin coordinación, las metas climáticas pierden fuerza. El desafío ahora será reconstruir esa arquitectura global desde un enfoque que combine ambición, transparencia y viabilidad legal.
Porque si algo queda claro, es que el sector financiero no puede mirar hacia otro lado. Su papel en la transición energética es ineludible, y su retirada sólo retrasa lo inevitable: un cambio profundo en la manera de asignar capital y medir riesgos.
La disolución de la NZBA, aunque decepcionante, no debe ser vista como el final del camino, sino como una alerta. Una llamada urgente a repensar cómo se articula la acción climática en la banca, y quiénes están realmente dispuestos a liderarla.
