El Senado de Estados Unidos acaba de cambiar el mapa del cobre norteamericano. Con una votación ajustada, la cámara alta revirtió una prohibición de larga data sobre actividades mineras en tierras públicas del norte de Minnesota — una decisión que desbloquea el acceso a uno de los yacimientos de cobre sin desarrollar más grandes del país, y que coloca al proyecto Twin Metals de Antofagasta Minerals en posición de avanzar después de más de una década de parálisis regulatoria.
- La prohibición que frenó a Twin Metals durante años
- Antofagasta recibe el mayor desbloqueador regulatorio de su historia en EUA
- El contexto político: Trump, minerales críticos y la inversión extranjera que EUA necesita
- Lo que Chile mira desde el otro lado del tablero
- El camino al permiso: largo, litigioso y no garantizado
La prohibición que frenó a Twin Metals durante años
Twin Metals Minnesota no es un proyecto nuevo. Antofagasta Minerals, el brazo minero del Grupo Luksic, lleva más de una década intentando desarrollar este depósito polimetálico ubicado en el Bosque Nacional Superior, en la región de Boundary Waters, al norte de Minnesota. El yacimiento contiene reservas estimadas de cobre, níquel, cobalto y metales del grupo del platino — una combinación que lo convierte en activo estratégico en cualquier conversación sobre cadenas de suministro de minerales críticos para la transición energética.
El obstáculo central siempre fue el mismo: la proximidad al Área de Canoa de Boundary Waters, una zona protegida de más de 400,000 hectáreas que el gobierno federal había blindado frente a cualquier actividad minera mediante moratorias administrativas. La administración Obama retiró las concesiones de Antofagasta en 2016. La de Biden renovó esa restricción en 2022 y fue más lejos: ordenó un estudio de 20 años sobre el impacto de la minería en la cuenca, un movimiento que la industria leyó como el cierre definitivo del proyecto.
La votación del Senado anula ese bloqueo. Es la primera vez que el Congreso usa la Ley de Revisión del Congreso (Congressional Review Act) para revertir una decisión de la Administración de Tierras del BLM en materia minera — un precedente de alcance regulatorio que va mucho más allá de Minnesota.
Antofagasta recibe el mayor desbloqueador regulatorio de su historia en EUA
Para Antofagasta Minerals (LSE: ANTO), controlada por el Grupo Luksic y con sede en Santiago, esta votación representa un cambio de escenario fundamental. La empresa tiene el 100% de Twin Metals Minnesota a través de una subsidiaria, y el proyecto llevaba clasificado como activo inactivo desde que la administración Biden anuló las concesiones federales.
Con la prohibición levantada, Antofagasta puede retomar el proceso de permisos ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EUA y el Servicio Forestal, los dos reguladores federales con jurisdicción principal sobre el proyecto. La empresa ya había completado buena parte de la ingeniería básica y los estudios ambientales antes del bloqueo de 2022, lo que podría acelerar el retorno al proceso formal.
Las dimensiones del proyecto justifican la apuesta. Twin Metals está diseñado como una operación subterránea de alta ley con una vida útil proyectada de décadas. Las estimaciones de recursos — aunque sujetas a actualización — sitúan al depósito entre los más significativos del hemisferio occidental fuera de los grandes campos cupríferos del suroeste norteamericano y de los Andes. Para Antofagasta, cuyo portafolio ya incluye Los Pelambres, Centinela y Antucoya en Chile, sumar un proyecto de esta escala en jurisdicción estadounidense representaría una diversificación geopolítica sin precedentes en su historia.
El contexto político: Trump, minerales críticos y la inversión extranjera que EUA necesita
La votación del Senado no ocurre en el vacío. La administración Trump ha convertido los minerales críticos en un eje central de su política de seguridad nacional e industrial, y el cobre encabeza esa lista. La demanda de cobre para infraestructura eléctrica, vehículos eléctricos y equipos de defensa proyecta un déficit de suministro que las importaciones solas no pueden resolver. El argumento de desarrollar reservas domésticas o en jurisdicciones aliadas tiene tracción política que trasciende las líneas partidistas.
Que la votación haya sido ajustada dice mucho sobre la intensidad del debate. Las comunidades indígenas ojibwe y grupos ambientalistas que protegen Boundary Waters llevaron años construyendo oposición técnica y política al proyecto. Su argumento central — que la minería de sulfuros metálicos en una cuenca hídrica sensible genera riesgos de drenaje ácido de difícil mitigación — no desapareció con la votación. Seguirá presente en cada etapa del proceso de permisos, y probablemente en los tribunales federales.
El precedente regulatorio es igualmente relevante: usar la Congressional Review Act para revocar una decisión de manejo de tierras del BLM abre una puerta que otros proyectos bloqueados por decisiones administrativas podrían intentar cruzar. Es un cambio en la gramática de la regulación pública federal que los abogados mineros en Denver y Washington llevan días analizando.
Lo que Chile mira desde el otro lado del tablero
Para Chile, la votación es un dato a seguir con atención estratégica. Antofagasta Minerals es una de las empresas bandera del sector privado chileno, y su capacidad de desarrollar Twin Metals en Minnesota reforzaría su posición global como operador de clase mundial — lo cual siempre tiene efectos indirectos sobre su negociación con reguladores y comunidades en Chile.
Pero hay una lectura más amplia. Si EUA logra activar depósitos domésticos de cobre a escala significativa, la ecuación de dependencia que hoy mantiene al cobre chileno como commodity irrenunciable para la transición energética norteamericana comienza a modificarse, aunque sea en el largo plazo. Twin Metals por sí solo no reemplaza a Escondida ni a Los Pelambres. Pero es una pieza en un rompecabezas de política de suministro que Washington está armando con determinación.
Chile produce hoy el 27% del cobre mundial — cerca de 5.8 millones de toneladas al año — y enfrenta su propia presión: Codelco lleva años con producción por debajo de metas, los proyectos de reposición de ley tienen cronogramas tensos, y la escasez hídrica en el norte complica la expansión de capacidad. El ecosistema que rodea a Antofagasta, BHP, Anglo American y Teck en el país opera bajo un royalty minero progresivo aprobado en 2024 y un marco de estabilidad regulatoria que el presidente Kast busca consolidar como ventaja competitiva frente a otras jurisdicciones.
En ese contexto, que uno de los grandes operadores privados chilenos desbloquee un activo de esta magnitud en EUA es, paradójicamente, una señal positiva para la industria chilena en su conjunto: muestra que el capital y el conocimiento técnico formados en los Andes tienen credenciales para operar en las jurisdicciones más exigentes del mundo.
El camino al permiso: largo, litigioso y no garantizado
Que el Senado haya votado para retirar la prohibición no significa que Twin Metals tiene permiso para construir. El proceso regulatorio federal en EUA para proyectos mineros en tierras públicas es uno de los más complejos del mundo occidental. La Declaración de Impacto Ambiental (EIS) bajo la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA) puede tomar entre cuatro y ocho años. Los permisos del Cuerpo de Ingenieros bajo la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia son particularmente sensibles en cuencas hidrológicas como la de Boundary Waters.
Los grupos ambientalistas ya anunciaron que litigarán. El Estado de Minnesota tiene sus propias instancias regulatorias — incluido el Departamento de Recursos Naturales estatal — que son independientes del proceso federal. Y las comunidades indígenas con derechos de tratado en la región tienen pie legal para intervenir en múltiples etapas del proceso de permisos.
Antofagasta sabe todo esto. La empresa ha demostrado en Chile capacidad para navegar procesos regulatorios complejos y oposición comunitaria en proyectos como Los Pelambres y Centinela. Pero Minnesota es territorio distinto: la presión ambiental tiene movilización política nacional, el precedente judicial en materia de derechos indígenas es diferente, y la vigilancia mediática sobre cualquier percance ambiental sería inmediata.
El reloj del proceso de permisos empieza ahora. Si Antofagasta logra mantener el impulso político actual y avanza sin tropiezos legales mayores, las estimaciones más optimistas sitúan el inicio de construcción no antes de 2029 o 2030. Una mina en producción antes de 2032 sería un escenario extraordinariamente optimista. El cobre de Minnesota, por ahora, sigue siendo cobre en papel — valioso, estratégico, y todavía muy lejos de los mercados de futuros en COMEX.
La votación del Senado es la palanca que mueve el proyecto. Lo que viene después determinará si Antofagasta construye una mina o gestiona otro ciclo de litigios.
