Keiko Fujimori tomó la delantera en la elección presidencial de Perú, pero no logró una victoria inmediata y empujó al país hacia una segunda vuelta que vuelve a colocar a la minería en el centro del debate económico. Con más de la mitad del conteo avanzado, la candidata conservadora apareció al frente con una ventaja estrecha, mientras Rafael López Aliaga disputó el segundo lugar y mantuvo abierto el escenario político. La combinación de fragmentación electoral, fallas logísticas y propuestas sobre concesiones mineras elevó la percepción de riesgo en uno de los mayores productores de cobre del planeta.
La elección no ocurre en un momento cualquiera. Perú llega a esta jornada después de varios años de inestabilidad institucional, con una sucesión acelerada de presidentes, crisis de representación y una ciudadanía cansada de promesas que duran menos que un ciclo político. Ese desgaste no solo pesa en Lima. También llega a las regiones mineras, donde las comunidades exigen empleo, infraestructura y mayor presencia del Estado, mientras las empresas piden reglas claras y tiempos previsibles para decidir inversiones de largo plazo.
Para el sector extractivo, el dato más importante no es solo quién encabezó la primera vuelta. Lo decisivo es que la campaña reabrió discusiones sensibles sobre permisos, concesiones ociosas, formalización y control de la minería ilegal. Cuando esas variables se mueven en Perú, el mercado presta atención. El país ocupa un lugar clave en la oferta mundial de cobre y sigue siendo un proveedor relevante de oro, plata, zinc y otros minerales. Cualquier cambio político que altere el ritmo de desarrollo de proyectos afecta expectativas de inversión, producción futura y recaudación fiscal.
Keiko Fujimori ha buscado presentarse como una figura más cercana a la inversión privada y a un marco regulatorio previsible. Ese perfil genera algo de alivio entre actores empresariales, sobre todo frente al recuerdo reciente de gobiernos débiles o contradictorios. Sin embargo, el mercado no está leyendo esta elección como una garantía de estabilidad. La ventaja de Fujimori sigue siendo corta, la segunda vuelta aún debe definirse con precisión y el país mostró otra vez problemas operativos en una jornada que incluso se extendió por un día adicional para permitir votar a miles de ciudadanos afectados por fallas logísticas.
Ese detalle importa más de lo que parece. Cuando una democracia exhibe tropiezos en su proceso electoral, los inversionistas no solo miran el resultado. También evalúan la capacidad institucional para ejecutar decisiones, arbitrar conflictos y sostener certezas regulatorias. En minería, esa evaluación resulta crítica. Un proyecto de cobre o de oro no se decide en semanas. Requiere años de exploración, permisos ambientales, licencias sociales, acceso a agua, energía, transporte y financiamiento. Por eso, cada ruido político se amplifica mucho más que en otros sectores.
Perú venía mostrando señales atractivas para el capital minero. La inversión del sector alcanzó unos 6,228 millones de dólares en 2025, el nivel más alto en una década, impulsada por mayores desembolsos en infraestructura, exploración y equipos. Ese dato confirma que el país conserva ventajas competitivas claras: geología de clase mundial, costos relativamente atractivos y una cartera de proyectos que sigue seduciendo a productores globales. El interés reciente por activos de cobre refuerza esa lectura. No estamos frente a una industria en retirada. Estamos ante un sector que todavía quiere crecer, pero que exige menos sobresaltos.
Ahí aparece una de las tensiones centrales de esta elección. Parte del debate político ha girado hacia la idea de revisar o endurecer las reglas para concesiones sin uso efectivo, con propuestas para reducir los plazos de tenencia antes de una eventual reversión al Estado. En el discurso político, la fórmula suena atractiva porque conecta con una demanda ciudadana evidente: que los recursos no queden inmovilizados. Pero en la práctica, una reducción abrupta de plazos puede castigar la exploración, encarecer el riesgo y terminar favoreciendo a operadores informales que se mueven fuera de la norma. Esa contradicción merece atención seria, no consignas.
Desde una óptica productiva, conviene separar proyectos estancados por mala gestión de aquellos que requieren maduración técnica, diálogo territorial o mejores condiciones de mercado. No toda concesión no desarrollada equivale a especulación. En minería, muchas veces el valor está en el conocimiento geológico acumulado, en campañas de perforación incompletas o en la espera de infraestructura que haga viable una operación futura. Reducir esa complejidad a un castigo político puede sonar firme, pero también puede cerrar la puerta a inversiones que Perú necesitará para sostener empleo, exportaciones y divisas.
La otra gran presión proviene de la minería ilegal e informal. Ese fenómeno ya no es un asunto periférico. Se convirtió en una de las principales economías ilícitas del país y hoy compite por territorio, mano de obra, influencia política y rutas comerciales. Reportes recientes apuntan a que el oro ilegal mueve montos multimillonarios y avanza sobre ecosistemas sensibles e incluso territorios indígenas. Además, el Congreso aprobó en diciembre una extensión al programa temporal de permisos para pequeños mineros, lo que revela el peso político del tema y la dificultad de cerrar una ruta de formalización convincente.
Ese punto suele abordarse con un tono simplista. Sin embargo, conviene decirlo con claridad: una minería formal fuerte puede ser parte de la solución. Cuando el Estado debilita la ruta legal, no desaparece la extracción. Cambia de manos. La ocupan redes informales que no pagan impuestos completos, no respetan estándares ambientales y multiplican conflictos. En un país con vocación minera como Perú, el desafío no consiste en arrinconar a toda la industria, sino en fortalecer al operador que invierte, reporta, remedia y deja encadenamientos productivos. Ese matiz importa, y mucho.
La incertidumbre política ganó todavía más fuerza con la decisión oficial de revocar la autorización de Tía María y devolver el proyecto a revisión. La medida volvió a poner sobre la mesa uno de los casos más emblemáticos de la conflictividad minera peruana. Para algunos sectores, la decisión corrige vacíos legales y técnicos. Para los inversionistas, en cambio, refuerza la impresión de que incluso proyectos avanzados pueden retroceder cuando cambia el viento político o social. El mensaje hacia el mercado no resulta menor, sobre todo en un momento en que el cobre mantiene relevancia estratégica para la transición energética y la electrificación.
Perú no puede darse el lujo de enviar señales ambiguas durante mucho tiempo. El cobre seguirá siendo uno de los metales más codiciados de la economía global y América Latina compite por captar el capital que financiará nuevas minas, ampliaciones, fundiciones, carreteras, redes eléctricas y puertos. Chile, Argentina y otros países de la región también buscan posicionarse. Cuando Perú muestra fortaleza regulatoria y capacidad de ejecución, destaca por mérito propio. Cuando transmite improvisación, pierde velocidad frente a sus vecinos. La geología ayuda, pero no alcanza.
En este contexto, la segunda vuelta no definirá solo un nombre. Definirá el tono del próximo ciclo para una industria que explica buena parte de las exportaciones peruanas y del ingreso de divisas. El próximo gobierno tendrá que ordenar prioridades con rapidez: seguridad jurídica, combate real a la minería ilegal, diálogo comunitario más profesional y una política de permisos que no castigue la inversión seria. También deberá entender que la licencia social no se compra con discursos, pero tampoco se construye demonizando a un sector que sostiene regiones enteras y financia parte importante del Estado.
La elección deja una conclusión inmediata. Perú sigue siendo un destino minero de enorme escala, pero su política continúa agregando una prima de riesgo que no debería subestimarse. Fujimori lidera, sí, pero el mercado todavía no ve un puerto seguro. Ve una oportunidad acompañada de cautela. Y en la minería, donde los plazos son largos y los montos son gigantescos, la cautela suele traducirse en decisiones aplazadas. Eso sería costoso para cualquier economía. Para Perú, que posee uno de los subsuelos más valiosos del continente, sería además un desperdicio difícil de justificar.
