Recaudación minera en México crece 72.3%: el rol de precios, tipo de cambio y producción récord

Las aportaciones fiscales de la minería mexicana crecieron 72.3% en 2024 respecto al año anterior, alcanzando MX$45,300 millones en impuestos y derechos. No es un número menor: equivale a más del doble de lo que el sector transfirió al fisco hace apenas dos años, y llega en un momento en que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca consolidar una narrativa de colaboración con la industria extractiva que su predecesor nunca pudo —ni intentó— construir.

El salto fiscal no fue accidental. Confluyen tres factores que vale desagregar con cuidado: el rally de los precios internacionales de oro, plata y cobre; el efecto multiplicador del tipo de cambio sobre ingresos denominados en dólares; y una producción que, contra todo pronóstico regulatorio, cerró 2024 en niveles récord. Cuando los tres vectores apuntan en la misma dirección, la recaudación se dispara. El problema —y aquí está el matiz que la celebración oficial tiende a omitir— es que dos de esos tres factores están fuera del control de cualquier política pública mexicana.

La aritmética del boom: precios, tipo de cambio y producción récord

El oro operó por encima de los US$2,600 por onza durante la mayor parte de 2024, con picos que anticiparon el rompimiento de los US$3,100 en los primeros meses de 2025. Para México, noveno productor mundial del metal, cada dólar de incremento en el precio spot tiene un efecto directo sobre los ingresos brutos de empresas como Newmont —operadora de Peñasquito, la mayor mina de oro del país— y Torex Gold, cuyo El Limón Guajes en Guerrero opera con uno de los costos de operación más bajos del mundo.

La plata siguió una trayectoria comparable. México produjo 6,300 toneladas en 2024 —una de cada cuatro onzas de plata del mundo—, y los precios promedio del metal blanco se mantuvieron en rangos que hacen rentable incluso proyectos con leyes moderadas. Peñoles y su filial Fresnillo PLC, junto con MAG Silver en Juanicipio, capturaron la mayor parte de ese diferencial positivo en sus márgenes operativos.

El tercer ingrediente es el tipo de cambio. Un peso mexicano que promedió entre MX$17 y MX$18 por dólar en los tramos más tensos del año —frente a ingresos exportados en dólares y costos operativos en pesos— amplificó artificialmente los márgenes contables en moneda local. El resultado: mayor base gravable, mayor ISR, mayor Derecho Especial sobre Minería. La recaudación subió, en parte, porque el peso se debilitó. Es un mecanismo que funciona en ambas direcciones y que ningún director de finanzas del sector celebra sin reservas.

Sonora y Zacatecas: dónde se genera el 80% del impulso

La distribución geográfica del aporte fiscal minero no es homogénea, y entender dónde se concentra explica también dónde están los riesgos sistémicos. Sonora aporta alrededor del 45% de la producción nacional, con Grupo México como ancla en el cobre —Buenavista del Cobre y La Caridad— y Coeur Mining, que completó en 2024 la adquisición de Las Chispas por US$1,700 millones, consolidando su posición en uno de los depósitos de plata-oro de ley más alta de América.

Zacatecas concentra el 33% de la plata nacional. Peñasquito, Saucito, Juanicipio y Camino Rojo —este último operado por Orla Mining con permisos ambientales vigentes por más de veinte años— generan una masa crítica de regalías e impuestos que alimentan tanto la hacienda federal como las participaciones estatales. El dato que pocos cruzan: si Peñasquito —polimetálica de Newmont— hubiera operado a capacidad plena desde enero, la cifra de recaudación habría sido aún mayor. Las interrupciones operativas del año previo dejaron espacio para recuperación que 2024 aprovechó.

Chihuahua suma otro 12% de la producción con operaciones de plata, zinc y plomo. Naica y Cozamin completan un triángulo productivo que, en conjunto, explica por qué el norte del país concentra la presión tanto de la demanda hídrica como de la negociación salarial con sindicatos mineros.

Lo que la cifra no dice: la fragilidad del modelo fiscal minero

Un incremento de 72.3% en la aportación fiscal es políticamente conveniente para ambas partes: el gobierno puede presentarlo como evidencia de que el sector “paga lo que debe”, y la industria puede usarlo como argumento para exigir certeza regulatoria y agilidad en permisos. Ese intercambio tácito está en el centro del Plan México-EUA de Minerales Críticos, anunciado el 4 de febrero de 2026, que busca integrar a México en cadenas de valor estratégicas para Estados Unidos.

El problema estructural no desaparece por una buena cosecha fiscal. La recaudación minera mexicana es procíclica por diseño: sube cuando suben los precios, baja cuando caen. El Derecho Especial sobre Minería —establecido en 2014 bajo la reforma hacendaria de Peña Nieto— grava los ingresos brutos con una tasa del 7.5%, lo que significa que la base imponible se expande o contrae con el mercado de commodities, no con la eficiencia del aparato extractivo.

Chile, con quien México compite en la narrativa de “potencia minera latinoamericana”, lleva años debatiendo cómo construir fondos de estabilización que suavicen esa ciclicidad. El Fondo de Estabilización Económica y Social chileno —nutrido en parte por regalías cupreras— absorbió golpes fiscales que, en México, habrían forzado recortes presupuestales. El modelo mexicano no tiene ese colchón. Cuando el oro baje de los US$2,500 o el cobre ceda terreno frente a una desaceleración china, la recaudación minera caerá sin amortiguación institucional.

CAMIMEX, Sheinbaum y la ventana de oportunidad regulatoria

Pedro Rivero, presidente de CAMIMEX, ha sido consistente en un mensaje: el sector puede aportar más al fisco si el Estado reduce los tiempos de otorgamiento de concesiones y permisos ambientales. No es retórica. El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en su índice de atractivo para inversión minera en 2024, subiendo desde el lugar 74 —un salto que refleja tanto la mejora en percepción regulatoria como el efecto precio.

El gobierno de Sheinbaum ha movido algunas piezas. En Zacatecas, el rezago en permisos cayó de 25 expedientes pendientes a cinco en los primeros meses de 2026 —un cambio de ritmo notable frente a los años de parálisis administrativa de la gestión anterior. La SE, bajo Marcelo Ebrard, ha empujado la agenda de minerales críticos con pragmatismo que contrasta con el tono confrontacional del sexenio previo.

La gran asignatura pendiente es el litio. México declaró reservas de 243 millones de toneladas —las más grandes del mundo—, pero el modelo de extracción estatal a través de LitioMx no ha producido ni un gramo de litio comercial. Mientras Bolivia repite el mismo error con resultados predecibles, México tiene la oportunidad de articular un modelo mixto que atraiga capital privado sin ceder el control estratégico del recurso. Ese modelo, si se concreta, cambiaría radicalmente la ecuación fiscal minera de largo plazo.

El ángulo externo: aranceles Trump y la reconfiguración de flujos

Las exportaciones mineras mexicanas sumaron US$17,800 millones en 2024, con Estados Unidos como destino principal. Esa relación de dependencia —y de oportunidad— se tensó con la política arancelaria de la administración Trump. Los metales estratégicos recibieron un tratamiento diferenciado bajo la narrativa de seguridad nacional, lo que protegió parcialmente el flujo comercial México-EUA. Pero la incertidumbre arancelaria frenó decisiones de inversión de juniors canadienses que operan desde la TSX y que dependen de financiamiento que fluye con más facilidad cuando el marco regulatorio es predecible.

Estados Unidos importa el 28% de su plata desde México. Esa cifra no es trivial: convierte a México en un proveedor crítico que, bajo la lógica de sustitución de importaciones que impulsa Washington, debería tener más poder de negociación del que ejerce. El Plan de Minerales Críticos es el instrumento para capitalizar esa palanca. Si la implementación avanza, el sector minero mexicano podría capturar valor no solo como exportador de materia prima, sino como proveedor integrado en cadenas de manufactura de baterías y semiconductores.

El 72.3% de incremento fiscal es un dato real que merece ser reconocido. Pero celebrarlo sin construir los mecanismos que lo protejan contra la próxima caída de precios es administrar el presente a expensas del futuro. México tiene ahora la recaudación, la narrativa política y, en parte, la voluntad institucional para hacer esa transición. La pregunta no es si el boom fiscal continuará —no lo hará indefinidamente. La pregunta es qué estructura queda cuando el ciclo cambie.