Puntos clave
- Portafolio estratégico: México produce 1 de cada 4 onzas de plata mundial (6,300 toneladas en 2024), componente esencial en paneles solares y tecnología de potencia
- Ventaja competitiva: A diferencia del litio, estos minerales (plata, cobre, zinc, plomo, fluorita) ya se extraen con demanda estructural creciente y sujeta a nuevo valor geopolítico
- Impacto México: La transición energética global depende de la disponibilidad de plata y cobre mexicanos; cada panel solar instalado en el mundo lleva contenido minero mexicano
- Desafío regulatorio: El marco normativo debe actualizarse para reflejar la nueva importancia geopolítica de estos minerales críticos en 2025-2026
| Tipo de regulación | marco regulatorio en fase de actualización para reflejar va… |
| Entidad | CAMIMEX, gobierno de México |
| Vigencia | 2025-2026 |
México lleva décadas exportando la discusión sobre minerales críticos sin terminar de entrar en ella con convicción regulatoria. Eso está cambiando. No por litio —ese debate sigue atrapado entre el modelo estatal heredado de AMLO y la realidad de que Litio para México no tiene capacidad técnica para explotar 243 millones de toneladas de reservas— ni por uranio, mineral cuya extracción sigue siendo constitucionalmente vedada a privados. Lo que pone a México en el tablero estratégico de la transición energética en 2025 y 2026 es un portafolio más silencioso y más inmediato: plata, cobre, zinc, plomo y fluorita. Todos producidos hoy. Todos con demanda estructural creciente. Todos sujetos a un marco regulatorio que apenas empieza a reflejar su nuevo valor geopolítico.
El portafolio que ya existe, sin necesidad de descubrirse
La ventaja competitiva de México frente a otros países en transición energética no está en lo que podría extraerse en el futuro, sino en lo que ya se extrae. La plata es el caso más claro: México produce una de cada cuatro onzas del mundo —6,300 toneladas en 2024, nuevo récord histórico según CAMIMEX— y ese mineral es componente esencial en celdas fotovoltaicas, electrónica de potencia y contactos eléctricos. Cada panel solar instalado en California, en Alemania o en India lleva plata mexicana. Sin ese vínculo productivo, la transición energética global cuesta más y tarda más.
El cobre sigue la misma lógica. Representa el 27.2% del valor de la producción minera nacional y Sonora concentra la mayor parte de esa cifra, con Buenavista del Cobre de Grupo México como ancla productiva. La electromovilidad requiere entre tres y cuatro veces más cobre por vehículo que un automóvil convencional. Las redes eléctricas que necesita la transición son, literalmente, redes de cobre. México no necesita anunciar nuevos proyectos para ser relevante en este mercado: necesita sostener y ampliar lo que ya opera, con certeza jurídica suficiente para que el capital de largo plazo no migre a Chile o Perú.
La fluorita es el caso menos visible pero quizás el más estratégico en términos de concentración de mercado. México es el primer productor mundial, con depósitos en San Luis Potosí y Coahuila que abastecen una cadena que va desde refrigerantes industriales hasta semiconductores y producción de hidrógeno verde. Ningún otro país latinoamericano puede competir en este nicho. La pregunta regulatoria relevante no es si explotar esa fluorita, sino bajo qué condiciones y con qué garantías de valor agregado local.
El plan bilateral que transforma el contexto legal
El 4 de febrero de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron el Plan México-EUA en Minerales Críticos, con Marcelo Ebrard negociando directamente en Washington. Ese acuerdo no es cosmético. Establece un marco de cooperación para integrar la producción minera mexicana en cadenas de suministro bajo el USMCA, lo que tiene implicaciones concretas para permisos, zonas de exploración prioritarias y —eventualmente— financiamiento de agencias como el DFC estadounidense o el Export-Import Bank.
Para las empresas con operaciones en México, ese acuerdo cambia el análisis de riesgo regulatorio. Un proyecto de cobre en Sonora que califica como insumo para la cadena de valor de vehículos eléctricos ensamblados en Detroit bajo el USMCA tiene un perfil político diferente al de un proyecto puramente exportador. La presión arancelaria de la administración Trump sobre socios comerciales crea, paradójicamente, un incentivo para que México profundice su rol como proveedor estratégico de minerales —siempre que pueda resolver el cuello de botella de permisos y consulta indígena.
El gobierno de Claudia Sheinbaum mostró voluntad en esa dirección durante 2025: el backlog de permisos en Zacatecas se redujo de 25 expedientes bloqueados a cinco, una señal operativa que los equipos legales de Fresnillo, Newmont y Orla Mining leyeron con atención. No es la reforma estructural que el sector pide, pero es evidencia de que el pragmatismo desplazó al maximalismo estatal del sexenio anterior.
La Reforma Minera 2023 y su sombra inconclusa
El principal factor de incertidumbre jurídica sigue siendo la Reforma Minera de 2023 firmada por AMLO. Esa reforma redujo plazos de concesión, reforzó el requisito de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y otorgó al SGM el monopolio de exploración en nuevas zonas. Las empresas respondieron con amparos que hoy siguen pendientes de resolución ante la SCJN. Hasta que esa resolución llegue, el sector opera con un marco legal bifurcado: la ley dice una cosa, los tribunales no han dicho la última palabra.
Esa ambigüedad tiene costo medible. La inversión en exploración cayó 11.5% en 2024, año en que el resto de América Latina registró recuperación en ese rubro. Proyectos en etapa de factibilidad en Chihuahua y Guerrero ajustaron cronogramas precisamente porque los equipos legales no podían garantizar la validez de los títulos bajo el nuevo esquema. Cada mes de retraso en un proyecto de mediano tamaño representa entre tres y ocho millones de dólares en costo financiero diferido.
Si la SCJN resuelve a favor de la constitucionalidad de la reforma, las empresas deberán adaptarse a concesiones de menor plazo y consultas más costosas en tiempo y recursos. Si falla parcialmente la norma —lo que algunos despachos constitucionalistas consideran más probable— el gobierno Sheinbaum tendrá margen para emitir lineamientos reglamentarios que suavicen la implementación sin abrir una nueva reforma legislativa. Esa segunda vía es la que hoy parece más probable y la que mejor se alinea con el Plan bilateral de minerales críticos.
Zinc, plomo y el eslabón perdido del valor agregado
El zinc y el plomo son frecuentemente ignorados en el debate de minerales críticos, pero la industria de baterías de próxima generación los está revalorando. México es cuarto productor mundial de plomo y tiene reservas de zinc concentradas en Chihuahua y Zacatecas, donde Peñasquito de Newmont los extrae como coproductos del oro. El problema estructural es conocido: México extrae y exporta concentrados, no metales refinados. La cadena de valor se rompe en la primera etapa y el valor agregado se captura en fundiciones de Estados Unidos, Europa y China.
Para que los minerales críticos mexicanos cumplan su potencial estratégico —no solo productivo— el país necesita avanzar en refinación y procesamiento doméstico. La Ley Minera vigente no exige ni incentiva esa integración. El Plan bilateral con Estados Unidos abre una ventana para que financiamiento externo acompañe proyectos de procesamiento, pero eso requiere certeza jurídica sobre concesiones, acceso al agua y cumplimiento ambiental. La Ley de Aguas 2026, con sus nuevas obligaciones de gestión hídrica, añade una variable regulatoria adicional que los proyectos de fundición en Sonora ya están incorporando en sus modelos de costo.
Lo que el Fraser Institute no captura
El Fraser Institute situó a México en el lugar 49 global en su índice de atractivo minero 2024, subiendo desde el lugar 74 del año anterior. Es una mejora real, pero el número esconde una distribución desigual: Sonora tiene un perfil regulatorio y de seguridad distinto al de Sinaloa, donde en enero de 2026 trabajadores de Vizsla Silver fueron secuestrados y asesinados. Zacatecas registra mejoras en tiempos de permiso pero mantiene alertas de seguridad de analistas como TD Cowen. Chihuahua enfrenta complejidades de agua que ningún índice de percepción mide con precisión.
Para el ejecutivo que evalúa asignar capital en México como parte de una estrategia de minerales críticos, el número del Fraser es un punto de partida, no una conclusión. La diversidad intraestatal del riesgo obliga a un análisis operación por operación, no país por país. Eso es, de hecho, lo que hacen Agnico Eagle y Teck en San Nicolás, donde la inversión de 1,100 millones de dólares en Zacatecas avanza con estructuras contractuales diseñadas para absorber variabilidad regulatoria.
México tiene los minerales. Tiene la infraestructura base. Tiene un acuerdo bilateral que por primera vez da contexto geopolítico a su producción. Lo que aún no tiene es un marco legal estabilizado, y mientras la SCJN no resuelva y el reglamento de la Reforma Minera 2023 permanezca en disputa, el capital seguirá llegando —pero con prima de riesgo. Reducir esa prima es la tarea regulatoria más urgente que enfrenta el gobierno Sheinbaum en el sector. No hay transición energética global que espere a que México termine su debate interno.
