Ministro Shinno comparecer ante Congreso: combustibles y Ley MAPE en debate regulatorio

La Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano decidió citar al ministro Guillermo Shinno para que explique, frente a los legisladores, dos asuntos que concentran buena parte de la tensión del sector en este momento: el incremento en el precio de los combustibles y el avance de la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La citación no es un trámite de rutina. Cuando el Legislativo llama a un ministro de Energía y Minas en Perú, el mensaje que se envía al mercado es claro: hay incertidumbre, y alguien tiene que responder por ella.

El combustible como variable operativa, no solo política

El incremento en el precio de los combustibles golpea a la minería peruana de una manera que los titulares de política energética suelen subvalorar. En operaciones a tajo abierto —que representan la mayoría de la producción de cobre en Perú— el diésel y los derivados de petróleo constituyen entre el 15% y el 25% de los costos operativos directos. Eso significa que una variación sostenida en el precio del combustible no es una molestia administrativa: es un ajuste inmediato al margen de cada tonelada producida.

Proyectos como Cerro Verde (Freeport-McMoRan, Arequipa) o las operaciones de Southern Copper en Cuajone y Toquepala manejan flotas de camiones de gran tonelaje cuyo consumo diario de diésel se mide en decenas de miles de litros. Cuando el precio sube sin que el Estado cuente con un mecanismo de amortiguación claro, la presión llega primero a los contratistas y subcontratistas —los eslabones más frágiles de la cadena— y desde ahí se traslada hacia arriba. El Ministerio de Energía y Minas debería presentar ante la Comisión una posición técnica concreta, no una defensa política.

Perú no es el único país de la región con este problema. Chile ajustó su fondo de estabilización de combustibles en 2022 y aun así enfrentó críticas por la velocidad de respuesta. Colombia, donde el subsidio al ACPM es una herramienta política de largo aliento, mantiene distorsiones que el propio Ministerio de Hacienda ha catalogado como insostenibles. Perú, con un marco fiscal más ajustado y menor margen de maniobra presupuestaria, necesita una respuesta más quirúrgica. Eso es exactamente lo que los legisladores deberían exigirle a Shinno.

La Ley MAPE: un borrador que carga décadas de ambigüedad

El segundo eje de la citación —la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal— toca una herida estructural del sistema regulatorio peruano. La MAPE no es un fenómeno marginal. Según estimaciones del propio Ministerio de Energía y Minas, la minería artesanal y de pequeña escala involucra a más de 400,000 personas en Perú, concentradas en regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad y Arequipa. Ese universo opera bajo regímenes legales que van desde la formalización parcial hasta la ilegalidad declarada, con grises que el Estado peruano ha tardado décadas en intentar resolver sin lograrlo.

El problema de fondo es que cualquier Ley MAPE debe resolver una ecuación política extremadamente difícil: formalizar sin criminalizar, regular sin asfixiar y garantizar derechos sin ignorar los pasivos ambientales que la minería informal ha acumulado. Madre de Dios es el caso más documentado: mercurio en ríos, deforestación acelerada y comunidades indígenas afectadas por operaciones que ningún marco legal ha logrado detener del todo.

La presión que ejercen los legisladores sobre Shinno tiene una lectura de doble filo. Por un lado, exigen avance normativo en un sector que los gobiernos anteriores también prometieron regularizar sin resultados concretos. Por otro, el Congreso peruano —con su composición actual— no siempre ha legislado con criterios técnicos en materia minera. Las propuestas que han circulado en comisiones anteriores incluyen desde amnistías amplias para operadores informales hasta restricciones que habrían paralizado operaciones formales medianas. La calidad del texto final dependerá, en buena medida, de qué tan firme sea la posición técnica del Ministerio.

El contexto político que rodea la citación

Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Esa inestabilidad no se ha traducido en un caos regulatorio total —la minería formal ha seguido operando con cierta continuidad institucional— pero sí ha erosionado la capacidad del Ejecutivo para impulsar reformas de largo plazo. La Presidenta Boluarte lleva en el cargo desde diciembre de 2022, más tiempo que cualquiera de sus predecesores recientes, pero su gobierno opera con un Congreso que no le es afín en varios frentes y que ha utilizado las citaciones ministeriales como herramienta de presión política tanto como de fiscalización real.

Shinno llegó al Ministerio con un perfil técnico reconocido en el sector. Eso le da credibilidad ante los inversionistas, pero no lo inmuniza frente a un Congreso que, en materia minera, mezcla preocupaciones legítimas con intereses regionales y electorales. La citación por la Ley MAPE en particular tiene ese doble fondo: los legisladores de regiones con alta presencia de minería artesanal saben que la formalización puede ser un activo político en sus circunscripciones, y presionan al ministro desde ese ángulo tanto como desde el técnico.

Para los inversionistas institucionales que monitorean el riesgo país en Perú, este tipo de episodios legislativos no genera alarma inmediata, pero sí añade ruido. La cartera de proyectos sin desarrollar en Perú supera los US$53,000 millones. Gran parte de esa inversión está detenida no por falta de mineral o de capital, sino por incertidumbre regulatoria y social. Cada episodio que visibiliza tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia minera prolonga el período de evaluación de riesgo para proyectos que ya llevan años esperando luz verde.

Lo que el ministro debe llevar a la comisión

Más allá del ritual político de la comparecencia, la citación le ofrece a Shinno una oportunidad concreta: presentar una posición ministerial articulada sobre ambos temas que pueda funcionar como señal hacia el mercado. En materia de combustibles, eso significa un diagnóstico claro de los mecanismos de estabilización disponibles, su costo fiscal y el cronograma de aplicación. En materia de MAPE, significa defender un texto legal que combine incentivos reales a la formalización con consecuencias efectivas para quienes opten por mantenerse fuera del sistema.

Lo que no puede permitirse es llegar al Congreso con respuestas genéricas sobre la complejidad del problema o compromisos de estudios futuros. Eso ya lo han escuchado los legisladores de cada ministro que pasó por esa silla en los últimos años. Y el mercado también. La credibilidad de la política minera peruana se construye —o se erosiona— en ese tipo de instancias, donde lo que se dice frente a una cámara de legisladores llega, al mismo tiempo, a los escritorios de Lima, Toronto y Londres.

El efecto real: permisos, inversión y formalización en la balanza

Si la citación deriva en compromisos concretos —un calendario para la Ley MAPE, una posición técnica sobre combustibles, mecanismos de consulta con el sector formal e informal— puede convertirse en un punto de inflexión positivo. Si termina en declaraciones de intención y postergaciones, el costo es más tiempo perdido en un sector que ya opera con márgenes de paciencia política muy ajustados.

Perú produce aproximadamente 2.7 millones de toneladas de cobre al año, genera cerca de US$33,000 millones en valor minero y sostiene el 60% de sus exportaciones sobre ese pilar. Ese peso no garantiza estabilidad política. Pero sí debería garantizar que, cuando el ministro del sector se sienta frente al Congreso, lleve respuestas a la altura de lo que está en juego.