México reduce a la mitad el territorio concesionado a minería: de 13% a 6% tras reforma 2023

El territorio disponible para la actividad minera en México se redujo a la mitad. No fue un decreto de emergencia ni una reforma apresurada en el Congreso: fue el resultado acumulado de la Reforma Minera de 2023, la caducidad de concesiones no renovadas y una política deliberada de cancelación de títulos en áreas naturales protegidas y territorios indígenas. El mapa concesionado, que llegó a cubrir cerca del 13% del territorio nacional, hoy se acerca al 6%. La cifra tiene consecuencias directas sobre el portafolio de exploración, la inversión de largo plazo y la seguridad jurídica del sector.

De 13% a 6%: lo que desapareció del mapa

Durante los años de mayor expansión concesionaria —entre 2000 y 2012— México otorgó títulos mineros sobre aproximadamente 25 millones de hectáreas. La cifra alcanzó su punto máximo bajo la administración de Felipe Calderón, cuando el sector vivía un superciclo de metales y la política pública respondía con ventanilla abierta. Lo que siguió fue un debate nacional sobre sobreposición con ejidos, comunidades indígenas, acuíferos y áreas naturales protegidas.

La Reforma Minera de 2023 impuso el primer corte estructural. Redujo el plazo máximo de las concesiones, reforzó el requisito de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) con pueblos indígenas, y estableció que el Servicio Geológico Mexicano tendría exclusividad en la exploración de nuevas zonas. El resultado inmediato fue una caída del 11.5% en inversión en exploración durante 2024, según datos de CAMIMEX. Las empresas no frenaron por falta de capital: frenaron porque el marco jurídico para nuevas concesiones se volvió incierto.

A eso se suma la cancelación activa de títulos. La Secretaría de Economía revocó concesiones en zonas decretadas como áreas de protección, en territorios donde no se acreditó la consulta indígena y en proyectos que no acreditaron el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos. El resultado neto es que el territorio concesionado a la minería pasó de representar cerca del 13% al 6% del territorio nacional. Doce millones de hectáreas que salieron del inventario disponible para el sector.

Qué implica para la inversión en exploración

Para un analista en Toronto o un director técnico en Hermosillo, el dato no es solo político. La exploración minera funciona por probabilidades: se trabajan cientos de propiedades para encontrar un depósito económicamente viable. Cuando el territorio disponible se contrae a la mitad, la matemática del descubrimiento cambia. México ya registraba una caída sostenida en gasto exploratorio: de un pico de más de US$700 millones anuales a mediados de la década pasada, cayó a rangos de US$300-350 millones en los últimos años.

Con menos hectáreas concesionables y un proceso de obtención de títulos que ahora exige más pasos, más tiempo y más riesgo de impugnación, el capital de exploración seguirá migrando. Perú y Chile mantienen marcos más predecibles. Argentina, con su Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), está captando flujos que antes apuntaban a México. El Fraser Institute ya lo registró: México subió del lugar 74 al 49 en su índice de atracción de inversión 2024, pero sigue en el lugar 6 de América Latina. La mejora es real, pero el punto de partida era muy bajo.

Para las empresas que ya operan en el país, la reducción de territorio concesionado no afecta directamente sus títulos vigentes. Newmont en Peñasquito, Grupo México en Buenavista del Cobre, Fresnillo PLC en Saucito y Juanicipio: todos mantienen sus concesiones activas. El golpe lo absorben las juniors de exploración, las empresas que dependen de identificar y desarrollar nuevas propiedades. Son ellas las que alimentan el pipeline de proyectos que en diez o quince años se convierten en minas productivas.

La SCJN: el factor que puede reescribir todo

Hay un elemento que el mercado sigue de cerca y que aún no ha resuelto: los amparos constitucionales contra la Reforma Minera de 2023 siguen pendientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CAMIMEX y varias empresas impugnaron aspectos específicos de la reforma, incluyendo la exclusividad del SGM en exploración y los cambios en los plazos de concesión. Si la SCJN resuelve a favor del sector —aunque sea parcialmente— algunos de los mecanismos que aceleraron la contracción territorial podrían quedar sin efecto jurídico.

Es un riesgo de dos caras. Para el gobierno, una resolución adversa de la Corte obligaría a reformular la política minera en plena negociación bilateral con Estados Unidos. Para las empresas, una resolución favorable podría abrir nuevamente la puerta a concesiones que hoy están bloqueadas, pero no garantiza que el proceso administrativo sea más rápido ni que la SEMARNAT cambie su posición sobre las áreas de protección. La norma y su aplicación son cosas distintas en México.

El giro Sheinbaum y sus límites

La administración de Claudia Sheinbaum ha mandado señales distintas a las de su predecesor. La reducción del backlog de permisos en Zacatecas —de 25 expedientes estancados a 5 en 2025— fue un movimiento concreto, no cosmético. El Plan México-EUA de Minerales Críticos firmado el 4 de febrero de 2026 es la señal más clara de que el gobierno entiende al sector minero como instrumento de política exterior y seguridad energética, no solo como fuente de renta fiscal.

Pero la reducción territorial ya ocurrió. La administración Sheinbaum heredó un mapa concesionario más pequeño y, hasta ahora, no ha anunciado un mecanismo para reabrir zonas canceladas. El modelo mixto para litio —que combina inversión privada con participación estatal— es pragmático, pero aplica a un mineral específico con una lógica distinta. Para el grueso del sector —plata, cobre, oro, zinc— la pregunta es si el gobierno abrirá nuevas áreas a concesión o si el territorio disponible se mantendrá en este nivel como piso estructural de la nueva política minera.

Sonora y Zacatecas: los estados que más sienten el ajuste

Sonora concentra cerca del 45% de la producción minera nacional. La mayor parte de esa producción viene de proyectos ya desarrollados: Buenavista del Cobre, Las Chispas, La Caridad. El problema está en la siguiente generación de proyectos. Con menos territorio concesionado en el norte del país, las empresas que exploraban en los flancos de la Sierra Madre Occidental enfrentan un inventario reducido de propiedades disponibles.

Zacatecas es el segundo estado más expuesto. Produce el 33% de la plata nacional y alberga operaciones de clase mundial: Peñasquito, Saucito, Juanicipio, Camino Rojo. Pero Zacatecas también concentra conflictividad social y presión de comunidades sobre concesiones existentes. La reducción del territorio concesionado, sumada a las alertas de seguridad que emitió TD Cowen sobre la región y al secuestro de trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa en enero de 2026, construye un perfil de riesgo que los inversionistas institucionales ya están incorporando en sus modelos.

Lo que el dato de producción no alcanza a compensar

México cerró 2024 con un valor de producción minera de US$17,500 millones, un incremento del 15.9% respecto al año anterior, según el Informe Anual 2025 de CAMIMEX. El país produjo una de cada cuatro onzas de plata del mundo. Las exportaciones mineras alcanzaron US$17,800 millones, convirtiendo al sector en el sexto generador de divisas del país. Los números de corto plazo son sólidos.

El riesgo está en el mediano plazo. Un pipeline de exploración que no se renueva hoy es una brecha de producción en 2035. Las minas actuales tienen vida útil definida. Peñasquito, la mayor mina de oro de México, tiene reservas para seguir operando, pero no de forma indefinida. Si el territorio disponible para identificar el siguiente Peñasquito se redujo a la mitad, la probabilidad de encontrarlo también bajó, aunque no proporcionalmente. La geología no cambió; lo que cambió es el acceso legal al suelo.

Reducir el territorio concesionado puede ser una política legítima de ordenamiento territorial. También puede ser el inicio de una contracción estructural en la capacidad productiva minera de México. La diferencia entre una y otra depende de si el gobierno establece un marco claro, predecible y ejecutable para las concesiones que quedan. Hasta ahora, ese marco sigue siendo la asignatura pendiente.