Permisos ambientales paralizan miles de millones en inversión minera mexicana

La minería mexicana arrastra un rezago de permisos que ya tiene nombre y apellido en las salas de juntas de Toronto, Vancouver y Ciudad de México: miles de millones de dólares en proyectos bloqueados, no por falta de mineral ni de capital, sino por una burocracia que no ha podido sincronizarse con la ambición del sector. El diagnóstico no es nuevo, pero la dimensión del problema sí se ha vuelto más difícil de ignorar.

El cuello de botella que frena la inversión real

México terminó 2024 con una inversión minera de US$5,060 millones, según CAMIMEX, y un valor de producción de US$17,500 millones, el más alto de su historia. Esos números impresionan hasta que se comparan con lo que podría haberse ejecutado si los permisos ambientales, de uso de suelo y de agua hubieran fluidoe de manera ordenada. La brecha entre lo proyectado y lo ejecutado no es marginal: en algunos estados, proyectos con Manifestaciones de Impacto Ambiental presentadas desde 2021 siguen sin resolución definitiva de SEMARNAT.

Chihuahua concentra parte de ese estancamiento. El estado, que aporta alrededor del 12% de la producción nacional con minerales como plata, zinc y plomo, tiene proyectos en zonas con alta conflictividad por agua y territorio que han prolongado los tiempos de resolución administrativa más allá de los plazos legales establecidos. No es el único estado afectado, pero su perfil lo convierte en un termómetro confiable del estado de la regulación minera mexicana.

La Reforma Minera de 2023, bajo el gobierno de López Obrador, reconfigurió el tablero sin construir la institucionalidad necesaria para ejecutarla. El fortalecimiento del SGM como actor de exploración, la reducción de plazos de concesión y las nuevas exigencias de Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) con comunidades indígenas añadieron capas de complejidad sin añadir capacidad resolutiva. El resultado: exploración cayó 11.5% en 2024 respecto al año anterior, según datos del sector.

Lo que heredó Sheinbaum y lo que ha movido

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado señales más pragmáticas que su antecesor, y hay evidencia concreta de ello. El backlog de permisos en Zacatecas se redujo de 25 expedientes críticos a 5 durante 2025, una mejora operativa que CAMIMEX reconoció en su comunicación con el sector. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, anunciado el 4 de febrero de 2026 y negociado con participación de la Secretaría de Economía bajo Marcelo Ebrard, marca un giro estratégico: México quiere posicionarse como proveedor confiable en cadenas USMCA, y para eso necesita minas que produzcan, no expedientes que duerman.

Pero el avance en Zacatecas no se ha replicado con la misma velocidad en Chihuahua, Sonora o Guerrero. Cada estado tiene su propio ecosistema regulatorio, su propia relación con la autoridad federal y sus propios conflictos territoriales activos. Sheinbaum heredó un sistema fragmentado y lo está gestionando caso por caso, lo cual funciona para apagar incendios, pero no construye certeza jurídica de largo plazo.

La certeza jurídica es exactamente lo que los inversionistas institucionales miden antes de comprometer capital en jurisdicciones emergentes. El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en su índice de percepción de políticas mineras para 2024, un salto desde el lugar 74 del año anterior. Es progreso real. Pero el lugar 6 en América Latina, por detrás de Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia en distintas métricas, revela que la competencia por capital minero en la región no perdona la lentitud administrativa.

Sonora y la ecuación del cobre crítico

Mientras el debate de permisos se concentra mediáticamente en Chihuahua, el estado que más tiene que perder en el corto plazo es Sonora. El estado aporta aproximadamente el 45% de la producción nacional, con Buenavista del Cobre de Grupo México y La Caridad como anclas productivas. La demanda global de cobre para transición energética —cables, transformadores, vehículos eléctricos— no esperará a que México resuelva sus procesos internos.

Freeport-McMoRan, BHP y Glencore están acelerando proyectos en Perú, Chile y República Democrática del Congo precisamente porque esos países, con todos sus problemas, han reducido sus tiempos de permiso para proyectos de cobre. Si Sonora no puede ampliar su capacidad instalada en la ventana 2026-2030, perderá participación en un mercado que la necesita pero que no esperará.

La Ley de Aguas 2026 añade otra capa de incertidumbre. Las nuevas obligaciones de gestión hídrica, especialmente críticas en una entidad donde el agua es escasa y políticamente sensible, implicarán revisiones de permisos existentes y nuevos requerimientos para proyectos en trámite. Grupo México ya tuvo que calibrar su estrategia hídrica en Buenavista del Cobre tras el derrame de 2014 y sus consecuencias regulatorias. La presión normativa no ha disminuido.

El amparo de las empresas y la SCJN como variable pendiente

Hay un factor que el mercado monitorea con discreción pero con atención sostenida: la resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera 2023. Varias empresas presentaron amparos contra los cambios más restrictivos de esa reforma, particularmente los relacionados con el monopolio del SGM en exploración y la modificación de los plazos de concesión. La Suprema Corte no ha emitido una resolución definitiva.

Esa pendiente legal es más que un tecnicismo jurídico. Si la SCJN valida la reforma en sus puntos más controversiales, las empresas deberán adaptarse a un marco que reduce su autonomía operativa. Si la invalida parcialmente, el gobierno tendrá que renegociar las condiciones bajo las cuales opera el sector. Cualquiera de los dos escenarios tendrá implicaciones directas sobre permisos en trámite, concesiones vigentes y nuevas solicitudes.

Los corporativos mineros con operaciones en México —Newmont en Peñasquito, MAG Silver en Juanicipio, Torex Gold en Guerrero— tienen equipos legales siguiendo ese proceso. No porque desconfíen del sistema judicial mexicano, sino porque una decisión de la SCJN puede mover plazos, redefinir obligaciones y alterar la ecuación financiera de proyectos que ya tienen comprometido capital.

Traducción directa: ¿cuánto vale cada mes de retraso?

Un proyecto de mediana escala en México, con producción proyectada de 50,000 onzas de oro anuales al precio actual, genera entre 150 y 170 millones de dólares en ingresos por año. Cada mes de retraso por permiso no resuelto equivale a entre 12 y 14 millones de dólares en producción no realizada. Multiplicado por los proyectos actualmente en espera de resolución en Chihuahua, Sonora y Guerrero, el número agregado supera con holgura los miles de millones que el título de esta situación sugiere.

CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ha escalado el problema ante la Secretaría de Economía con un argumento concreto: México no puede aspirar a ser proveedor estratégico de minerales críticos para Norteamérica si sus tiempos de permiso superan los de competidores regionales. El argumento resuena con la lógica del Plan de Minerales Críticos, pero la transformación institucional necesaria para reducir esos tiempos de forma sistémica no ocurre en trimestres.

El gobierno de Sheinbaum tiene voluntad política visible. Lo que falta es traducir esa voluntad en capacidad resolutiva dentro de SEMARNAT, en coordinación efectiva con los gobiernos estatales y en un marco legal que las empresas puedan leer sin ambigüedad. Mientras eso no ocurra, los miles de millones seguirán en pausa —y la competencia por capital minero global no esperará a que México termine de decidir qué tipo de industria minera quiere ser.