Perú y Chile lideran cartera minera regional de US$ 293.000 millones

Latinoamérica tiene sobre la mesa una cartera de inversiones mineras por US$293,000 millones. Es un número que impresiona hasta que se mira dónde está concentrado: Perú y Chile acaparan alrededor de un tercio de ese total. Dos países, dos sistemas regulatorios distintos, un mismo mensaje para el capital global: aquí está el cobre, el litio y la plata que el mundo necesita para su transición energética. La pregunta que no responde la cifra sola es si esa inversión llegará a materializarse, o si quedará atrapada —como ha ocurrido antes— entre la permisología, la conflictividad social y la extracción ilegal que erosiona los territorios antes de que llegue el capital formal.

Una cartera regional que define jerarquías

Francisco Lecaros, presidente de la Alianza Minera de América Latina (ALMA), fue directo al evaluar el estado del sector: la región concentra oportunidades de inversión extraordinarias, pero enfrenta obstáculos estructurales que frenan su conversión en producción real. La cartera regional de US$293,000 millones no es un dato teórico: incluye proyectos en distintas etapas de desarrollo, desde exploración avanzada hasta construcción, distribuidos en más de una docena de países. Que Perú y Chile representen cerca del 33% de esa masa total no es casual. Es el resultado de décadas de inversión en geología, infraestructura y —con tropiezos considerables— marcos regulatorios que, pese a sus tensiones, siguen siendo los más reconocidos por el capital institucional en la región.

Chile aporta a esa cartera desde una posición singular: es el mayor productor de cobre del mundo, con aproximadamente el 27% de la producción global, y el segundo de litio. Su valor de producción minera superó los US$55,000 millones en 2024, y la minería representa más del 60% de sus exportaciones totales. Ese peso macroeconómico le da al sector chileno una inercia que otros países envidian: los proyectos avanzan —aunque con lentitud— porque el Estado tiene razones fiscales concretas para que avancen. En Perú, el perfil es comparable en cobre y plata, con una posición como tercer productor mundial de plata y décimo de oro. Juntos, estos dos países forman el eje duro de la minería latinoamericana.

El cobre chileno: masa crítica con señales de fatiga

Para Chile, la relevancia de ese tercio de la cartera regional se entiende mejor cuando se observa el estado de su producción actual. Codelco, la estatal que produce aproximadamente 1.5 millones de toneladas de cobre al año y que es la mayor productora de cobre del mundo, lleva varios años en una crisis de producción que se ha vuelto difícil de disimular. Sus yacimientos maduros requieren inversiones de reposición masivas —se habla de más de US$40,000 millones en la próxima década— y la empresa acumula retrasos en proyectos estructurales como Rajo Inka y el distrito El Teniente. Esa brecha de producción no es un problema solo de Codelco: es una señal de que Chile necesita que la cartera privada se active para sostener su posición global.

BHP opera en Chile la mina Escondida, la mayor del mundo en producción de cobre, y Teck completó el ramp-up de Quebrada Blanca Phase 2 en 2024-2025. Anglo American tiene comprometida una expansión subterránea en Los Bronces por más de US$3,000 millones. Antofagasta Minerals avanza en Centinela y Los Pelambres. Esos proyectos existen, pero su ritmo de ejecución depende de variables que el gobierno no controla del todo: precio del cobre en el LME, costo de la energía, disponibilidad hídrica en el norte del país y estabilidad regulatoria. Desde el giro pro-mercado del gobierno del presidente Kast en 2025, la percepción del riesgo regulatorio ha mejorado. Pero la nueva estructura de royalty minero, con tasa progresiva sobre el margen operacional, sigue generando debate entre operadores y analistas de renta variable.

Permisología e ilegalidad: los dos frenos que no aparecen en los modelos financieros

Lecaros fue preciso al identificar dos obstáculos que limitan la conversión de cartera en producción. El primero es la permisología. En Chile, obtener los permisos para desarrollar un proyecto de gran escala puede tomar entre ocho y doce años, contando desde el inicio de la exploración hasta la primera piedra. Ese plazo no es un problema menor: en un entorno de tasas de interés elevadas y competencia global por el capital de riesgo, un proyecto que tarda una década en entrar en producción compite en desventaja frente a jurisdicciones más ágiles. Australia, Canadá y partes de África del Sur han reducido esos plazos con reformas que Latinoamérica observa pero no ha replicado con consistencia.

El segundo freno es la minería ilegal. Su avance en la región no es solo un problema de seguridad pública: es un problema económico con impacto directo en la competitividad del sector formal. La extracción ilegal degrada ecosistemas, contamina cuencas hídricas, expulsa comunidades y, en muchos casos, financia estructuras criminales que luego generan conflictividad contra proyectos formales. En Perú, la minería ilegal en Madre de Dios y en corredores auríferos del sur ha costado al Estado miles de millones en evasión fiscal y ha dañado la reputación del sector frente a inversionistas ESG. Chile enfrenta una presión menor, pero creciente, en zonas de frontera con Bolivia y en pequeña minería artesanal no regulada.

El capital que observa y el capital que decide

La cartera de US$293,000 millones en Latinoamérica existe sobre el papel, pero su materialización depende de una cadena de decisiones que va desde el directorio de una minera en Toronto o Melbourne hasta la mesa de una comunidad andina. Para el capital institucional que sigue los mercados desde el TSX o el NYSE, Chile y Perú ofrecen algo que pocas jurisdicciones pueden igualar: geología de clase mundial con infraestructura funcional y acceso a puertos. Eso es una ventaja difícil de replicar en el corto plazo.

Pero el capital también lee otra señal: la concentración de la cartera en dos países implica dependencia. Si Codelco retrasa un proyecto estructural o si una oleada de conflictos sociales paraliza permisos en el sur de Perú, el impacto sobre el precio del cobre es global y casi inmediato. Los analistas de materiales en bancos de inversión de Nueva York y Londres tienen eso muy presente. El mercado de cobre opera con márgenes de reserva muy ajustados: cualquier interrupción relevante en Chile o Perú mueve el precio en el LME en cuestión de horas.

Para las empresas que operan en Chile, la señal más importante del dato de ALMA no es el tamaño de la cartera regional: es la urgencia de que esa cartera avance. Codelco no puede seguir siendo la única palanca de producción nacional mientras sus proyectos de reposición acumulan demoras. La inversión privada —BHP, Teck, Anglo American, Antofagasta— necesita un entorno de permisos más ágil y una certeza regulatoria que vaya más allá del ciclo político. El royalty 2024 fue un ajuste que la industria absorbió; otro movimiento en la misma dirección, sin acompañarse de reformas en permisología, podría cambiar la ecuación de rentabilidad de proyectos que hoy están en evaluación.

Lo que ALMA le dice al resto de la región

Que Perú y Chile concentren un tercio de la cartera regional dice algo sobre el resto: Colombia, Ecuador, Argentina y Bolivia tienen carteras en desarrollo que no logran generar la tracción suficiente para competir por el mismo capital. Ecuador avanza en Mirador y Fruta del Norte, pero su marco de seguridad jurídica sigue siendo una limitante. Argentina tiene el RIGI hasta 2027 y litio en el Triángulo, pero la inestabilidad macro histórica pesa en los modelos de riesgo. Bolivia tiene reservas de litio cuantiosas y una incapacidad demostrada para convertirlas en producción comercial.

Esa concentración no es un problema solo de esos países. Es un problema del sector regional completo: cuando dos jurisdicciones concentran el grueso del capital y cualquier interrupción en ellas impacta la oferta global, toda la región pierde capacidad de negociación frente a los mercados de consumo en Asia y Europa. La agenda que ALMA plantea —agilizar permisos, combatir la ilegalidad, generar certeza regulatoria— no es una lista de deseos. Es el mínimo indispensable para que esos US$293,000 millones no sigan siendo, dentro de diez años, una cifra que se repite en foros sin convertirse en producción.

Chile tiene la geología, la infraestructura y, con el giro reciente del gobierno, una ventana regulatoria que no tenía hace tres años. Usarla requiere velocidad. El capital que hoy evalúa Latinoamérica no espera.