Newmont extrajo casi 29 de cada 100 onzas de oro producidas en México en 2022 desde un cráter en Zacatecas. La empresa reportó 1,900 millones de dólares en ingresos de Peñasquito ese año —combinando oro, plata, zinc y plomo— y transfirió la mayor parte de esa riqueza a Denver, Colorado, donde tiene su sede. El debate sobre soberanía minera que eso genera no es nuevo. Lo nuevo es el contexto en que ocurre: precios del oro rozando los 3,300 dólares por onza, un gobierno federal más pragmático con el sector, y una presión geopolítica que convierte a los minerales en moneda de negociación entre países. La pregunta sobre quién se queda con el oro mexicano ya no es solo simbólica. Tiene un número.
Peñasquito: el peso real de una mina que produce más que muchos países
Peñasquito comenzó operaciones en 2010 bajo Goldcorp y pasó a manos de Newmont en 2019 cuando la corporación estadounidense ejecutó la mayor fusión de su historia: 10,000 millones de dólares por la canadiense. La mina, ubicada en el municipio de Mazapil al norte de Zacatecas, no es solo la mayor productora de oro en México —con cerca del 30% de la producción nacional aurífera— sino también uno de los yacimientos polimetálicos más complejos del continente. Produce oro, plata, zinc y plomo de forma simultánea, lo que estabiliza su flujo de caja frente a la volatilidad de cualquier metal individual.
Las reservas certificadas garantizan al menos dos décadas adicionales de operación. Con el gold price actual, eso equivale a una mina que seguirá siendo relevante mucho después de que México defina su próximo modelo de desarrollo minero. Cada año de operación genera alrededor de 2,800 empleos directos en Mazapil, una zona que antes de 2010 tenía una economía ganadero-agrícola de subsistencia. El impacto regional es real. El debate está en qué porcentaje del valor generado se queda en Zacatecas, cuánto sube a la Federación vía derechos e impuestos, y cuánto sale del país.
CAMIMEX documentó que el sector minero pagó MX$45,300 millones en impuestos y derechos durante 2024. Peñasquito, como la mina de mayor producción en el país, contribuye de forma significativa a esa cifra. Pero los inversores de Newmont —en Nueva York, Toronto y Londres— capturan el upside del precio del oro. Esa es la estructura del modelo concesionario que México eligió hace décadas y que ningún gobierno ha modificado de raíz.
El modelo que nadie cambia y todos critican
México opera bajo un régimen de concesiones mineras que data, en su arquitectura esencial, de la Ley Minera de 1992. El Estado otorga derechos de exploración y explotación a cambio de regalías, impuestos sobre utilidades y el derecho especial sobre minería creado en 2013 —una regalía del 7.5% sobre utilidad antes de intereses, depreciación e impuestos—. El modelo atrajo inversión extranjera de manera consistente: 5,060 millones de dólares en 2024, según CAMIMEX. También dejó fuera del país la mayor parte del valor agregado.
Nacionalizar no es la respuesta obvia. Bolivia intentó el control estatal del litio y lleva cinco años sin producción comercial. Los proyectos de YPFB en litio demuestran que el capital estatal sin expertise técnico produce anuncios, no toneladas. México lo sabe. Por eso el gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por un pragmatismo diferente: el Plan México-Estados Unidos de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026, busca que México ascienda en la cadena de valor —refinación, procesamiento, manufactura de componentes— sin expulsar al capital privado que extrae.
Es una apuesta inteligente. También es difícil de ejecutar. Requiere infraestructura de procesamiento que México no tiene a escala industrial, formación técnica especializada que toma años construir, y la confianza de empresas como Newmont para reinvertir en etapas más complejas cuando pueden simplemente exportar concentrados y dejar el valor agregado para otros.
Lo que el precio del oro cambia —y lo que no
El rally del oro desde finales de 2024 redistribuye márgenes de forma significativa. Con el metal cotizando entre 3,000 y 3,300 dólares por onza —niveles que ningún modelo financiero de las grandes mineras proyectó hace tres años—, los costos de producción de Peñasquito representan una fracción menor del ingreso por ventas. Eso infla las utilidades de Newmont. Y también incrementa la base sobre la que Mexico cobra el derecho especial minero del 7.5%.
El tipo de cambio agrega una capa adicional. Las exportaciones mineras mexicanas se facturan en dólares, pero los costos operativos —mano de obra, energía, servicios locales— se pagan en pesos. Un peso más débil frente al dólar comprime los costos reales de las mineras extranjeras que operan en México, elevando sus márgenes sin que hagan nada. En 2024, la depreciación gradual del peso generó un subsidio implícito para los exportadores mineros que pocos análisis cuantifican con precisión.
Para México como nación productora, eso es una oportunidad perdida de capturar más valor por contrato. Para Zacatecas como estado, significa que la bonanza del oro se ve en los titulares pero no necesariamente en el presupuesto estatal de salud o infraestructura.
Zacatecas no es Dubai —y la comparación importa
La analogía con Dubai es editorialmente atractiva y analíticamente incorrecta. Dubai transformó sus ingresos petroleros en infraestructura, turismo, servicios financieros y posicionamiento logístico global mediante un fondo soberano con gobernanza clara y una estrategia de décadas. El éxito emiratí no vino de tener petróleo, sino de decidir qué hacer con la renta petrolera antes de que se agotara.
Zacatecas —el estado más emblemático de la bonanza minera mexicana— registra al mismo tiempo índices de inseguridad entre los más altos del país, déficits en infraestructura carretera y presiones fiscales que contradicen la idea de una región que prospera con sus recursos. Peñasquito existe en Mazapil, a más de cuatro horas de Zacatecas capital. La derrama económica local es real pero localizada. La pregunta no es si México puede ser el nuevo Dubai, sino si tiene los mecanismos institucionales para convertir la renta minera en desarrollo estructural.
Por ahora, no los tiene en la forma necesaria. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros —creado en 2014 para canalizar parte de los derechos mineros a comunidades productoras— ha sido históricamente subejecutado. En algunos ejercicios fiscales, menos del 50% de los recursos asignados llegaron efectivamente a los municipios beneficiarios.
Lo que viene: precios altos, permisología y el factor crítico
Con el oro por encima de 3,000 dólares y la demanda de bancos centrales en niveles récord, Peñasquito opera en el mejor entorno de precios de su historia. Newmont tiene incentivos claros para extender la vida de la mina más allá de las dos décadas proyectadas, explorar extensiones del yacimiento y potencialmente invertir en expansión de capacidad.
El gobierno Sheinbaum redujo el backlog de permisos mineros en Zacatecas de 25 a 5 expedientes pendientes en 2026 —un cambio operativo concreto respecto al periodo 2019-2024—. Eso facilita la inversión en exploración. CAMIMEX reportó que la inversión total del sector alcanzó 5,060 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 15.9% en valor de producción frente a 2023. El entorno es favorable.
La variable que nadie controla es la ambiental. Peñasquito opera en una región semiárida donde el agua es escasa y el uso intensivo de este recurso por la minería genera conflictos recurrentes con comunidades agrícolas. Newmont afirma cumplir estándares internacionales de gestión hídrica. Múltiples organizaciones civiles documentan lo contrario. Si esa tensión escala a un conflicto regulatorio serio —como ocurrió con Southern Copper en Tía María, Perú— el impacto sobre la producción y la inversión puede ser inmediato y costoso.
México produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo y alrededor del 9% del oro latinoamericano desde Zacatecas. Tiene el yacimiento, la infraestructura y el precio a favor. Lo que le falta es decidir con precisión qué porcentaje de esa renta quiere capturar, cómo, y a través de qué mecanismos institucionales. Esa es la conversación que importa. No la analogía con Dubai.
