La geología de México nunca fue el problema. Con el 24% de la plata mundial, reservas de litio que superan los 243 millones de toneladas y una cadena minera que genera US$17,800 millones en exportaciones anuales, el subsuelo mexicano sigue siendo uno de los activos más sólidos del hemisferio. El problema es lo que ocurre por encima de él.
- La Reforma Minera de 2023 dejó una herida que todavía sangra
- Permisos: el cuello de botella que nadie quiere medir en público
- La licencia social no se negocia una vez
- Sinaloa marca el punto de quiebre en seguridad
- El giro Sheinbaum: pragmatismo con pendientes estructurales
- Lo que el capital ya está descontando
Un análisis reciente firmado por Pablo Méndez, Kevin Daniel Rico y Martín Miranda lo formula con precisión quirúrgica: los proyectos mineros en México no fracasan por falta de mineral. Fracasan porque la certeza no existe. Y sin certeza, el capital no espera.
La Reforma Minera de 2023 dejó una herida que todavía sangra
La reforma impulsada por la administración López Obrador transformó el régimen de concesiones, endureció los requisitos de consulta indígena y amplió las atribuciones del SGM como monopolio de exploración en nuevas zonas. La industria no protestó por el endurecimiento en sí — las reglas estrictas son administrables. Lo que desestabilizó el sector fue algo más difícil de medir: la ambigüedad interpretativa.
Cuando dos funcionarios de la misma dependencia aplican el mismo artículo de forma diferente, el proyecto no tiene un marco regulatorio — tiene una ruleta. La exploración cayó 11.5% en 2024, una señal que el capital temprano, el más sensible al riesgo regulatorio, ya había tomado nota. No se fue a otra zona geológica. Se fue a otra jurisdicción.
El backlog de permisos paralizados que heredó la administración Sheinbaum ilustra el daño acumulado. En Zacatecas — el estado que produce el 33% de la plata nacional y alberga operaciones de Newmont, Fresnillo PLC, Orla Mining y el JV San Nicolás de Agnico Eagle y Teck — la cola de proyectos detenidos llegó a 25 expedientes sin resolución. Para mediados de 2025, la nueva administración había reducido ese rezago a cinco. Es un avance real. Pero cada uno de esos expedientes representa meses o años de capital inmovilizado, equipos suspendidos y comunidades sin respuesta.
Permisos: el cuello de botella que nadie quiere medir en público
Un proyecto minero moderno puede tardar una década entre exploración avanzada y primera producción. Históricamente, ese plazo se justificaba con complejidad técnica: geología difícil, metalurgia compleja, infraestructura remota. Hoy, esos factores persisten, pero ya no son los que dictan el cronograma.
Lo que determina si una inversión llega a construcción es la capacidad del Estado para coordinar autorizaciones ambientales, permisos hídricos, cambios de uso de suelo y licencias municipales en un proceso paralelo y predecible. Cuando las dependencias trabajan en secuencia en lugar de en paralelo — cuando SEMARNAT espera a que la Comisión Nacional del Agua emita criterio antes de avanzar, y la CNA espera a que el municipio defina su plan de ordenamiento — el resultado es una carrera de obstáculos con reglas que cambian a mitad del recorrido.
El análisis de Méndez y sus coautores lo describe con exactitud: un permiso que “debería” tomar meses puede tomar años. La diferencia no es técnica. Es discrecionalidad administrativa. Y esa discrecionalidad, cuando no tiene límites formales ni plazos vinculantes, se convierte en el principal inhibidor de inversión en el sector.
Para empresas que cotizan en Toronto o Nueva York — Fresnillo PLC en LSE, Orla Mining en TSX, MAG Silver en NYSE — la incertidumbre en tiempos de permiso no es un inconveniente operativo. Es un argumento que aparece en las juntas de consejo cuando se compara México con Canadá, Australia o Chile. Fraser Institute lo midió: México subió al lugar 49 global en 2024 desde el 74 anterior. Pero el lugar 6 en América Latina, en una región que incluye jurisdicciones con sus propios problemas, no es un certificado de excelencia regulatoria.
La licencia social no se negocia una vez
El concepto de “licencia social para operar” lleva años en el vocabulario del sector, pero con frecuencia se traduce mal en práctica. Se trata como un requisito de entrada — una consulta previa, un acuerdo con el ejido, una reunión con la asamblea comunitaria — cuando en realidad es un proceso continuo que evoluciona con el liderazgo local, la política regional y las expectativas que cambian a lo largo de la vida del proyecto.
En México, donde el régimen ejidal crea estructuras de gobernanza comunitaria con alta rotación de liderazgo y procesos de toma de decisión colectivos, esto tiene consecuencias muy concretas. Una empresa que negoció acceso a terrenos en 2019 con una asamblea puede descubrir en 2024 que el nuevo comisariado ejidal no reconoce ese acuerdo — o lo reconoce, pero exige renegociar los términos de beneficio. Si la empresa trató la consulta como trámite y no como relación, llega a esa conversación sin capital político ni historial de confianza.
El resultado no es abstracto: es una orden de amparo, un bloqueo de acceso, o la suspensión de permisos bajo presión de actores locales. En Guerrero, Sinaloa y partes de Oaxaca, proyectos con estudios de factibilidad completos han quedado detenidos por conflictos comunitarios que eran prevenibles con una estrategia de relacionamiento más temprana y estructural.
Sinaloa marca el punto de quiebre en seguridad
El secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa en enero de 2026 no fue solo una tragedia humana. Fue una señal de alerta que recorrió las bolsas de Toronto y Nueva York en horas. TD Cowen elevó su alerta de riesgo para operaciones en Zacatecas y Chihuahua. CAMIMEX y el gobierno federal establecieron una mesa de seguridad. Pero las mesas de trabajo no reemplazan la presencia territorial del Estado.
El análisis de Méndez y sus coautores articula algo que la industria sabe pero rara vez dice en documentos públicos: el crimen organizado no es un riesgo reputacional. Es un factor operativo. Define dónde pueden moverse las personas, cómo se transporta el mineral, qué contratistas pueden operar en qué municipios y cuáles cadenas de suministro permanecen viables. Cuando la seguridad se deteriora, la pregunta no es cómo optimizar producción. Es si la operación puede continuar.
Para Grupo México en Sonora, para Torex Gold en Guerrero, para First Majestic en Sinaloa y Durango, esto no es hipotético. Es parte del análisis de riesgo operativo que sus equipos actualizan cada trimestre. El costo no aparece en una línea del estado de resultados — se distribuye en logística alternativa, personal de seguridad, seguros especializados y, en algunos casos, en la decisión de no avanzar a la siguiente fase de desarrollo.
El giro Sheinbaum: pragmatismo con pendientes estructurales
La administración Sheinbaum ha dado señales concretas de un cambio de orientación. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, anunciado el 4 de febrero de 2026, posiciona a México como proveedor estratégico de la cadena de valor de electrificación norteamericana. Marcelo Ebrard ha negociado en Washington un acuerdo bilateral que integra la producción minera mexicana en los estándares USMCA. El modelo mixto público-privado para litio — que contrasta con la nacionalización de AMLO — abre la puerta a capital institucional que había descartado el sector.
Estos son movimientos de fondo, no cosmética política. Pero el cambio regulatorio pendiente ante la SCJN sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera de 2023 sigue sin resolverse. Mientras esa incertidumbre jurídica permanezca abierta, los amparos presentados por empresas del sector quedan en suspenso y el marco legal que rige nuevas concesiones no tiene firmeza definitiva. Ninguna estrategia de minerales críticos puede construirse sobre una base legal en disputa.
La Ley de Aguas de 2026, con nuevas obligaciones de gestión hídrica para operaciones mineras, agrega otra capa de cumplimiento que todavía no tiene criterios de aplicación uniformes. En un estado como Sonora, donde Buenavista del Cobre de Grupo México ya enfrentó presión regulatoria por gestión hídrica, la pregunta no es si la ley aplica — es cómo, cuándo y con qué estándar la aplican las autoridades.
Lo que el capital ya está descontando
La inversión minera en México alcanzó US$5,060 millones en 2024, según CAMIMEX. Es una cifra sólida que refleja el compromiso de operadores establecidos con activos en producción. Pero la inversión en exploración — el indicador que mide la confianza en el futuro, no en el presente — cayó. Esa divergencia es la señal real: las empresas con minas en operación siguen invirtiendo porque ya tienen los activos. Las empresas que evalúan entrar al país están esperando.
Esperando que la SCJN resuelva. Esperando que los criterios de permiso se estabilicen. Esperando que la situación de seguridad en Sinaloa y Zacatecas encuentre un equilibrio que permita planificar con horizonte de diez años. Esa espera tiene un costo que no aparece en ninguna estadística oficial: es la mina que no se construyó, el empleo que no se creó, la divisa que no llegó.
México tiene el subsuelo. Lo que construya por encima de él en los próximos 24 meses — en certeza jurídica, coordinación institucional y presencia del Estado en territorios mineros — determinará si el país captura el ciclo de minerales críticos o lo observa desde la tribuna.
