España.- La Junta de Andalucía ha declarado desierto, por falta de ofertas, el mayor contrato de explotación minero-metalúrgica que se había puesto en marcha en la Administración autonómica desde su configuración. Más de 34.000 hectáreas repartidas en 25 municipios de la provincia estaban pendientes de saber si había alguna iniciativa privada dispuesta a explotar alguna de las cuadrículas mineras.
Buena parte de los terrenos estaban catalogados para áridos, cuarzo o arcillas, necesarios en un momento en el que la construcción vuelve a necesitar materia prima. Sin embargo, entre las zonas que estaban a concurso se encontraba la gran franja de Gala Morena. Divida en tres lotes, se trata de 22.000 metros cuadrados que ocupan los términos municipales de Adamuz, Montoro, Cardeña, Pozoblanco, Vilanueva o Añora. Ubicaciones limítrofes o ubicadas dentro de zonas naturales protegidas donde se estima que existen metales mucho más valiosos. En concreto, oro, plata, wolframio (también conocido como tungsteno), tierras raras (elementos químicos usados en la fabricación de alta tecnología), zinc y cobre.
La actividad necesita inversiones millonarias sólo para encontrar una veta viable
No es la primera vez que Gala Morena sale al mercado en un momento en el que la Junta de Andalucía está realizando un esfuerzo relevante por encontrar empresas que se dediquen a una actividad que exige de inversiones millonarias solamente para encontrar una veta viable que extraer. Entre 2008 y 2014, el Gobierno andaluz concedió distintos permisos de investigación y extracción de metales preciosos aunque el que se encuentra más avanzado es el de la empresa Minera Águila, que está culminando el desarrollo de los permisos para encontrar oro, plata y bronce en Sierra Morena. Hace años, una empresa del sector decidió retirarse, cuando ya tenía las licencias mineras. Se encontró con serios problemas con la Consejería de Medio Ambiente que nunca autorizó lo que la Consejería de Empleo le había permitido.
Lo que ocurre ahora es que las cuadrículas mineras quedarán en estado durmiente. Aunque no formen parte de ningún procedimiento competitivo, las empresas interesadas en un futuro en su explotación podrán acudir a la Administración autonómica con una propuesta de investigación. Se trata de procesos larguísimos en los que se realizan prospecciones que pueden conllevar, o no, iniciativas de explotación, con la necesidad de enormes inversiones.
