Ciudad de México.- La falta de certeza jurídica y nuevos impuestos, aunado a una caída en el precio de los metales industriales y preciosos a nivel internacional en los últimos 5 años, han alejado la inversión extranjera de la industria minera en México.
La encuesta a empresas mineras del Instituto Fraser a 2016, reveló que México se encuentra en el lugar 50 de un total de 104 en el índice de atracción de inversiones. En 2011, el país se colocaba en la posición 11.
De acuerdo con el Instituto, el índice se construye al combinar el índice que mide el atractivo geológico de una región con el de Percepción de Política, un indicador que registra los efectos de la política del gobierno, como regulaciones, niveles de tributación y calidad de infraestructura, sobre las actitudes hacia la inversión en exploración.
La información coincide con los datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), que en 2016 registró inversiones que sumaron 4,700 millones de dólares, un retroceso de 16% frente a 2011.
“El resultado de los indicadores negativos en los últimos años se explica, principalmente, por la baja internacional del precio de los metales y por las medidas fiscales para la minería desde 2014”, señaló Daniel Chávez, presidente de la Camimex.
PRECIOS E IMPUESTOS
Dentro de las nuevas medidas fiscales destacan: el recién creado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros (2014), que recauda 7.5% de los ingresos de las empresas mineras y la eliminación de la deducción fiscal de las erogaciones preoperativas para exploración.
Además de la caída en el precio internacional de los metales, que de acuerdo con el World Bank Commodity Price Data y el London Metal Exchange, que en el último lustro el precio del oro bajó 20%, la plata 51%, mientras que el valor del cobre y el plomo descendió 36% y 22%, respectivamente.
“La Industria Minera requiere de importantes inversiones, sujetas a la volatilidad de los precios de los metales y minerales con altos riesgos geológicos y técnicos”, refierió la Camimex, quien propone que para hacer más atractivo al país se debe dar seguridad jurídica a los inversionistas, garantizar el acceso a la tierra (siempre y cuando se cumplan con las leyes y reglamentos) y mitigar la inseguridad en las regiones donde se realicen las inversiones.
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