El municipio de Juárez se verá beneficiado con la mayor parte de los impuestos que cobre la Federación a la empresa Samalayuca Cobre por los derechos sobre minería, que iniciará operaciones este año para explotar dos minas en el poblado.
Las reformas aprobadas recientemente a la Ley Federal de Derechos establecen que el 80 por ciento del gravamen se destina al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá en un 62.5 por ciento a los municipios en los que tuvo lugar la explotación, y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa.
El gobernador del estado, César Duarte Jáquez, anunció el jueves una inversión de 4 mil millones de dólares para este año y el siguiente en Samalayuca, luego de que el Gobierno federal otorgó los permisos para explotar dos minas en esa zona.
De acuerdo con la ley, los recursos que sean otorgados a las autoridades municipales y estatales a través de este fondo deberán ser utilizados para inversión física con un “impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”. (Martha Elba Figueroa)
Lo anterior, se precisó, debe incluir la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público.
También rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos y mejora de calidad del aire.
Además de obras que preserven áreas naturales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, y que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.
Javier Meléndez Cardona, ex presidente seccional de Samalayuca, dijo la inversión para explotar las minas es de capital binacional, 65 por ciento mexicano y 35 por ciento canadiense. La empresa se llama Samalayuca Cobre.
Refirió que se trata de una mina de cobre que se explotaba a finales de los años 70 y que el pasado 15 de enero la autoridad federal eliminó una restricción de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que impedía explotar esa veta, por encontrarse en una reserva natural.
El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integra con los recursos de tres derechos: el primero establece que los titulares de concesiones y asignaciones pagarán anualmente el derecho especial sobre minería, aplicando la tasa del 7.5 por ciento a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, las deducciones permitidas.
El segundo señala que los concesionarios pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino.
En tercer lugar se dispone una cuota adicional cuando las empresas no lleven a cabo acciones de extracción y exploración, pero que permanezcan en el lugar por más de dos años.
Para aplicar estos recursos, la ley establece que se se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras , el cual estará integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del comité.
También un representante del Gobierno del Estado o del Distrito Federal y otro del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras.
“En los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación”, se concluye.
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