Doe Run Perú: US$ 16 millones congelados en fideicomiso ambiental genera disputa legal

Más de US$16 millones retenidos en un fideicomiso ambiental, una fundición paralizada desde 2009 y una disputa legal que lleva años sin resolución: el caso Doe Run Perú vuelve al centro del debate sobre responsabilidad ambiental en la minería peruana. La designación de Marco Eusebio Chávez Magan como nuevo liquidador de Doe Run Perú (DRP) no es un trámite administrativo menor. Es el último movimiento en una partida que involucra el cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), garantías de cierre de operaciones y una orden de retención que mantiene bloqueados los fondos que debieron servir para remediar uno de los pasivos ambientales más complejos del país.

El fideicomiso PAMA: dinero que existe pero no llega

La arquitectura del conflicto es sencilla en su descripción, pero intratable en su ejecución. Doe Run Perú constituyó un fideicomiso con recursos destinados al cumplimiento del PAMA de La Oroya, el complejo metalúrgico ubicado en la sierra central del país, a unos 170 kilómetros de Lima, a más de 3,700 metros sobre el nivel del mar. Ese dinero existe. Está contabilizado. Supera los US$16 millones. Y no puede moverse.

Una orden de retención judicial mantiene congelados los fondos mientras el proceso de liquidación de la empresa sigue su curso. El nuevo liquidador solicitó una reunión con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) precisamente para explorar si existe algún mecanismo que permita liberar esos recursos y canalizarlos hacia las obligaciones ambientales pendientes. La respuesta del Minem determinará si el fideicomiso cumple su función original o si se convierte en otro capítulo más del largo limbo legal en que quedó atrapada la compañía.

Lo que está en juego no es solo el dinero. Es la credibilidad del instrumento fiduciario como garantía ambiental en el sistema minero peruano. Si un fideicomiso constituido específicamente para remediación puede quedar inmovilizado durante años por disputas societarias, la señal que se envía al mercado es preocupante: las garantías de cierre valen lo que vale el sistema legal que las respalda.

La Oroya: el pasivo que no espera

La Oroya no es una mina. Es una fundición integrada de metales —zinc, cobre, plomo, plata— que operó durante décadas bajo estándares ambientales que hoy serían inaceptables en cualquier jurisdicción con regulación mínima. Las emisiones de dióxido de azufre y los depósitos de metales pesados en suelo, agua y aire dejaron una huella documentada en la salud de los residentes. Estudios de salud pública identificaron niveles elevados de plomo en sangre en niños de la zona, un indicador que trasciende lo ambiental y entra directamente en el terreno de los derechos fundamentales.

Doe Run adquirió el complejo en 1997, cuando Centromin Perú lo privatizó. Asumió compromisos de remediación que nunca cumplió cabalmente. En 2009, con la empresa en dificultades financieras agravadas por la crisis global, las operaciones se detuvieron. Desde entonces, el proceso de quiebra y liquidación ha tenido múltiples etapas, cambios de liquidadores y disputas legales que han impedido avanzar en la remediación del sitio.

El PAMA de La Oroya no es un documento técnico abstracto. Es la hoja de ruta para limpiar un pasivo que afecta a miles de personas. Cada año que pasa sin ejecución es un año más de exposición para las comunidades que viven en el entorno del complejo. Y cada año que los fondos permanecen retenidos es un año menos de capacidad para actuar.

Liquidación en curso: quién responde cuando la empresa ya no existe

La entrada de un nuevo liquidador reactiva la pregunta central del caso: ¿quién tiene la obligación —y los recursos— para ejecutar el cierre ambiental de una empresa en proceso de liquidación? En el derecho minero peruano, como en la mayoría de las jurisdicciones de la región, las obligaciones ambientales no desaparecen con la quiebra. Persisten. El problema es que persisten en un vacío institucional cuando el patrimonio de la empresa es insuficiente o está litigado.

Chávez Magan tendrá que navegar una situación donde los activos disponibles son inciertos, los acreedores son múltiples y el Estado peruano —a través del Minem y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)— tiene un interés directo en que las obligaciones del PAMA se cumplan. La reunión solicitada con el Minem es el primer paso para definir si existe voluntad institucional de encontrar una salida que permita liberar los fondos fiduciarios sin comprometer el proceso de liquidación.

La experiencia regional sugiere que estos casos rara vez se resuelven con rapidez. En Argentina, Chile y Colombia existen precedentes de fundiciones y operaciones abandonadas cuyos pasivos quedaron en disputa durante décadas antes de que el Estado asumiera la remediación —total o parcialmente— con fondos públicos. Perú enfrenta ese mismo riesgo si el proceso de liquidación de DRP no logra articular una salida viable para los fondos del fideicomiso.

Las implicaciones para el sistema de garantías de cierre en Perú

El caso Doe Run no es una anomalía histórica. Es un espejo donde la minería peruana puede ver sus propias vulnerabilidades institucionales. El sistema de garantías de cierre —fideicomisos, pólizas, cartas fianza— está diseñado para que el costo de la remediación no recaiga sobre el Estado cuando una empresa cesa operaciones. Pero ese diseño tiene un supuesto implícito: que los instrumentos financieros pueden ejecutarse cuando se necesitan.

Si una orden judicial puede congelar un fideicomiso ambiental durante años, la garantía se convierte en una promesa condicional. Eso afecta no solo al caso particular, sino a la confianza del regulador en el instrumento. Y esa desconfianza tiene consecuencias: más exigencias, más requisitos, más burocracia para proyectos que sí están en operación y sí están cumpliendo con sus obligaciones.

El OEFA, que fiscaliza el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental en el país, tiene aquí una oportunidad de pronunciarse con claridad sobre la jerarquía de las obligaciones ambientales frente a las disputas societarias. No hacerlo envía una señal de ambigüedad que el mercado y las comunidades leen de manera muy distinta: las primeras ven riesgo regulatorio; las segundas ven impunidad.

Licencia social retroactiva: cuando la comunidad ya perdió la paciencia

La Oroya es también un caso de licencia social en su dimensión más amarga: la comunidad que rodea el complejo lleva años esperando una remediación que no llega. Esa espera genera un capital de desconfianza que se acumula y que no afecta solo a Doe Run —una empresa que ya no opera— sino a cualquier proyecto minero que intente desarrollarse en la región central del país.

Los conflictos sociales son el principal freno a la inversión minera en Perú. La cartera de proyectos con potencial supera los US$53,000 millones, pero una fracción significativa está paralizada por disputas comunitarias y falta de licencia social. La narrativa de La Oroya —empresa que incumplió compromisos ambientales, dejó un pasivo sin remediar y cuyo proceso de liquidación no logra ejecutar los fondos disponibles— alimenta exactamente el tipo de desconfianza que hace más difícil construir esa licencia en nuevos proyectos.

No es una conexión abstracta. Cuando una asamblea comunal en Cajamarca o Apurímac debate si acepta o rechaza un proyecto minero, los antecedentes de casos como La Oroya están presentes en la discusión. La historia de los incumplimientos pasados moldea las condiciones del presente.

Lo que el Minem tiene que decidir

La reunión solicitada por el nuevo liquidador pone al Ministerio de Energía y Minas en una posición que no puede eludir. Tiene que definir si la liberación de los fondos del fideicomiso PAMA es viable bajo la orden de retención vigente, o si se requiere una acción legal adicional para desbloquearlos. Tiene que determinar qué ocurre con las garantías de cierre si el patrimonio de la empresa es insuficiente para cubrir las obligaciones. Y tiene que hacerlo con un marco regulatorio que, en materia de cierre de minas y liquidación de pasivos, ha mostrado más lagunas que certezas.

El resultado de esa gestión importa más allá de Doe Run. Importa como precedente para el tratamiento de pasivos ambientales en empresas insolventes. Importa para la credibilidad del sistema de garantías. Y, sobre todo, importa para las personas que viven en La Oroya y llevan más de quince años esperando que alguien ejecute la limpieza que se comprometió hace décadas. Los US$16 millones están ahí. La pregunta es si el sistema institucional peruano puede, finalmente, hacer que lleguen a donde deben llegar.