Pamputa busca adquirir derechos mineros de Las Bambas: un nuevo frente regulatorio en Apurímac

La comunidad campesina de Pamputa, en la región Apurímac, presentó una propuesta formal para adquirir parte de los derechos mineros que MMG Limited posee en Las Bambas. El objetivo declarado: formalizar a aproximadamente 3,000 mineros artesanales y trabajadores vinculados que operan dentro o en los márgenes de la concesión. La solicitud aún no tiene respuesta oficial de MMG, pero su sola presentación abre un frente que la empresa y el Estado peruano no pueden ignorar.

Una concesión, dos visiones del territorio

Las Bambas es el tercer yacimiento de cobre más grande del Perú y uno de los más vigilados del mundo. MMG Limited, de capitales chinos, opera el proyecto en Cotabambas y Grau, Apurímac, con una producción que en años normales supera las 350,000 toneladas de cobre fino. Cualquier modificación a su estructura de derechos mineros tiene consecuencias que se sienten desde Lima hasta Shanghái.

Pamputa no es una comunidad marginal en este mapa. Ha sido uno de los focos de tensión más persistentes en el entorno del proyecto. Sus habitantes han reclamado históricamente participación en los beneficios, empleo y compensación por impactos ambientales y sociales. La propuesta de adquirir parte de la concesión es, en ese sentido, un salto cualitativo: ya no reclaman compensación, reclaman derechos.

Esa distinción importa. En el marco legal peruano, quien posee derechos mineros tiene potestades concretas sobre exploración, explotación y disposición del recurso. No es lo mismo sentarse a negociar un fondo social que tener título sobre una fracción del yacimiento. Si Pamputa obtuviera siquiera una concesión parcial, la geometría de poder en Las Bambas cambiaría de manera permanente.

Lo que dice el marco legal — y lo que no dice

El sistema de concesiones mineras en Perú opera bajo el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. Las concesiones son otorgadas por el Estado a través del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y son derechos reales transmisibles. Una comunidad campesina, en principio, puede solicitar una concesión o adquirir derechos mineros si cumple los requisitos legales.

Ahí comienza la complejidad. MMG no es dueña del subsuelo — ninguna empresa lo es en Perú, donde el subsuelo pertenece a la Nación. MMG posee los derechos de concesión sobre Las Bambas, que le fueron transferidos bajo contratos específicos. Para que Pamputa adquiriera parte de esos derechos, necesitaría que MMG cediera o vendiera una porción de su concesión, o que el Estado revocara parcialmente los derechos de MMG y los licitara o adjudicara de nuevo.

Ninguno de esos escenarios es sencillo. La cesión voluntaria por parte de MMG implicaría que la empresa calcule que el costo político de negarse supera el costo operativo de ceder territorio. La revocación parcial por el Estado abriría un precedente de consecuencias incalculables para toda la cartera de inversión minera del país. El gobierno de Dina Boluarte, que ha mantenido una postura de apoyo a la inversión privada pese a la turbulencia política, difícilmente avanzaría en esa dirección sin un análisis jurídico exhaustivo.

Formalización minera: el argumento que complica el rechazo

La propuesta de Pamputa no llega en el vacío. El Estado peruano tiene una política activa de formalización de la minería artesanal y en pequeña escala, reconocida en el Decreto Legislativo 1105 y sus modificatorias. La minería ilegal e informal representa uno de los problemas más graves del sector: destrucción ambiental, ausencia de estándares de seguridad, financiamiento de economías criminales y pérdida fiscal.

Hay aproximadamente 3,000 personas vinculadas a la actividad artesanal en la zona de influencia de Las Bambas según la propia propuesta de Pamputa. Ese número no es menor. Formalizar a esa población — darles un marco legal, acceso a seguridad social, obligaciones tributarias — es exactamente lo que la política pública peruana dice que quiere hacer. Rechazar la propuesta sin alternativa equivale, en la práctica, a dejar esas 3,000 personas en la informalidad.

MMG sabe esto. Y el Ministerio de Energía y Minas también. El argumento de formalización le da a Pamputa una cobertura política que hace más costoso el rechazo simple. No significa que la propuesta sea jurídicamente viable tal como está planteada, pero sí que el proceso que se abre a partir de ella tendrá que producir algo — un acuerdo de operación artesanal, un programa de empleo estructurado, un fondo de compensación con governance comunitario — para que el conflicto no escale.

El historial de Las Bambas como variable de riesgo

Las Bambas lleva años siendo el proyecto con más días de paralización por conflicto social en el Perú. El corredor minero del sur — la ruta que conecta el yacimiento con el puerto de Matarani — ha sido bloqueado en múltiples ocasiones, con impactos directos en la producción y en los compromisos de exportación de MMG. Perú exportó US$ 42,221 millones en minería en el primer semestre de 2026, con Las Bambas como uno de los pilares de ese resultado. La fragilidad operativa del proyecto contrasta con su peso exportador.

Esa tensión estructural es lo que hace que la propuesta de Pamputa sea algo más que un episodio local. Cada vez que una comunidad encuentra un instrumento nuevo para presionar — y la solicitud formal de derechos mineros es un instrumento distinto a la protesta callejera — el conjunto de las empresas que operan en entornos similares actualiza su evaluación de riesgo. Las Bambas no es un caso aislado; es el laboratorio donde se prueban los límites del modelo de relacionamiento comunitario en el Perú profundo.

¿Qué puede hacer MMG — y qué no puede ignorar?

La empresa tiene tres caminos posibles. Primero: rechazar la propuesta formalmente y activar sus mecanismos legales para proteger la integridad de su concesión. Es la respuesta más predecible, pero la más cara en términos de relación comunitaria si no viene acompañada de alternativas concretas. Segundo: entrar en una negociación que no cede derechos mineros, pero sí formaliza la presencia artesanal mediante contratos de servicios o programas de contratación preferente. Es el camino más usado en el sector, con resultados mixtos. Tercero: explorar un mecanismo de asociación o contrato de operación artesanal bajo supervisión técnica, que permita a Pamputa operar en zonas delimitadas sin transferir la titularidad de la concesión.

Ninguna de estas opciones es gratuita. Todas requieren tiempo de negociación, recursos legales y voluntad política de ambas partes. Y todas compiten con el reloj operativo de MMG, que necesita certidumbre para mantener sus compromisos de producción.

El Ministerio de Energía y Minas tendrá que pronunciarse. No puede mantenerse al margen si una comunidad presenta una solicitud formal ante los registros del Estado. La respuesta institucional determinará si este caso se convierte en un precedente que otros instrumentalizan o en un proceso ordenado que produce formalización real sin erosionar la seguridad jurídica del sector.

Pamputa acaba de cambiar las reglas del juego en Las Bambas. La pregunta no es si MMG responderá, sino si la respuesta llega antes o después del próximo bloqueo del corredor del sur.