Mineros informales amenazan movilizaciones: exigen extensión del Reinfo y rechazan Ley MAPE

Los mineros informales en proceso de formalización volvieron a poner sobre la mesa la amenaza de movilizaciones. Esta vez, el detonante es doble: el rechazo a la propuesta de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal —conocida como Ley MAPE— y la exigencia de una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Iván Arenas, vocero de los gremios en proceso de formalización, fue claro: el plazo de 18 meses contemplado en la propuesta legislativa no alcanza, y sin una extensión del Reinfo, miles de operadores quedan en un limbo legal que el Estado peruano lleva más de una década sin resolver.

El Reinfo como zona gris permanente

El Reinfo nació en 2012 como un instrumento transitorio. Su lógica era simple: identificar a los mineros informales, registrarlos y conducirlos hacia la formalidad en un plazo acotado. Más de doce años después, el registro sigue vigente —prorrogado en repetidas ocasiones— y la formalización efectiva sigue siendo marginal. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, el universo de operadores bajo Reinfo supera los 70,000 registros, pero la proporción de quienes han completado el proceso de formalización es notoriamente baja. El registro se convirtió, en la práctica, en un salvoconducto temporal que el Estado renueva porque la alternativa —dejar a decenas de miles de operadores fuera de cualquier marco legal— genera una presión política que ningún gobierno ha querido asumir.

La vigencia actual del Reinfo vence en diciembre de 2025. Sin una nueva prórroga legislativa o ejecutiva, los mineros registrados que no hayan completado el proceso de formalización perderían automáticamente el amparo legal que les otorga el registro. Eso significa operaciones en zona ilegal, exposición a fiscalización y, en muchos casos, interrupción de actividades en regiones donde la pequeña minería es el principal motor económico local. Las regiones más expuestas son Puno, Madre de Dios, Ayacucho y partes del corredor sur —territorios con alta concentración de minería artesanal y escasa presencia institucional del Estado.

Por qué la Ley MAPE no convence a los gremios

La propuesta de Ley MAPE pretende crear un marco permanente para la pequeña minería y la minería artesanal, sustituyendo el esquema transitorio del Reinfo por una estructura regulatoria de largo plazo. Sobre el papel, es una iniciativa necesaria. El problema está en los detalles: los gremios cuestionan que el plazo de 18 meses previsto para completar los trámites de formalización dentro del nuevo marco no es operativamente viable.

La crítica no es menor. Formalizar una operación minera en Perú implica navegar simultáneamente varios procesos ante distintas entidades: acreditación del terreno ante el Ministerio de Energía y Minas, certificación ambiental ante el SENACE o la DGAAMI, habilitación hídrica ante la Autoridad Nacional del Agua, registro de trabajadores, entre otros. En regiones alejadas, donde la conectividad institucional es débil y los plazos de respuesta de la burocracia central se miden en meses, 18 meses no es un horizonte razonable. Arenas lo expresó con precisión: el plazo propuesto asume una capacidad de gestión estatal que no existe en el terreno.

Hay además un punto de fondo que los gremios no dicen explícitamente pero que subyace a todo el debate: la Ley MAPE, en su diseño actual, no resuelve el problema de los operadores que trabajan sobre terrenos sin título minero formal. Para ellos, ningún plazo es suficiente porque el primer obstáculo —el derecho sobre el yacimiento— no está resuelto. Sin esa base, el resto del proceso de formalización no puede iniciarse.

El costo político de no decidir

Perú lleva más de una década usando las prórrogas del Reinfo como anestesia política. Cada vez que el registro está por vencer, el Congreso o el Ejecutivo extienden el plazo y el problema se pospone. La lógica electoral es comprensible: en Puno, Madre de Dios o Ayacucho, los mineros informales no son un grupo marginal, son comunidades enteras con poder de movilización demostrado. Las paralizaciones de 2022 y 2023 en el corredor minero del sur —donde la minería informal coexiste con la formal en tensión constante— mostraron hasta dónde puede llegar la presión social cuando el Estado no responde.

Pero el costo de seguir prorrogando también se acumula. Cada extensión del Reinfo sin avance real en formalización deteriora la credibilidad del marco regulatorio ante los inversionistas formales. Para una empresa que opera con estándares ambientales y laborales exigentes, competir en un mercado donde una porción significativa de la oferta opera sin esos costos es una distorsión que el Estado peruano perpetúa. La minería informal de oro, en particular, genera efectos ambientales —contaminación por mercurio, deforestación en zonas de amortiguamiento— que la fiscalización no logra contener mientras el marco legal siga siendo ambiguo.

La amenaza de movilización como instrumento de negociación

La advertencia de Arenas sobre nuevas movilizaciones no es retórica vacía. Los gremios de mineros informales han demostrado capacidad de organización y los antecedentes son claros: cuando el Estado no responde a sus demandas por la vía institucional, la respuesta es la calle. Para el gobierno de Dina Boluarte, que ya gestiona una relación compleja con los sectores movilizados en el sur del país, una nueva ola de protestas mineras sería una presión adicional en un calendario político ya cargado.

El Ministerio de Energía y Minas enfrenta un dilema sin salida limpia. Si impulsa la Ley MAPE en los términos actuales, los gremios rechazan el plazo y amenazan con bloqueos. Si concede una nueva prórroga del Reinfo sin reformar el marco de fondo, perpetúa el limbo regulatorio y envía una señal negativa al mercado formal. Si no hace nada —la opción que históricamente ha predominado en la burocracia peruana frente a conflictos difíciles— el vencimiento del Reinfo en diciembre convierte el problema en una crisis de gobernabilidad.

Lo que está en juego para el sector formal

El debate sobre el Reinfo y la Ley MAPE no es un asunto exclusivo de los mineros artesanales. Tiene implicancias directas para la cartera de proyectos formales en las regiones afectadas. En zonas como Puno, la convivencia entre minería informal y formal es una fuente permanente de tensión sobre el uso del territorio, el acceso al agua y los estándares ambientales aplicables. Cuando el Estado no define con claridad quién opera bajo qué reglas, el conflicto por el espacio físico se intensifica.

Para los inversionistas institucionales que monitorean el riesgo regulatorio peruano, el manejo de este proceso es una señal. Perú tiene una cartera de proyectos mineros sin desarrollar valuada en más de US$53,000 millones. Gran parte de esa inversión potencial está condicionada a la estabilidad del marco legal y a la capacidad del Estado de gestionar los conflictos sociales sin que cada negociación se convierta en un precedente de cesión. Si el gobierno extiende el Reinfo una vez más sin condiciones ni hoja de ruta, la señal es que la presión funciona —y eso lo lee con atención cada operador formal que ya tiene permiso y cada uno que todavía espera el suyo.

La formalización minera en Perú no fracasó por falta de voluntad declarada. Fracasó por exceso de plazos, por diseño institucional fragmentado y por la incapacidad del Estado de llegar operativamente a los territorios donde la informalidad se reproduce. La Ley MAPE tiene la oportunidad de romper ese ciclo. Pero si el Congreso aprueba una ley con plazos que los propios afectados rechazan como inviables, el resultado será otra norma que nace cuestionada —y la formalización llegará, quizás, a la próxima prórroga.