Puntos clave
- Cuello de botella regulatorio: Un solo proyecto minero enfrenta 265 procedimientos administrativos distribuidos en 30 instituciones distintas sin coordinación transversal
- Cartera bloqueada: Perú tiene más de US$64,000 millones en proyectos mineros sin avanzar por fragmentación burocrática
- Oportunidad perdida: Acceso a 35-40 de 60 minerales críticos que EEUU declaró prioritarios para seguridad nacional, pero incapacidad estatal de moverlos
- Impacto Perú: Falta de autoridad coordinadora y plazos inconsistentes entre organismos genera bloqueos en cadena que paralizan inversión minera
| Tipo de regulación | Procedimientos administrativos mineros; fragmentación regul… |
| Entidad | Ministerio de Energía y Minas (MINEM); Servicio Nacional de… |
| Vigencia | Vigente – problema actual que frena expansión minera |
Perú tiene identificados más de US$64,000 millones en cartera de proyectos mineros y acceso a entre 35 y 40 de los 60 minerales críticos que Estados Unidos declaró como prioritarios para su seguridad nacional. Lo que no tiene es un Estado capaz de moverlos. Un solo proyecto minero en el país enfrenta 265 procedimientos administrativos distribuidos en 30 instituciones distintas. Esa cifra no es una metáfora de la burocracia peruana — es la razón por la que buena parte de esa cartera lleva años sin avanzar.
265 trámites: el número que define el problema
La cifra fue presentada por especialistas del sector como diagnóstico central del cuello de botella regulatorio que frena la expansión minera peruana. No se trata de un trámite complejo en una ventanilla única. Son 265 pasos que atraviesan al menos 30 entidades estatales — desde el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) hasta autoridades municipales, pasando por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Autoridad Nacional del Agua y decenas de dependencias regionales con criterios, plazos y capacidades institucionales distintos.
La fragmentación tiene consecuencias directas. Cada institución opera con sus propios tiempos. No hay autoridad que coordine transversalmente ni mecanismo que obligue a los organismos a resolver en ventanas comunes. El resultado es un proceso donde el bloqueo en una instancia detiene todo lo demás, y donde el inversionista asume el costo de la espera sin garantía de resultado al final del recorrido.
Para proyectos de gran envergadura — los que mueven la aguja en términos de producción de cobre, zinc, molibdeno o manganeso — el tiempo perdido en trámites se mide en cientos de millones de dólares de valor no generado. Quellaveco, de Anglo American, tardó más de dos décadas entre concepción y producción plena. Tía María, de Southern Copper, lleva años bloqueado por conflicto social pero también por un expediente administrativo que nunca terminó de cerrarse con claridad.
La oportunidad que Washington puso sobre la mesa
La administración Trump elevó los minerales críticos al rango de asunto de seguridad nacional. La lista oficial del USGS identifica 50 minerales estratégicos; la demanda efectiva del gobierno estadounidense apunta a 60. De ese universo, entre 35 y 40 se producen principalmente como subproductos de operaciones mineras existentes — cobre, plata, zinc — lo que coloca a Perú en una posición estructural relevante.
Perú ya es el segundo productor mundial de cobre, con alrededor de 2.7 millones de toneladas anuales. Es también tercer productor de plata y zinc. La cadena de subproductos de esas operaciones incluye telurio, selenio, indio y germanio — todos presentes en tecnologías de energía limpia, semiconductores y defensa. El país no necesita descubrir nuevos recursos para ser relevante en la agenda de minerales críticos de Washington. Necesita producir más de lo que ya tiene y activar proyectos que hoy están paralizados.
La presión geopolítica es real. China controla entre el 60% y el 80% del procesamiento global de varios de estos minerales. Estados Unidos busca activamente diversificar su cadena de suministro y ha destinado capital diplomático significativo a acuerdos bilaterales con países productores. Perú tiene la geología. Lo que falta es la institucionalidad para capitalizarla.
Coordinación estatal: el remedio que nadie ha podido aplicar
Los especialistas que advirtieron sobre los 265 trámites también plantearon la solución: fortalecer la coordinación estatal. Es la respuesta correcta. También es la que Perú lleva años sin poder implementar de forma sostenida.
El problema de fondo es político. Perú ha tenido seis presidentes en seis años. Esa inestabilidad no solo afecta la percepción de riesgo entre inversionistas — destruye la continuidad institucional. Cada cambio de administración resetea prioridades, remplaza funcionarios clave y suspende procesos que estaban en marcha. Las ventanillas únicas que se diseñan en un gobierno se abandona en el siguiente. Los decretos que simplifican trámites se superponen con regulaciones anteriores que nadie deroga formalmente.
El MINEM ha intentado en distintas ocasiones crear mecanismos de seguimiento transversal. La Oficina de Gestión de Proyectos Estratégicos existe en papel. Lo que no existe es la autoridad política real para obligar a otras entidades — con sus propios ministros, presupuestos y agendas — a subordinar sus tiempos al del proyecto. La coordinación voluntaria en un Estado fragmentado raramente funciona cuando hay incentivos divergentes.
US$64,000 millones que no se mueven solos
La cartera de proyectos mineros peruanos supera los US$64,000 millones. Es una cifra que circula en presentaciones de gobierno y foros de inversión desde hace años. El problema es que el stock de proyectos identificados no es lo mismo que proyectos en ejecución. La brecha entre uno y otro se llama riesgo de permiso.
Los inversionistas institucionales — fondos de pensiones canadienses, gestoras de activos australianas, operadoras multinacionales — tienen modelos de riesgo que ponderan el tiempo de permiso como variable crítica. Un proyecto con perfil geológico excelente pero con 265 trámites por recorrer compite en desventaja frente a uno con menor ley de mineral en una jurisdicción que garantiza respuesta en 18 meses. Chile reformó su proceso de Evaluación de Impacto Ambiental precisamente para mejorar esa variable. Perú sigue discutiendo el diagnóstico.
Las empresas que ya operan en el país conocen el sistema y lo navegan. Freeport en Cerro Verde, MMG en Las Bambas, Buenaventura en sus operaciones históricas — tienen equipos legales y relacionales construidos durante años para moverse en ese laberinto. El problema no son ellos. El problema son los proyectos nuevos que no entran porque el costo de transacción regulatoria supera el umbral de tolerancia del capital fresco.
Lo que una reforma real tendría que hacer
Reducir 265 trámites no significa recortar estándares ambientales ni saltarse la consulta previa — que es obligatoria y constitucionalmente respaldada. Significa eliminar duplicidades, establecer plazos vinculantes, crear silencio administrativo positivo donde hoy hay indefinición, y designar una autoridad con poder real para resolver cuellos de botella entre instituciones.
El modelo de ventanilla única funciona cuando tiene dientes. Costa Rica lo aplicó para atraer manufactura de alta tecnología. Colombia lo está intentando con su Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Perú tiene el SENACE para evaluaciones ambientales, pero el proceso no termina ahí — apenas comienza en ese punto.
Una reforma de segunda generación tendría que mapear los 265 trámites, identificar cuáles son redundantes, cuáles pueden correr en paralelo y cuáles tienen tiempos máximos incumplidos por la administración. Eso requiere voluntad política sostenida — exactamente el recurso más escaso en Lima desde 2016.
El costo de no actuar tiene nombre y cifra
Cada año que Perú no reforma su arquitectura de permisos es un año en que otros productores consolidan posición en las cadenas de suministro que Washington quiere diversificar. Chile ya firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos sobre minerales críticos. Argentina activó su RIGI para atraer capital minero con garantías jurídicas de largo plazo. Ecuador avanza en cobre con menos historia institucional pero con procesos más predecibles en papel.
Perú tiene la geología más profunda de la región. Tiene empresas operando, infraestructura instalada y una fuerza laboral con experiencia técnica real. Tiene también, según los propios especialistas del sector, 265 razones por las que el capital decide esperar o irse a otra parte. La demanda de Washington es una ventana de oportunidad concreta. Las ventanas no esperan al Estado peruano para ponerse de acuerdo consigo mismo.
