Senace defiende certificación ambiental de Tía María ante resistencia de Islay

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) salió a dar la cara por Tía María. Su presidenta, Silvia Cuba, convocó a los pobladores de Islay —la provincia arequipeña que ha sido el epicentro de una resistencia que ya acumula más de una década— a depositar su confianza en el Estado. El llamado llegó acompañado de una cifra que la institución usa como respaldo de credibilidad: US$20,000 millones en certificaciones ambientales proyectadas para cerrar el año.

Un llamado que llega tarde, pero no sin cálculo

Pedir confianza en el Estado a una comunidad que vio morir a seis personas durante las protestas de 2015 contra este mismo proyecto no es un acto inocente. Es una apuesta deliberada por reencuadrar el debate: sacar a Tía María del territorio del conflicto social y colocarlo dentro del marco de la institucionalidad ambiental. Senace no está pidiendo que los pobladores de Islay olviden —está pidiendo que reconozcan que el instrumento que ahora administra el proceso es distinto al que existía hace diez años.

El argumento tiene cierta solidez técnica. Senace fue creado precisamente para profesionalizar la certificación ambiental y separar esa función del Ministerio de Energía y Minas, que históricamente acumulaba el doble rol de promotor y regulador. Que la institución cumpla esa función con independencia es, en teoría, lo que justifica el llamado a confiar. Pero teoría e historia reciente son dos cosas distintas en Arequipa.

Southern Copper, la subsidiaria peruana de Grupo México, tiene en Tía María su gran apuesta de expansión en el país. El proyecto contempla una mina de cobre a tajo abierto en el valle del Tambo con una capacidad de producción de 120,000 toneladas anuales y una inversión estimada de US$1,400 millones. Los números son formidables. El problema es que el terreno sobre el que se construye ese proyecto no es solo geológico.

El valle del Tambo: donde la geología choca con la historia

El valle del Tambo es una de las zonas agrícolas más productivas del sur peruano. Cebolla, ají, camarones del río Tambo —productos con mercado nacional y de exportación— definen la identidad económica de una población que asocia la minería no con regalías ni con canon, sino con polvo, agua contaminada y promesas rotas. Esa percepción no es irracional: tiene raíces en lo que ocurrió en 2011, cuando un primer Estudio de Impacto Ambiental fue observado por la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) por deficiencias en la evaluación de impactos hídricos.

Southern Copper presentó un segundo EIA en 2014, que Senace aprobó. Pero la aprobación técnica no pudo contener la presión social. Las protestas de 2015 dejaron un saldo de seis muertos y obligaron al gobierno de Ollanta Humala a suspender el proyecto. Desde entonces, Tía María ha sido reiniciada y paralizada en ciclos que responden más a la temperatura política que a la madurez técnica del proceso.

El gobierno de Dina Boluarte apostó por reactivar el proyecto como parte de una agenda de destrabe de inversiones que busca compensar el estancamiento económico. La apuesta no es menor: Perú tiene una cartera de proyectos mineros por US$53,000 millones, pero la mayor parte permanece bloqueada por conflictos sociales, retrasos en permisos o indefinición regulatoria. Tía María es el símbolo más visible de ese atasco.

US$20,000 millones en certificaciones: la estrategia de la masa crítica

La cifra que Senace proyecta cerrar en certificaciones este año no es un dato aislado. Es parte de una narrativa institucional que busca demostrar que el Estado puede procesar inversiones de escala sin sacrificar rigor ambiental. Si la institución cierra 2024 con US$20,000 millones certificados, puede argumentar que tiene capacidad y criterio para gestionar un proyecto de la envergadura de Tía María.

Ese argumento importa porque uno de los problemas estructurales de la certificación ambiental en Perú ha sido la percepción —no siempre injustificada— de que los plazos se extienden indefinidamente, que los criterios cambian según el gobierno de turno, y que la presión política puede torcer procesos técnicos en cualquier dirección. Senace necesita mostrar que puede operar por encima de ese ruido.

El problema es que mostrar eficiencia procesal no resuelve el déficit de legitimidad social. Una certificación ambiental técnicamente impecable no convence a un agricultor del Tambo de que su agua está protegida si el Estado no tiene presencia permanente en el territorio, si los mecanismos de monitoreo no son independientes y si los canales de participación ciudadana siguen siendo percibidos como trámites formales sin incidencia real.

Consulta previa: el eslabón que define el ritmo real

Tía María enfrenta una exigencia que no existía con la misma fuerza jurídica en sus versiones anteriores: la consulta previa bajo el Convenio 169 de la OIT. Perú ratificó ese instrumento, y su implementación ha sido uno de los factores más complejos en proyectos con presencia de comunidades campesinas e indígenas en zonas de influencia minera.

El proceso de consulta previa no es un obstáculo que se supera con voluntad política. Es un procedimiento que tiene plazos propios, actores con poder de veto real y exigencias de buena fe que los tribunales peruanos han comenzado a tomar con seriedad. Si Southern Copper y el gobierno no ejecutan ese proceso con solidez, cualquier certificación ambiental puede ser impugnada judicialmente —y Perú tiene experiencia reciente en ver proyectos paralizados por esa vía.

Las comunidades del valle del Tambo no están homogéneamente en contra de Tía María. Hay sectores que evalúan los beneficios potenciales, especialmente en municipios donde el empleo agrícola no alcanza para absorber a la población joven. Pero la dinámica de movilización social en Islay históricamente ha sido capturada por los sectores más radicales de la oposición, y el Estado peruano no ha logrado construir un canal alternativo que agregue a los sectores favorables con suficiente peso político.

Lo que Southern Copper necesita que ocurra

Para que Tía María avance más allá del discurso, Southern Copper necesita tres condiciones simultáneas: que el proceso de consulta previa concluya sin impugnación judicial exitosa, que el gobierno mantenga una posición activa de diálogo territorial —no solo de anuncios desde Lima— y que los precios del cobre sostengan la viabilidad financiera del proyecto.

En ese tercer punto, el contexto internacional ayuda. El cobre cotiza en niveles que hacen rentables proyectos con costos de desarrollo elevados, y la demanda estructural ligada a la transición energética no muestra señales de reversión. Desde la perspectiva de Southern Copper, cada mes de retraso en Tía María es un costo de oportunidad medible: 120,000 toneladas anuales que no llegan al mercado en un momento en que el déficit global de oferta de cobre es un tema de primer orden para los analistas del LME.

Pero Southern Copper también sabe que forzar el proceso sin base social sólida es más costoso que esperar. Lo aprendió en 2015. Y Grupo México lo aprendió en Cocachacra de una manera que dejó marca institucional en sus operaciones peruanas.

El pedido de Senace en su dimensión real

El exhorto de Silvia Cuba a los pobladores de Islay es, en su dimensión más honesta, un reconocimiento implícito de que la confianza no existe. No se pide lo que ya se tiene. Se pide lo que falta. Y lo que falta en Tía María —después de una década de ciclos de apertura y cierre, de muertos, de promesas y de silencio— es precisamente eso.

Senace puede certificar. El EIA puede ser técnicamente sólido. Los US$20,000 millones en certificaciones pueden ser una demostración real de capacidad institucional. Pero ninguna de esas cosas reemplaza el trabajo político y territorial que el Estado peruano todavía no ha terminado de hacer en el valle del Tambo. Mientras esa deuda no se salda, Tía María seguirá siendo un proyecto que existe en los portafolios de inversión y en los discursos oficiales, pero no en la tierra.

Y US$1,400 millones de inversión suspendida, en un país que necesita crecer, es un costo que Perú ya no puede seguir difiriendo indefinidamente.