México proyecta $40,000 mdd en inversión minera durante sexenio de Sheinbaum

Cuarenta mil millones de dólares en seis años. La cifra que proyecta CAMIMEX para el sexenio de Claudia Sheinbaum no es una promesa electoral — es la señal más clara de que la industria minera mexicana apuesta, con dinero real, a que el ciclo de precios altos y el nuevo marco de relación con el gobierno federal abren una ventana que no se repetirá pronto. Si se cumple, representaría el mayor ciclo de inversión minera en la historia moderna del país, superando en términos reales el boom de la década pasada.

Una meta que requiere más de 6,600 millones de dólares anuales — sostenidos

Para entender la magnitud de lo que plantea la industria, hay que dividir: cuarenta mil millones entre seis años equivale a poco más de 6,666 millones de dólares anuales. El punto de referencia es 2024, cuando la inversión minera en México alcanzó US$5,060 millones según CAMIMEX — cifra que ya era récord y representó un avance considerable frente a los años previos de parálisis regulatoria. Alcanzar la meta del sexenio implicaría crecer ese flujo anual en más del 30% y mantenerlo de forma consistente durante los próximos cinco años.

No es imposible. Pero tampoco es automático. Requiere que coincidan al menos cuatro variables que hoy están en tensión: precios de metales sostenidos, agilidad en el otorgamiento de permisos, seguridad jurídica para proyectos de largo plazo y estabilidad macroeconómica. Cada una de esas variables tiene hoy un signo de interrogación.

Los precios ayudan. El oro superó los US$3,100 por onza en 2025 y la plata se ha movido con fuerza al alza. El cobre, insumo estratégico para la transición energética, cotiza por encima de US$4.50 la libra y la demanda estructural no cede. Para México, noveno productor mundial de oro, primer productor de plata y décimo en cobre, el ciclo de precios actúa como un acelerador natural de la rentabilidad de los proyectos en cartera.

Sonora y Zacatecas: donde se juega el 80% de la apuesta

La geografía de la inversión minera en México no es homogénea. Sonora concentra alrededor del 45% de la producción nacional — cobre, oro y plata fluyen de la cuenca del río Sonora y sus alrededores en volúmenes que definen el peso del país en los mercados globales. Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, es la mina de cobre más grande de América Latina y uno de los activos con mayor capacidad de expansión en el continente. La ampliación del concentrador y los proyectos de lixiviación que el grupo ha anunciado podrían sumar cientos de millones en inversión directa durante el sexenio.

Zacatecas aporta alrededor del 33% de la plata nacional. Ahí operan Peñasquito — la mayor mina de oro de México, en manos de Newmont —, Saucito y Juanicipio de Fresnillo PLC, y el proyecto Camino Rojo de Orla Mining, que acumula más de 20 años de clearance ambiental y representa uno de los proyectos con mayor viabilidad de desarrollo en el corto plazo. La JV entre Agnico Eagle y Teck en San Nicolás, con una inversión estimada de US$1,100 millones, es la apuesta más grande en cartera para el estado.

Lo que ocurra en estos dos estados determinará si la proyección de CAMIMEX se convierte en realidad o queda como aspiración. Y ambos enfrentan presiones distintas: Sonora, con el agua como variable crítica de operación; Zacatecas, con el historial de conflictos comunitarios que retrasó Peñasquito en 2023 y que sigue siendo un factor de riesgo operativo para varios proyectos en desarrollo.

El factor Sheinbaum: pragmatismo que la industria no esperaba

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue, en términos mineros, un período de contracción regulatoria. La reforma constitucional en materia de litio, la moratoria de facto en permisos, el discurso de confrontación con las empresas extractivas — todo eso creó un ambiente de incertidumbre que deprimió la inversión entre 2019 y 2022. La recuperación posterior fue parcial y desigual.

Claudia Sheinbaum llegó con otro tono. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, es la señal más concreta de ese cambio: México se posiciona como proveedor estratégico para las cadenas de valor industriales de Estados Unidos, y el gobierno federal respalda ese posicionamiento con compromisos de agilización regulatoria. La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, ha reducido el backlog de permisos pendientes — en Zacatecas pasó de 25 expedientes atascados a 5 en el período reciente — y los primeros permisos del sexenio comenzaron a emitirse en 2026.

Eso importa. La industria minera trabaja con horizontes de 10 a 20 años, pero decide si invierte hoy. Un permiso que tarda tres años en resolverse no solo afecta a un proyecto individual: desalienta la exploración que debería estar financiándose ahora para que haya minas en operación en 2030. Si el gobierno mantiene el ritmo de desburocratización, el efecto en flujos de inversión puede ser significativo antes de que termine el sexenio.

El tipo de cambio y los costos: la variable que nadie controla

México es un exportador de minerales con costos en pesos y precios en dólares. Esa asimetría ha sido históricamente favorable: cuando el tipo de cambio se deprecia, los márgenes operativos en moneda local mejoran aunque el precio del metal no cambie. Pero el escenario actual es más complejo.

La presión sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar ha tenido movimientos volátiles en función de la política monetaria de la Reserva Federal y de la incertidumbre comercial derivada de los aranceles de la administración Trump. Para las empresas con deuda en dólares y costos mixtos en pesos y dólares — que son la mayoría — la volatilidad cambiaria introduce un riesgo financiero que afecta la planificación de capex a largo plazo.

Banxico, por su parte, ha mantenido tasas relativamente altas para contener la inflación. El costo del financiamiento local importa para las empresas mexicanas como Grupo México y Peñoles, que tienen estructuras de deuda en moneda nacional. Para las juniors internacionales que se financian en el TSX de Toronto o en mercados de capital anglosajones, el impacto es diferente — pero la percepción de riesgo-país sigue siendo un factor de descuento en sus valoraciones bursátiles.

La agenda de minerales críticos: el argumento que cambia la ecuación política

Hay una razón estructural por la que la meta de inversión de CAMIMEX es más creíble hoy que hace tres años: la transición energética global reconfiguró la demanda de exactamente los metales que México produce. El litio, el cobre, la plata para paneles fotovoltaicos, el zinc — todos están en la lista de minerales críticos que Estados Unidos, Europa y China se disputan con urgencia creciente.

México tiene reservas de litio estimadas en 243 millones de toneladas, las más grandes del mundo. El modelo de desarrollo — entre la postura de estatización de AMLO y la apertura mixta que explora Sheinbaum — sigue siendo una variable abierta. Pero el solo hecho de que esas reservas existan y que el gobierno federal las haya incorporado al diálogo bilateral con Washington como ficha de negociación cambia la percepción de riesgo del país ante inversionistas institucionales.

Para Coeur Mining, que pagó US$1,700 millones por Las Chispas en Sonora, o para MAG Silver con su participación en Juanicipio, la apuesta ya está hecha. Para los proyectos en etapa de exploración o prefactibilidad — decenas de ellos en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero — la pregunta es si el entorno regulatorio mejora lo suficiente como para justificar la inversión antes de que el ciclo de precios gire.

Lo que los US$40,000 millones implican para el sector y el país

Si CAMIMEX tiene razón, el efecto macroeconómico sería transformador. La industria minera ya aporta el 2.77% del PIB nacional y genera una derrama económica de MX$260,000 millones anuales. Un ciclo de inversión de US$40,000 millones en seis años no solo expande la capacidad productiva — activa cadenas de proveeduría, crea empleo calificado en regiones donde pocas industrias compiten, y genera ingresos fiscales que el gobierno federal necesita para financiar su agenda social.

El sector ya paga MX$45,300 millones en impuestos y derechos anuales. Con mayor inversión y producción, ese número sube. Y sube precisamente en los estados — Sonora, Zacatecas, Chihuahua — donde la inversión pública federal es más difícil de sostener sin una base fiscal local robusta.

La proyección de CAMIMEX es una apuesta, no una garantía. Pero es una apuesta sustentada en precios altos, en un gobierno federal que cambió de actitud y en una demanda global de metales que no tiene señales claras de revertirse. Para los directores de operaciones en Hermosillo y los analistas en Toronto que evalúan portafolios latinoamericanos, la pregunta ya no es si México puede atraer esa inversión — es si el aparato regulatorio y de seguridad pública puede moverse al mismo ritmo que el mercado lo exige. Esa respuesta la dará el cuarto trimestre de 2026.