Avalancha en El Teniente: Codelco confirma muerte de dos trabajadores y expone grietas en gestión de riesgos mineros

Codelco confirmó la muerte de dos trabajadores subcontratados de la empresa San Lorenzo tras ser sepultados por una avalancha de nieve en el sector Rajo Sur de la División El Teniente. Los cuerpos fueron encontrados durante las labores de búsqueda y rescate que se extendieron por varios días en condiciones climáticas extremas. Teniente es la mina de cobre subterránea más grande del mundo, ubicada a más de 2,000 metros de altitud en la cordillera de los Andes, en la región del Libertador General Bernardo O’Higgins. No es un accidente aislado: es el episodio más grave de una racha de disrupciones que ha puesto a la minería chilena bajo una presión que sus reguladores, sus inversionistas y sus comunidades ya no pueden ignorar.

El peso de lo que pasó en Rajo Sur

Una avalancha no es un accidente prevenible en sentido estricto. Pero el contexto en que ocurrió sí es gestionable. Los protocolos de trabajo en condiciones de nieve extrema, la decisión de enviar trabajadores a despejar nieve a esa altitud, la coordinación con los sistemas de alerta meteorológica disponibles — todo eso forma parte del sistema de gestión de riesgos que cualquier operación de esta escala debería tener funcionando en tiempo real.

Sernageomin, el regulador técnico minero de Chile, iniciará su investigación. Esa investigación determinará si hubo fallas en el protocolo, si la decisión de operar bajo esas condiciones fue técnicamente justificable y si Codelco — o San Lorenzo como contratista directo — incurrió en omisiones. Lo que ya es un hecho es que dos familias perdieron a sus trabajadores en una operación que, bajo el escrutinio ESG actual, generará preguntas incómodas sobre la gestión de subcontratistas en condiciones extremas.

El modelo de subcontratación en minería chilena tiene una historia compleja. Los contratistas ejecutan tareas de alto riesgo operativo — despejar nieve, mantener accesos, operar maquinaria pesada en terreno adverso — con estructuras de supervisión que no siempre replican los estándares de la operadora principal. Después de cada tragedia, el debate sobre la responsabilidad compartida vuelve a la mesa. Después de El Teniente, no debería darse por cerrado hasta que haya resultados concretos del proceso regulatorio.

Codelco en el peor momento posible

El contexto operativo agrava lo que de por sí ya es una crisis de licencia social. Codelco lleva varios trimestres consecutivos luchando con caídas de producción estructurales, proyectos de modernización con retrasos y sobrecostos, y una deuda que limita su capacidad de inversión. La División El Teniente era una de las operaciones donde se concentraban las expectativas de recuperación. Ahora enfrenta, simultáneamente, un siniestro laboral de alta visibilidad, condiciones climáticas que interrumpen operaciones y la presión de un entorno sindical que — como reportó Minería en Línea — ha registrado conflictos en al menos tres operaciones del país en semanas recientes.

Para los inversionistas institucionales que monitorean el desempeño ESG de la industria del cobre, la señal es negativa en varios frentes a la vez. La seguridad ocupacional es el indicador más visible de la gobernanza interna de una empresa. Cuando el principal productor de cobre del mundo registra fatalidades en condiciones que generan preguntas sobre el proceso de toma de decisiones operativas, el impacto no se queda en el reporte de accidentabilidad: llega a los comités de sostenibilidad de los fondos que tienen posiciones en el sector.

Lo que el clima dice que viene

El cambio climático no es una variable futura para la minería andina. Es una realidad operativa presente. Las nevadas intensas en la alta cordillera, los eventos de precipitación extrema y los ciclos de congelamiento y deshielo acelerado afectan directamente la estabilidad de taludes, la seguridad de accesos y la predictibilidad de las operaciones. El Teniente, por su altitud y su ubicación geográfica, es una de las operaciones más expuestas a esta variabilidad.

Las empresas mineras que operan en la cordillera chilena — desde Escondida en el norte hasta El Teniente en la zona central — tienen sistemas de monitoreo meteorológico sofisticados. Pero tener datos no es suficiente si los protocolos de respuesta no están igualmente desarrollados o si la presión productiva compromete la aplicación de esos protocolos. La pregunta que Sernageomin deberá responder — y que Codelco deberá responder a sus propios directivos — es precisamente esa: ¿Los sistemas de alerta funcionaron y la decisión operativa ignoró la señal, o los sistemas fallaron?

Ninguna de las dos respuestas es cómoda. Ambas tienen implicaciones para la gestión de riesgos en condiciones climáticas extremas, un tema que la industria minera latinoamericana no puede seguir tratando como evento excepcional. Los Andes están cambiando. Las operaciones necesitan adaptarse a esa realidad con la misma urgencia con que se adaptan a los cambios en el precio del cobre.

La contratista en el centro de la responsabilidad

San Lorenzo es parte de una cadena de valor que Codelco gestiona, pero cuya supervisión directa en terreno corresponde a la contratista. Legalmente, la responsabilidad primaria sobre la seguridad de los trabajadores propios recae en el empleador directo. Operativamente, sin embargo, la coordinación entre la operadora y sus contratistas en situaciones de riesgo extremo es responsabilidad compartida. La Ley 16.744 chilena, que regula los accidentes del trabajo, y sus disposiciones sobre empresas mandantes, ofrecen el marco legal. Lo que viene es la interpretación de los hechos.

Lo que la industria observa — y lo que los estándares internacionales como el Marco de Gestión de Seguridad de Contratistas del ICMM establecen — es que la operadora principal no puede deslindar su responsabilidad moral y reputacional por lo que ocurre a quienes trabajan en su nombre, aunque sea bajo otro contrato. Las fatalidades de contratistas pesan igual en los reportes GRI. Cuentan en las métricas de accidentabilidad que los fondos ESG monitorean. Y generan el mismo impacto en la comunidad local que las fatalidades de empleados directos.

El estándar que Chile no puede perder

Chile tiene una de las industrias mineras más profesionalizadas de América Latina. Su marco regulatorio, aunque imperfecto, es más robusto que el de la mayoría de sus competidores regionales. Las empresas que operan en el país — tanto Codelco como las privadas — han invertido significativamente en sistemas de gestión de seguridad, en certificaciones y en reportes de sostenibilidad. Ese estándar es un activo competitivo: atrae inversión, facilita el acceso a financiamiento en mercados internacionales y contribuye a la legitimidad social del sector.

Cada fatalidad pone ese estándar bajo presión. No porque un accidente implique necesariamente una falla sistémica, sino porque la respuesta institucional — la investigación, las medidas correctivas, la transparencia en la comunicación — es lo que determina si el sistema funciona o si funciona solo en papel. Codelco tiene la obligación, ante sus trabajadores, ante el Estado chileno que lo posee y ante los mercados que compran su cobre, de que la investigación de este accidente sea exhaustiva y sus conclusiones sean públicas.

Dos trabajadores murieron en la nieve de los Andes haciendo su trabajo. Lo mínimo que merece eso es una respuesta institucional que esté a la altura de la tragedia — y que cambie algo concreto antes de que llegue el próximo invierno.