Inversión minera en México alcanzará US$6,600 millones en 2026, con crecimiento del 30.8%

US$6,600 millones. Esa es la cifra que CAMIMEX proyecta para la inversión minera en México durante 2026, un incremento del 30.8% sobre los US$5,060 millones registrados en 2024. No es un pronóstico optimista de temporada: es la señal más concreta de que el sector está leyendo el entorno macroeconómico con más confianza de la que los titulares políticos sugerirían.

El número que cambia el argumento

Quien lleva meses escuchando el debate sobre aranceles trumpistas, incertidumbre regulatoria y tensión binacional podría asumir que el capital minero está esperando. La proyección de CAMIMEX dice lo contrario. Un salto de casi un tercio en inversión comprometida no ocurre en sectores que dudan: ocurre cuando los modelos financieros de las empresas, con toda su frialdad, arrojan que el riesgo ajustado al retorno sigue siendo favorable.

El contexto importa. Los US$5,060 millones de 2024 ya representaban un récord sectorial, inscritos en un año donde el valor de la producción nacional llegó a US$17,500 millones, un incremento del 15.9% frente a 2023, según el Informe Anual 2025 de CAMIMEX. Proyectar 30.8% adicional sobre esa base es apostar en grande. Y las empresas que mueven esos números no apuestan sin análisis.

La composición de esa inversión proyectada revela prioridades. El cobre y el oro —que juntos representaron el 57.8% del valor de la producción nacional en 2024— concentrarán la mayor parte del capital nuevo. Sonora, que absorbe cerca del 45% de la producción nacional, seguirá siendo el epicentro. Pero Zacatecas, con su densidad de operaciones de plata y oro, y los estados emergentes como Jalisco, acumularán una porción significativa del flujo.

Sonora y Zacatecas: las dos cámaras del motor

En Sonora, la agenda de inversión gira en torno a dos ejes. Grupo México opera Buenavista del Cobre con una capacidad que la convierte en la mina de cobre a cielo abierto más grande de México, y cualquier ampliación o modernización de ese activo tiene efecto multiplicador sobre la economía del estado. El segundo eje es Las Chispas, que Coeur Mining adquirió a SilverCrest por US$1,700 millones en 2024 — una de las transacciones más grandes del sector en la región ese año. Que Coeur haya ejecutado esa compra en plena discusión arancelaria habla de su lectura de largo plazo.

Zacatecas opera en una lógica diferente. Es el estado que más concentra operaciones de plata —responsable de aproximadamente el 33% de la producción nacional del metal— y sus principales activos, Peñasquito de Newmont y Juanicipio de Fresnillo/MAG Silver, están en fase de optimización continua. La mina Camino Rojo de Orla Mining tiene clearance ambiental por más de 20 años, lo que la posiciona como una de las plataformas de inversión más estables del inventario mexicano. Además, el joint venture San Nicolás entre Agnico Eagle y Teck, con una inversión comprometida de US$1,100 millones, ancla el pipeline de proyectos de gran escala en el estado.

El dato que merece atención: el gobierno de Zacatecas redujo el backlog de permisos mineros pendientes de 25 a 5 en los últimos meses. Esa aceleración administrativa, discreta pero concreta, es el tipo de señal que mueve los cronogramas de inversión de los ejecutivos en Toronto y Sydney.

El rol del precio y el tipo de cambio

Detrás de toda proyección de inversión minera hay dos variables que los modelos no pueden ignorar: el precio del metal subyacente y el tipo de cambio. En 2024 y lo que va de 2025, ambas variables han operado a favor del productor mexicano exportador.

El oro rompió los US$3,100 por onza y ha sostenido niveles que hace tres años parecían escenarios de estrés. La plata, cuya conexión industrial con la demanda de paneles solares y electrónica de potencia es cada vez más robusta, mantiene un piso estructuralmente más alto que en ciclos anteriores. El cobre, impulsado por la transición energética global, cotiza en rangos que hacen rentables proyectos que antes apenas pasaban el umbral de viabilidad.

El tipo de cambio agrega un componente que los exportadores mexicanos entienden bien: sus costos son en pesos, sus ingresos en dólares. Cuando el peso se deprecia frente al dólar, el margen operativo en términos de moneda local se expande, incluso si el precio internacional del metal no se mueve. Ese diferencial cambiario ha sido un amortiguador silencioso de la presión de costos que el sector enfrentó por el incremento del salario mínimo y los energéticos en los últimos dos años.

El ángulo del USMCA y la demanda de EUA

No se puede leer la proyección de inversión de CAMIMEX sin el telón de fondo del comercio binacional. Estados Unidos importa aproximadamente el 28% de su plata desde México — una dependencia que la administración Trump no puede ignorar al diseñar su política arancelaria de metales. Esa asimetría protege al sector minero mexicano de la peor versión del escenario arancelario: gravar la plata mexicana equivale a encarecer un insumo estratégico para la industria estadounidense de defensa, electrónica y energías renovables.

El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, formaliza esa lógica de interdependencia. No es retórica diplomática: es el marco bajo el cual empresas estadounidenses pueden participar en proyectos mexicanos con mayor certeza jurídica, y bajo el cual México puede negociar tratamiento preferencial para sus exportaciones de minerales estratégicos. La inversión proyectada para 2026 asume, implícitamente, que ese marco se sostendrá.

Canadá es el otro actor que no aparece en los titulares pero sí en los balances. Es el mayor inversor extranjero en minería mexicana, y sus capitales fluyen principalmente a través del TSX hacia proyectos junior y mid-tier en Zacatecas, Jalisco y Sinaloa. La estabilidad del USMCA — del cual Canadá también es parte — es condición necesaria para que esos flujos no se interrumpan. La proyección de CAMIMEX implícitamente apuesta a que la renegociación del tratado, prevista para 2026, no producirá un shock.

¿Qué puede frenar el escenario?

El optimismo de CAMIMEX tiene sustento, pero también tiene supuestos que conviene nombrar. Primero: la velocidad de otorgamiento de permisos. El avance en Zacatecas es alentador, pero la tendencia nacional no es uniforme. Si SEMARNAT no acompaña el ritmo de reducción de backlog que los estados mineros están mostrando, varios proyectos en etapa de construcción perderán su ventana fiscal óptima.

Segundo: el costo de energía. Grupo México y Peñoles han invertido en cogeneración y energía renovable para blindar sus AISC, pero las tarifas industriales de CFE siguen siendo una variable de riesgo para operaciones medianas que no tienen escala suficiente para negociar contratos especiales.

Tercero: el entorno de seguridad en Sinaloa y partes de Guerrero. Las operaciones en zonas de alta exposición —como las que documenta GR Silver en Plomosas— enfrentan un costo logístico y de personal que no aparece en los prospectos pero sí en los estados de resultados.

Ninguno de esos factores invalida la proyección. Pero sí define quiénes capturan esa inversión y quiénes la pierden. Sonora y Zacatecas, con sus marcos operativos más maduros, absorberán la mayor parte. Los estados emergentes tendrán que competir en condiciones más exigentes.

US$6,600 millones en un año no se materializan solos. Se materializan cuando los permisos llegan a tiempo, cuando la energía tiene precio predecible, cuando el marco legal no cambia a mitad del proyecto. El sector ya puso su apuesta sobre la mesa. La cuenta pendiente es del gobierno.