Seguridad institucional: el verdadero filtro para inversión minera en México

La seguridad se convirtió en el filtro más duro de la inversión minera en México. No el tipo de cambio, no los precios del metal, no los trámites regulatorios: la seguridad. Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, lo dijo sin rodeos — la coordinación institucional no es un deseable de largo plazo, es la condición mínima para que el capital privado siga apostando por el sector. Y Guerrero, con la expansión de 200 millones de dólares en Minera Media Luna, es exactamente el terreno donde esa apuesta se pone a prueba.

Media Luna amplía la apuesta en el estado más complicado del país

Torex Gold opera El Limón Guajes, uno de los proyectos auríferos con menor costo de producción a nivel global, en una de las zonas con mayor tensión social y de seguridad de México. La expansión de 200 millones de dólares en Minera Media Luna no es una decisión tomada a la ligera. Es una señal de que la compañía canadiense encontró condiciones operativas mínimas para comprometerse — pero también es una apuesta que el gobierno de Guerrero no puede darse el lujo de desperdiciar.

Guerrero representa apenas una fracción del valor minero nacional, dominado por Sonora y Zacatecas. Sin embargo, la presencia de Torex Gold en la región del Balsas es estratégicamente relevante: El Limón Guajes produce alrededor de 400,000 onzas de oro al año, con un costo sustentado por debajo de los 800 dólares por onza. Eso la convierte en una de las minas más rentables de México, incluso con los costos adicionales que impone operar en Guerrero.

La inversión de expansión busca desarrollar el proyecto Media Luna, un depósito subterráneo de cobre, oro y plata localizado a menos de diez kilómetros de la operación actual. Si los números se sostienen, el proyecto podría duplicar la capacidad productiva del complejo. La pregunta no es si el yacimiento tiene valor — la tiene. La pregunta es si el entorno de seguridad permitirá operar sin interrupciones durante el horizonte de construcción y producción.

El costo real de la inseguridad: no solo vidas, sino meses y millones

Enero de 2026 dejó una imagen difícil de borrar en el sector: el secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en Sinaloa encendió todas las alertas. TD Cowen emitió un aviso de riesgo elevado para operaciones en Zacatecas y Chihuahua. CAMIMEX y el gobierno federal instalaron una mesa de seguridad. Las palabras fueron institucionales. Pero los números no mienten: cada semana de paralización operativa en una mina de mediano tamaño puede traducirse en pérdidas superiores al millón de dólares, sin contar el efecto en seguros, rotación de personal calificado y retrasos en proyectos de expansión.

Del Pozo Mendoza tiene razón en señalar la coordinación institucional como el eje central. El problema no es la falta de leyes — México tiene un marco legal minero relativamente robusto, aunque en revisión desde la Reforma Minera de 2023. El problema es la brecha entre lo que establece la norma y lo que ocurre en campo. Una concesión minera no vale de nada si la carretera de acceso al proyecto está bloqueada o si el personal de seguridad no tiene respaldo de las autoridades estatales y federales.

Guerrero concentra ese problema en su forma más aguda. La fragmentación del control territorial, con múltiples grupos que operan en distintas zonas de la entidad, convierte cada decisión operativa en un ejercicio de gestión de riesgo extralegal. Las empresas que operan ahí no lo dicen en sus comunicados de prensa, pero sí lo reflejan en sus estrategias de seguros, en sus protocolos de evacuación y en las primas que pagan por mano de obra especializada.

Coordinación institucional: ¿qué significa en términos concretos?

Cuando Del Pozo Mendoza habla de coordinación institucional, no habla de reuniones interministeriales con fotografías. Habla de algo muy específico: que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, los gobiernos estatales y las empresas tengan protocolos operativos compatibles. Que una alerta de seguridad en Guerrero llegue al mismo tiempo a la mesa de operaciones de Torex Gold y al puesto de mando de la Guardia Nacional en la región.

Eso no existe de forma sistemática hoy. Lo que existe son acuerdos parciales, coordinación ad hoc y, en el mejor de los casos, mesas de trabajo como la que CAMIMEX negoció tras los incidentes de Sinaloa. La mesa de seguridad es un paso. No es suficiente para que un director financiero en Toronto apruebe una inversión de expansión sin primas de riesgo extraordinarias.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado un giro pragmático respecto a la administración anterior. La reducción del backlog de permisos en Zacatecas — de 25 expedientes a 5 en 2025 — y el Plan México-EUA para Minerales Críticos firmado en febrero de 2026 son señales reales de apertura al sector. Pero los permisos llegan más rápido que la seguridad. Y sin seguridad, el permiso es papel.

Sonora y Zacatecas miran Guerrero con atención

Los estados con mayor peso minero no son ajenos a lo que ocurre en Guerrero. Sonora, con el 45% de la producción nacional de cobre y una presencia dominante de Grupo México, enfrenta sus propias presiones en zonas limítrofes con Sinaloa. Zacatecas, con el 33% de la plata nacional y operaciones de Newmont, Fresnillo PLC, MAG Silver y Orla Mining, apareció en el radar de riesgo de TD Cowen.

Lo que ocurra con la inversión de Media Luna en Guerrero enviará una señal a todo el mapa minero mexicano. Si Torex Gold logra avanzar en construcción sin incidentes mayores durante 2026 y 2027, el mensaje es que el modelo de coordinación funciona, al menos en casos individuales bien gestionados. Si hay interrupciones graves, el impacto no se limitará a Guerrero: afectará la percepción de riesgo de México como destino de inversión minera en su conjunto.

El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 del índice global de atractivo para inversión minera en 2024, una mejora notable respecto al lugar 74 del año anterior. Pero la percepción de seguridad es uno de los factores con mayor peso en ese índice. Una sola crisis operativa visible puede revertir años de mejora institucional en cuestión de semanas.

El argumento de Del Pozo Mendoza en perspectiva regulatoria

La posición del presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas conecta directamente con el debate regulatorio pendiente. La Reforma Minera de 2023 modificó el régimen de concesiones, reforzó la consulta previa con comunidades indígenas y redujo los plazos máximos de otorgamiento. Todo eso tiene implicaciones de largo plazo en el modelo de desarrollo minero del país. Pero ninguno de esos cambios resuelve el problema inmediato: si la seguridad física en zonas de operación no se garantiza, el resto del marco regulatorio pierde relevancia operativa.

La SCJN todavía tiene pendiente la resolución constitucional sobre varios puntos de la Reforma Minera de 2023. Varios amparos interpuestos por empresas del sector esperan definición. Esa incertidumbre jurídica se suma, no reemplaza, a la incertidumbre de seguridad. Para un proyecto como Media Luna, que implica construcción subterránea, transporte de insumos críticos y movilización de personal especializado en zonas de difícil acceso, los dos factores se potencian mutuamente.

La inversión de 200 millones de dólares en Guerrero es la apuesta concreta. La coordinación institucional que reclama Del Pozo Mendoza es la condición para que esa apuesta no se convierta en otro expediente de proyecto frenado. El gobierno federal tiene ahora una ventana para demostrarlo en el estado más complicado del mapa minero mexicano — y el sector observa con la calculadora en la mano.