First Majestic obtiene permisos para expansión de Santa Elena: señal de apertura regulatoria en México

First Majestic Silver obtuvo los permisos de construcción para dos nuevos portales subterráneos en su mina Santa Elena, en Sonora, y destinará 12 millones de dólares adicionales —unos 17 millones de dólares canadienses— a esta expansión. El anuncio llega en un momento en que la industria minera mexicana observa con lupa cada permiso otorgado por la autoridad: después de años de parálisis regulatoria bajo la administración de López Obrador, la señal que manda el gobierno de Claudia Sheinbaum es que el backlog se está despejando. Para First Majestic, que opera cuatro minas en el país, esta autorización no es solo un avance operativo. Es una validación del giro pragmático que ha tomado la política minera mexicana desde octubre de 2024.

Qué cambió en la ventanilla y por qué importa ahora

Durante los últimos tres años del sexenio de AMLO, la industria acumuló una lista de pendientes regulatorios que frenó inversiones en exploración y expansión. La reforma minera de 2023 introdujo nuevas obligaciones de consulta indígena bajo el principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), recortó los plazos de concesión y concentró en la SGM el monopolio sobre exploración en nuevas zonas. El resultado fue predecible: la exploración cayó 11.5% en 2024 y el clima de incertidumbre llegó hasta las mesas de Toronto y Nueva York. Que First Majestic haya recibido estos permisos de construcción —no de exploración, sino de obra concreta— en un estado como Sonora, que concentra cerca del 45% de la producción minera nacional, dice más que cualquier declaración ministerial.

La administración Sheinbaum redujo el backlog de permisos en Zacatecas de 25 a 5 casos durante 2025. El patrón se replica en Sonora. La diferencia de fondo con el sexenio anterior no es ideológica, sino operativa: hay interlocución real entre la Secretaría de Economía —encabezada por Marcelo Ebrard— y las empresas con proyectos en marcha. CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, lleva meses señalando que la agilización de permisos es condición mínima para que México aproveche la ventana que abren los minerales críticos en el contexto del USMCA. La aprobación de estos portales en Santa Elena encaja directamente en esa lógica.

Santa Elena: el activo que First Majestic necesitaba reactivar

Santa Elena opera en el municipio de Banamichi, Sonora, en la sierra alta que corre paralela a la frontera con Estados Unidos. Es una mina de plata y oro con historial de bajos costos operativos, pero que en los últimos dos años no había recibido inversión significativa de expansión. La apertura de dos portales subterráneos nuevos permite a la compañía acceder a zonas mineralizadas que los estudios internos identificaron como prioritarias, sin necesidad de reconfigurar la infraestructura superficial existente. Los 12 millones de dólares no son un gasto de exploración: son capital de construcción con destino concreto y horizonte de retorno relativamente corto.

Para First Majestic, que también opera San Dimas (Durango-Sinaloa), La Encantada (Coahuila) y hasta hace poco gestionaba otros activos en el norte del país, Santa Elena cumple una función estratégica doble. Primero, como activo de bajo costo que contribuye directamente al flujo de caja. Segundo, como mina que puede escalar producción sin requerir los plazos y la exposición política que implica un proyecto greenfield. Conseguir los permisos en el marco regulatorio actual —donde la Reforma Minera de 2023 sigue vigente y su constitucionalidad está pendiente de resolución en la SCJN— es un logro que la empresa debería comunicar con más fuerza de lo que lo ha hecho.

El peso del contexto regulatorio: la SCJN como variable activa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente la resolución sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera de 2023. Varias empresas interpusieron amparos cuestionando disposiciones específicas, entre ellas las relativas a concesiones, derechos de preferencia y requisitos de consulta indígena. Mientras esa resolución no llegue, el marco legal opera en una zona gris que obliga a los equipos legales de las mineras a navegar con cuidado cada trámite. Que la autoridad haya emitido permisos de construcción para Santa Elena bajo este esquema sugiere que la SE y las dependencias involucradas están actuando dentro de los márgenes existentes, sin esperar a que la Corte aclare el panorama. Es una apuesta operativa razonable. También es una decisión que podría revisarse si la SCJN invalida alguna de las disposiciones en las que se sustentaron los permisos.

El escenario más probable, sin embargo, es que la Corte preserve la estructura central de la reforma con ajustes parciales. Las empresas con permisos vigentes difícilmente verían sus autorizaciones revertidas por una sentencia que, en todo caso, tendría efectos hacia adelante. Para First Majestic, esto significa que el riesgo jurídico inmediato de la expansión de Santa Elena es manejable. El riesgo operativo —incluyendo acceso a agua, relaciones con comunidades y condiciones de seguridad en la región— merece vigilancia continua, pero no es el factor crítico en este caso.

Minerales críticos y la presión del reloj bilateral

El acuerdo México-EUA en materia de minerales críticos, anunciado el 4 de febrero de 2026, pone sobre la mesa una oportunidad que México tiene que correr para no perder. El gobierno de Donald Trump ha elevado los minerales críticos a categoría de seguridad nacional, y Ebrard ha viajado a Washington precisamente para posicionar a México como proveedor estratégico dentro del marco USMCA. El problema es que las oportunidades de negociación bilateral tienen calendario: si México no puede demostrar capacidad de producción creciente en plata, cobre y los metales que acompañan esas cadenas, el argumento negociador se debilita.

First Majestic, con cuatro minas en operación y un anuncio de expansión concreto en Sonora, es exactamente el tipo de empresa que el gobierno Sheinbaum necesita mostrar como evidencia de que el sector funciona. La plata sigue siendo el metal en el que México no tiene rival: 6,300 toneladas anuales, 24% de la producción global, y Santa Elena contribuye a ese total. Cada tonelada adicional que salga de los nuevos portales autorizados refuerza la posición negociadora del país en la mesa bilateral, aunque esa conexión raramente se articule de manera explícita en los comunicados de gobierno.

Lo que el permiso no resuelve

Obtener un permiso de construcción es el inicio del proceso, no el cierre. First Majestic deberá ejecutar la obra dentro de los plazos establecidos en la autorización, mantener los estándares ambientales que exige SEMARNAT y PROFEPA, y gestionar la relación con las comunidades del entorno conforme al marco de consulta indígena vigente. Banamichi es un municipio de Sonora con baja conflictividad histórica en comparación con zonas de alta tensión como el norte de Sinaloa, donde el secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en enero de 2026 reavivó la alarma sectorial. Pero la calma no es permanente ni automática.

Los 12 millones de dólares asignados a la expansión también deberán rendir fruto en un contexto de precios de plata que, si bien se mantienen elevados respecto a los promedios históricos, no garantizan el mismo margen que hace dieciocho meses. La disciplina de costos que ha caracterizado la gestión de Santa Elena tendrá que extenderse a la fase de construcción. Cualquier sobrecosto o retraso en la habilitación de los portales afectará directamente el perfil de retorno que First Majestic presentó a sus inversionistas.

El permiso llegó. Ahora viene la parte que no depende del gobierno: ejecutar bien, en tiempo y sin sorpresas. Para un sector que lleva años reconstruyendo la confianza de los mercados de capitales en el marco regulatorio mexicano, cada obra terminada en plazo vale más que diez anuncios de inversión.