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México no puede dejar el petróleo hasta que no ponga en marcha su industria del litio

México no puede abandonar el petróleo hasta que no inicie su producción de litio, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los medios esta semana, refiriéndose a las reformas planeadas que incluyen la nacionalización de la producción de litio.

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“La reforma establece que la nación aproveche sus [reservas] de litio como un mineral estratégico para el desarrollo del país”, dijo López Obrador citado por BNAmericas. “No será posible sustituir el petróleo si no se desarrolla el litio [para apoyar] la generación de energías alternativas”.

La propuesta de concesión del litio es parte de un impulso más amplio para devolver el control del gobierno a la industria energética mexicana. El plan ha suscitado preocupación entre las empresas energéticas privadas e incluso en Washington.

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El nuevo proyecto de ley de energía que impulsa el gobierno de López Obrador podría dar carpetazo a proyectos de energía eólica y solar por valor de 22,000 millones de dólares, ya que el proyecto prioriza el desarrollo de la generación de gas, la energía hidroeléctrica y la nuclear. Muchos de los proyectos de energía renovable implican a empresas estadounidenses y a grandes compañías energéticas internacionales, como la española Iberdrola.

“Vemos una gran oportunidad para trabajar juntos en energías limpias, para trabajar juntos hacia la descarbonización como un bloque norteamericano”, dijo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, citada por Argus, durante una visita a México para discutir asuntos energéticos a principios de este año. “Pero también esperamos que se resuelvan las cuestiones en torno a la reforma eléctrica”.

La propuesta de desarrollar los recursos de litio podría apuntar a una concesión a las energías renovables por parte del gobierno de López Obrador, aunque los planes de nacionalización difícilmente serán bienvenidos por la industria minera.

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El proyecto de ley de energía también incluye la cancelación de todos los acuerdos privados de compra de energía y otras reformas destinadas a reforzar el papel dominante de la empresa estatal CFE. El partido en el poder está tratando de generar suficiente apoyo al proyecto para asegurar la mayoría de dos tercios de los legisladores que necesita para convertirlo en ley.

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