Bolivia.- La Comisión Pacificadora advirtió ayer que el 50 por ciento de las cooperativas mineras de Oruro dejó de trabajar por falta de explosivos y combustibles, cuya venta a los mineros está suspendida por el decreto emitido el 1 de septiembre a causa de las muertes ocurridas en agosto, en medio de las protestas de los mineros.
El expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Andrés Villca, en contacto con el programa “Hagamos Democracia” de Erbol ratificó la oferta al Gobierno de establecer una agenda de diálogo sobre tres puntos: respeto a la vida; dejar de perseguir a los dirigentes nacionales, departamentales, centrales cooperativas y de base; y respetar el derecho al trabajo.
Indicó que las cooperativas ven prioritario que se levante la prohibición de materiales explosivos y venta de carburantes porque “las cooperativas están totalmente agotadas. Del 100 por ciento apenas trabaja el 50 por ciento. En realidad en el departamento de Oruro, si las cooperativas no empiezan la explotación correspondiente va a haber problemas económicos”.
La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro aglutina a 83 cooperativas que explotan desde agregados hasta oro, cobre y hierro pasando por mineral complejo como plomo, plata, zinc, según el portal Pío XII.
En una carta difundida el sábado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sin referirse al pedido de audiencia de las cooperativas, sugirió a la Comisión de Pacificación entregar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en señal de buena fe ante el pueblo boliviano.
De esa manera respondió a una carta enviada por la Comisión el 8 de septiembre y también desmintió la supuesta persecución que estaría llevando a cabo el Gobierno nacional en contra de dirigentes cooperativistas. Quintana señaló en su respuesta que la acción jurisdiccional e investigación corresponde al Órgano Judicial y al Ministerio Público.
Al respecto Villca, dijo también hay preocupación en las familias de los detenidos en la cárcel de Chonchocoro y San Pedro. “Han venido varias familias llorando y la información que se nos viene es que se tiene una amplia lista, seguramente desde el Ministerio Público, para la detención de muchos compañeros”, advirtió.
Dijo que ante esa situación, para la Comisión es importante viabilizar el diálogo con las autoridades para entrar en consenso. Sin embargo, hasta ahora se sigue esperando una respuesta a la solicitud de audiencia.
El Decreto Supremo 2888, por el que los mineros no pueden acceder a explosivos, fue promulgado para prohibir el uso de dinamitas en protestas sociales, como en los recientes bloqueos de mineros cooperativistas.
La semana pasada, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) determinó en ampliado nacional no acatar el decreto.
Su secretario ejecutivo, Orlando Gutiérrez, dijo que los afiliados resolvieron de manera categórica no acatar el decreto y exigen al Gobierno la derogación inmediata de la norma.
Al respecto, el ministro de Minería, César Navarro, descartó que el Gobierno vaya a abrogar o revisar esa prohibición, pues es una decisión ya asumida y aseguró que la resolución del ampliado de la Fstmb es sólo la reacción de un sector.
Agencias
