Bolivia.- Una tarea sin precedentes es la que se avecina en Tarija. La Dirección de Hidrocarburos de la Gobernación ha logrado materializar un convenio firmado hace dos meses con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que derivará en la implementación de una oficina departamental en el mes de septiembre.
Con ese paso, se iniciará una socialización de la Ley de Minería, número 535, que establece un 85 por ciento de regalías mineras para la Gobernación y un 15 por ciento para el municipio donde se explota el mineral. Otra de las tareas fundamentales es el relevamiento de datos del sector, pues no se cuenta con registros actualizados de la explotación en el departamento. Según datos de la página web del AJAM, hasta el pasado año en Tarija se tenían 48 concesiones mineras vigentes y 588 concesiones que caducaron.
El departamento de Tarija recibe anualmente entre 600 a 800 mil bolivianos por renta petrolera, un monto bajo en comparación a las ganancias que obtienen las empresas y personas que se dedican a la explotación ilegal de recursos naturales, entre los que se tiene a la piedra caliza, arcilla, toba, sal de roca (rosada, blanca, gris), yeso, oro, cal y otros minerales.
El director de Hidrocarburos y Minería de la Gobernación, Christian Echart, manifestó que tras varias gestiones se ha realizado una reunión en La Paz con el viceministro de Política Minera, Gualberto Hochkofler Sánchez, donde participaron ejecutivos de la AJAM, y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM).
Además del relevamiento de datos, el convenio apunta al fortalecimiento técnico, jurídico y logístico entre ambas instituciones; al intercambio de información para actualizarse; y finalmente a la implementación de estrategias de detección y seguimiento y control de áreas de producción que no están registradas.
El objetivo final, según el funcionario, es impulsar la explotación sostenible y eficiente, que se cumpla con el pago de regalías, y recuperar en los próximos años los recursos económicos de la renta minera que se fugan por la explotación ilegal, o la que no está debidamente declarada.
“Vamos a hacer un relevamiento georeferenciado, de qué mineral, dónde y cuánto se explota”, agregó el Director.
El dirigente de la zona alta del departamento y ex diputado, Raúl Altamirano, saludó las gestiones realizadas por la Gobernación, ya que permitirá detectar la explotación desde la pequeña a la gran escala. Recordó que cuando fungió como autoridad departamental, conoció informes de que se pierden unos 500 millones de bolivianos por año, debido a la falta de fiscalización y formalidad en el sector.
Altamirano ejemplificó que existe mucho potencial en la provincia Méndez, donde se ha encontrado plomo, estaño, oro y plata, mientras que recordó que en el municipio de El Puente hay grandes reservas de piedra caliza que es explotada a gran escala dejando ganancias mínimas para el departamento.
El geólogo tarijeño, Daniel Centeno, explicó que en el departamento de Tarija existen grandes yacimientos de yeso, cal y sal en Entre Ríos, mientras que en El Puente, hay cal y yeso. Asimismo, indicó que se tienen en el resto del departamento depósitos de zinc, silicio, hierro, oro, antimonio, plata, y un porcentaje de minerales radioactivos como torio y uranio. Sin embargo, indicó que la mayor explotación se concentra en El Puente y Entre Ríos.
Papel de los municipios en las regalías mineras
Ya que la Ley 535 establece los porcentajes de participación en la renta minera, de un 85 por ciento para la Gobernación y un 15 para los municipios, Echart señaló que es imprescindible la participación de ambas entidades en la fiscalización, ya que se incrementarán los ingresos departamentales del sector en los siguientes años. Asimismo, anunció la próxima firma de un convenio con el SENARECOM, para que abran oficinas en Tarija.
El País
