El Parlamento Europeo (PE) rechazó hoy un proyecto de ley para crear un sistema de certificación voluntario para la importación de minerales y oro desde países en conflicto y exigió, en cambio, que la iniciativa sea obligatoria.

La regla tiene por objetivo certificar la procedencia e impedir que los ingresos generados por la importación de estaño, tantalio, wolframio y oro se destinen a organizaciones criminales activas en los países extractores, la mayoría de ellos pobres y asolados por conflictos.

Esos minerales y metales de elevado valor son empleados en la producción de numerosos productos de consumo en la UE, como autopartes, electrodomésticos, equipamientos aeroespaciales, empaquetados, materiales de construcción, iluminación, maquinaria, herramientas y joyería.

En su origen, la propuesta de ley elaborada por la Comisión Europea tenía previsto un sistema de certificación voluntario.

No obstante, en la votación de este día, la Eurocámara introdujo una enmienda tornando la iniciativa obligatoria para todos los importadores de la UE.

Además, exigió que las fundiciones y refinerías -último punto de la cadena de suministro en el que se puede rastrear el origen de los minerales- se sometan a auditorías obligatorias e independientes para verificar sus prácticas.

Por su parte, las 880 mil compañías que utilizan esos minerales en la fabricación de sus productos tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos elementos.

Los diputados europeos también reclaman un mecanismo de control del sistema más estricto, con una revisión de su funcionamiento dos años después de empezar a aplicarlo y posteriormente cada tres años.

Las áreas afectadas por la normativa son todas las zonas de conflicto y alto riesgo del mundo, de las que la República Democrática del Congo y la zona de los Grandes Lagos son el ejemplo más claro.

El texto define “áreas de conflicto y de alto riesgo” como aquellas sumidas en conflicto armado, con violencia generalizada y desmoronamiento de la infraestructura civil, o en posconflicto frágil, y zonas con gobiernos o seguridad precarios o inexistentes, caracterizadas por “violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos”.

La propuesta deberá ahora ser sometida al visto bueno de la CE y del Consejo Europeo con vistas a lograr un acuerdo sobre la versión definitiva del texto.

NTX

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