El gobierno colombiano refuerza hoy acciones para contrarrestar la minería ilegal por sus impactos nocivos para la economía y el medio ambiente.
Para reducir la proliferación de trabajadores ilegales, autoridades del sector promueven una política de formalización que concederá permisos sólo a mineros con adecuadas prácticas laborales, económicas, sociales y ambientales, precisó la ministra encargada, María Isabel Ulloa.
Durante un foro sobre el tema adelantó que la estrategia contra ese flagelo prevé una verificación o seguimiento a toda una cadena que incluye el ámbito productivo, transportación y comercialización del mineral.
Es preciso comprobar que cada producto comercializado provenga de una fuente legal, insistió Ulloa.
Según informes oficiales en departamentos como Risalda, comprendido dentro del eje cafetero, fueron descubiertos varios focos de minería ilícita, sitios donde la policía organiza operativos para su desactivación.
Como parte de la campaña para reducir ese delito, son destruidos implementos como dragas en lugares donde se desarrollan esas faenas al margen de la ley y sin las condiciones requeridas para tales fines.
Expertos del Ministerio para el Ambiente alertaron recientemente acerca de los peligros de las rústicas faenas extractivas, que en su mayoría causan daños significativos a las fuentes de agua, contaminadas por el indiscriminado empleo del mercurio.
Tanto la vegetación como los suelos sufren igualmente el impacto de tales procederes, los cuales agreden el entorno en un país distinguido por su biodiversidad, segundo más rico en especies.
La minería es la tercera industria básica de Colombia, nación que atesora yacimientos de oro, plata, platino, hierro y cobre, principalmente.
Prensa Latina
