Senace aprueba 103 proyectos mineros en Puno por US$ 2.692 millones: Minsur y Quenamari-San Rafael lideran expansión de estaño

En un movimiento que despeja buena parte del horizonte regulatorio de la región sur del Perú, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó 103 expedientes ambientales vinculados a proyectos de inversión en Puno por un monto agregado superior a los US$2,692 millones. No es un trámite administrativo rutinario. Es la señal institucional más concreta que ha emitido el sistema de certificación ambiental peruano en lo que va del año en una región que combina un potencial minero extraordinario con una historia igualmente extraordinaria de conflictos sociales y parálisis burocrática.

Quenamari–San Rafael y la apuesta por el estaño que el mercado está mirando

Entre los expedientes aprobados destaca la unidad minera Quenamari–San Rafael, operada por Minsur, la empresa peruana que concentra la mayor producción de estaño refinado del hemisferio occidental. San Rafael ya es la mina de estaño subterránea de mayor ley de mineral del mundo. La aprobación del componente ambiental de Quenamari no es un hito menor: extiende la vida útil del proyecto y amplía la capacidad de procesamiento en un momento en que el estaño cotiza con presión alcista sostenida por la demanda de electrónica y soldaduras para manufactura de semiconductores.

El LME ha registrado el estaño por encima de los US$30,000 por tonelada en episodios recientes. Para Minsur, cada mes de retraso en la certificación ambiental equivale a dejar valor en la mesa en un mercado que no espera. La aprobación de Senace cierra una ventana de incertidumbre que el mercado financiero ya había incorporado como riesgo en las valoraciones del proyecto.

Quenamari–San Rafael también tiene un componente estratégico más amplio: Perú es el cuarto productor mundial de estaño, y San Rafael representa aproximadamente el 3% de la oferta global. Que el sistema de certificación ambiental haya procesado y aprobado este expediente sin las demoras que suelen acompañar a proyectos de esta escala en regiones andinas complejas es, en sí mismo, un dato que los analistas de riesgo soberano deberían incorporar a sus modelos.

Las líneas de transmisión: sin infraestructura eléctrica no hay minería

El paquete aprobado incluye también las líneas de transmisión San Gabán III y Tintaya Nueva–Pumiri. Este es el ángulo que los titulares suelen ignorar y que los operadores mineros entienden perfectamente: la electrificación confiable no es un complemento a la minería en Puno, es su condición de posibilidad.

San Gabán III representa la expansión de capacidad hidroeléctrica en la cuenca del río San Gabán, una zona donde la demanda energética de las operaciones mineras existentes ya presiona los límites de la infraestructura disponible. La certificación ambiental de este proyecto habilita una inversión que, en términos prácticos, mejora la seguridad energética de toda la cartera minera del sur peruano.

La línea Tintaya Nueva–Pumiri es aún más directamente estratégica. Tintaya es la histórica operación cuprífera de Glencore en Espinar, Cusco, con conexiones logísticas y de suministro que atraviesan la región de Puno. La extensión de la red de transmisión hacia Pumiri resuelve cuellos de botella que han limitado la expansión de operaciones en la zona durante años. No es exagerado afirmar que sin esta infraestructura, varios proyectos de la cartera de desarrollo del sur peruano permanecerían técnicamente inviables, independientemente del precio de los commodities.

Puno como jurisdicción: lo que cambió y lo que sigue siendo frágil

Puno no tiene fama de ser una región fácil para la inversión minera. Los conflictos sociales alrededor de proyectos como Santa Ana —que lleva más de una década paralizado— y la sensibilidad política en torno al lago Titicaca han dado a la región una reputación de alta complejidad para la obtención de licencias sociales. La aprobación de 103 expedientes ambientales en un solo bloque es, en ese contexto, una señal institucional que merece lectura cuidadosa.

Lo que Senace demostró con este proceso es que la burocracia ambiental puede funcionar de manera ordenada cuando existe voluntad institucional y los expedientes están bien presentados. Ese es un mensaje directo a los equipos de relaciones comunitarias y gestión ambiental de las empresas: la calidad técnica del expediente importa, y cuando se cumple, el sistema responde.

Lo que sigue siendo frágil es la distancia entre la certificación ambiental y la licencia social real. Senace aprueba expedientes. No resuelve tensiones comunitarias, no garantiza que las comunidades aimaras o quechuas de la región hayan sido consultadas a satisfacción, y no sustituye el proceso de consulta previa cuando corresponde. Varios de los 103 proyectos aprobados operarán en territorios donde esa consulta es obligatoria bajo el Convenio 169 de la OIT. Las empresas que asuman que la certificación de Senace cierra el ciclo de aprobaciones enfrentarán sorpresas costosas.

El contexto nacional: Senace como termómetro del sistema

El desempeño de Senace en 2025 y lo que va de 2026 ha sido uno de los debates más concretos dentro de la discusión sobre clima de inversión en Perú. Durante años, los plazos de revisión ambiental fueron un punto de fricción documentado entre el gobierno y el sector privado. La cartera de proyectos mineros pendientes de certificación llegó a representar decenas de miles de millones de dólares en inversión potencial bloqueada en fases de trámite.

El Ministerio del Ambiente y la Presidencia del Consejo de Ministros han presionado en distintos momentos para acelerar los tiempos de Senace sin sacrificar la rigurosidad técnica. La aprobación de este bloque en Puno sugiere que ese equilibrio, al menos en este caso, se logró. Pero un resultado positivo no establece una tendencia. Perú lleva seis presidentes en seis años. La continuidad institucional que permite a un organismo como Senace construir capacidad técnica, retener personal calificado y mantener criterios estables de evaluación sigue siendo el talón de Aquiles del sistema regulatorio peruano.

Los inversionistas institucionales que siguen la cartera peruana —y en Toronto y Nueva York hay varios que lo hacen con atención creciente, dado el perfil de Quellaveco y el rol de Cerro Verde en la oferta global de cobre— leen estos movimientos como indicadores adelantados. Una aprobación de esta magnitud en Puno mejora el índice de confianza, pero no lo reestablece. Para eso hace falta consistencia en el tiempo.

US$2,692 millones: qué significa esa cifra en términos de desarrollo regional

Ponerla en perspectiva ayuda a dimensionar la decisión. Puno tiene un PIB regional estimado en torno a los US$5,000 millones. Una cartera de inversión aprobada por más de US$2,692 millones —aunque no toda se ejecutará de forma simultánea ni en el corto plazo— equivale a movilizar capital equivalente a más del 50% del producto regional. Para una región que históricamente ha visto pasar los ingresos del canon minero sin que se traduzcan en infraestructura duradera, la potencial activación de proyectos de esta escala tiene implicaciones que van mucho más allá del sector extractivo.

Los encadenamientos económicos locales en minería subterránea de la escala de Quenamari–San Rafael incluyen demanda de servicios técnicos, transporte, alimentación, insumos y, en menor medida, manufactura regional. No son empleos directos masivos, pero son empleos calificados y estables que en regiones como Puno, donde la economía informal y la agricultura de subsistencia son dominantes, tienen un efecto multiplicador real sobre los ingresos familiares.

El canon y la presión política que viene

Ningún análisis de inversión minera en regiones del sur peruano puede ignorar la dinámica del canon. Las regiones productoras reciben un porcentaje del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. En teoría, ese mecanismo debería alinear los incentivos de los gobiernos regionales con la actividad extractiva. En la práctica, la relación es mucho más complicada.

Puno ha visto gobiernos regionales que se han opuesto a proyectos mientras simultáneamente dependían del canon generado por las operaciones existentes. Esa tensión política no desaparece con la aprobación de Senace. Los ejecutivos de proyectos que inician la fase de construcción en los próximos meses lo saben: la certificación ambiental abre la puerta, pero mantenerla abierta requiere gestión política activa a nivel regional y local, no solo federal.

La aprobación de estos 103 expedientes en Puno es, finalmente, una buena noticia para el sistema. No es suficiente para declarar que el Perú resolvió su problema de clima de inversión. Pero es evidencia de que las partes del sistema que dependen de capacidad técnica y voluntad institucional pueden funcionar. Lo que sigue determinando el resultado real de la inversión es lo que sucede después de la firma: en el territorio, en la comunidad y en el escritorio de los funcionarios regionales que deciden si el proyecto avanza o se frena.

US$2,692 millones en expedientes aprobados. El siguiente número que importa es cuántos de esos proyectos estarán en construcción en doce meses.