Minem e Ingemmet lanzan Ventanilla Única Digital para acelerar permisos mineros en Perú

Minem e Ingemmet acaban de firmar un convenio marco para construir la Ventanilla Única Digital del Sector Minería (VUD-MINEM). No es un anuncio menor: es el primer movimiento institucional concreto para atacar el cuello de botella administrativo que, según datos de la propia cartera, tiene represadas solicitudes de permisos con tiempos de respuesta que superan los 18 meses en varios trámites clave. Perú lleva una década prometiendo simplificación. Esta vez hay un instrumento firmado, dos instituciones comprometidas y, sobre todo, una cartera de proyectos de US$53,000 millones que no puede esperar indefinidamente.

Qué dice el convenio y qué no dice

El acuerdo establece un marco de integración entre el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico para articular información, servicios especializados y procedimientos administrativos bajo una plataforma digital común. El objetivo declarado es que el inversionista —desde la junior de exploración hasta el operador de tajo abierto— pueda gestionar sus trámites en un solo punto de acceso, con trazabilidad de cada paso y sin la fragmentación actual entre ventanillas distintas que hoy obligan a presentar documentación redundante ante múltiples dependencias.

Lo que el convenio aún no especifica es el cronograma de implementación por fases, los indicadores de desempeño que se usarán para medir la reducción de tiempos, ni el presupuesto asignado. Esos detalles son los que, en el historial regulatorio peruano, marcan la diferencia entre una reforma que cambia operaciones y un acuerdo que muere en el papel. La firma es condición necesaria, no suficiente.

El rol de Ingemmet es central y frecuentemente subestimado en el debate público. El instituto no solo administra el catastro minero y el registro de concesiones: también genera la información técnica geológica que sustenta buena parte de las evaluaciones ambientales y de factibilidad. Integrar su base de datos con los flujos del Minem no es un trámite burocrático — es la diferencia entre un sistema que verifica en tiempo real y uno que sigue solicitando certificaciones que ya existen en archivos del propio Estado.

El diagnóstico detrás del convenio: por qué los permisos son el problema

Perú produce alrededor de 2.7 millones de toneladas de cobre al año y es el tercer productor mundial de plata y zinc. Con esos números, debería tener un sistema de permisos de clase mundial. No lo tiene. El Banco Mundial y el ICMM han documentado en múltiples ciclos de evaluación que los tiempos de tramitación de estudios de impacto ambiental, permisos de agua y autorizaciones de inicio de operación en Perú se encuentran entre los más extensos de América del Sur, superados en lentitud solo por países con marcos regulatorios deliberadamente restrictivos.

Los proyectos medianos —aquellos entre US$500 millones y US$2,000 millones de inversión— son los más golpeados. Los grandes operadores como Freeport-McMoRan en Cerro Verde o Anglo American en Quellaveco tienen equipos legales y relacionistas comunitarios que absorben la fricción burocrática. Las empresas medianas y las junior de exploración no tienen ese músculo. Para ellas, un trámite que demora 18 meses en lugar de seis puede ser la diferencia entre mantener financiamiento activo o perderlo.

El caso Quellaveco, operativo desde 2022 con plena capacidad desde 2024, tardó más de 20 años desde la primera concesión hasta la producción comercial. No todo ese tiempo fue burocracia — hubo conflictos comunitarios reales y negociaciones complejas. Pero una fracción significativa sí fue fricción administrativa pura: documentación repetida, revisiones secuenciales que podían haberse hecho en paralelo, y sistemas que no dialogaban entre sí.

El contexto político que hace viable esta iniciativa — y lo que podría frenarla

El gobierno de Dina Boluarte ha encontrado en la minería uno de sus pocos vectores de estabilidad económica. Con un Congreso fragmentado y una aprobación presidencial que no supera el 15% en la mayoría de las mediciones, la agenda de simplificación regulatoria minera es uno de los terrenos donde la administración puede mostrar resultados concretos sin abrir flancos políticos mayores. El sector genera el 60% de las exportaciones del país y financia directamente, vía canon, a las regiones que concentran la mayor parte del descontento social.

Eso no significa que el camino esté despejado. Perú lleva seis presidentes en seis años. Cada cambio de administración ha interrumpido iniciativas de digitalización y modernización institucional que ya estaban en marcha. La VUD-MINEM no es la primera plataforma que se anuncia con esta ambición: el Sistema de Información de Recursos Minerales (SIREM) y la plataforma de SENACE para EIA digitales prometieron resultados similares en años anteriores, con resultados parciales en el mejor de los casos.

El riesgo real no es técnico. La tecnología para construir una ventanilla digital integrada existe y no es cara. El riesgo es de continuidad institucional: que un cambio de gobierno, una rotación de ministra o una crisis política paralice el proyecto antes de que alcance masa crítica operativa. Ahí es donde el convenio marco entre Minem e Ingemmet tiene valor estratégico: crear una obligación contractual entre dos instituciones que trascienda al funcionario que la firmó.

Lo que mide el mercado: señales para inversionistas en Lima y Toronto

Para un analista en la Bolsa de Valores de Lima o un fondo de recursos naturales con exposición en TSX, el convenio VUD-MINEM no mueve por sí solo el precio de ninguna acción. Lo que sí mueve —gradualmente— es la prima de riesgo regulatorio que el mercado aplica a los proyectos peruanos en etapa de desarrollo. Esa prima ha crecido de manera sostenida desde 2016 y hoy está integrada en los modelos de valoración de prácticamente todos los proyectos con más de US$300 millones de capex proyectado.

Southern Copper tiene pendiente la aprobación definitiva de Tía María, proyecto que acumula más de una década de obstáculos entre resistencia comunitaria y trámites administrativos. Las Bambas, operada por MMG, enfrenta cada año interrupciones logísticas en el corredor del sur que cuestan semanas de producción. Buenaventura, la mayor minera peruana de capital local, ha señalado en sus reportes a la SEC que la incertidumbre en tiempos de permiso es uno de los factores que más afecta su planificación de capex.

Una plataforma digital que reduzca tiempos de respuesta de 18 a seis meses en trámites de modificación de EIA o de permisos de agua no resuelve el conflicto social en Cotabambas ni cambia la geografía política del sur andino. Pero libera capital humano y financiero que hoy está atrapado en gestión burocrática, y reduce la incertidumbre de cronograma que es la variable que más pesa en las decisiones de inversión de etapa temprana.

El modelo comparativo: lo que funciona en la región

Chile implementó entre 2018 y 2022 un proceso de digitalización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que redujo los tiempos promedio de aprobación de EIA para proyectos mineros en un 23%, según datos del Servicio de Evaluación Ambiental. No fue una transformación radical: fue una acumulación de mejoras incrementales — presentación electrónica, consultas paralelas entre servicios, trazabilidad pública de cada expediente — que sumadas cambiaron la experiencia del operador.

México, bajo el gobierno de Sheinbaum, redujo el backlog de permisos en Zacatecas de 25 expedientes atrasados a cinco durante el primer semestre de 2025, usando un modelo de gestión de expedientes digitalizado combinado con mesas técnicas entre la Secretaría de Economía y los operadores. No es el mismo contexto institucional que Perú, pero demuestra que la simplificación administrativa es ejecutable cuando hay voluntad política sostenida y métricas de seguimiento claras.

Lo que distingue a los sistemas que funcionan de los que quedan en el papel es precisamente eso: métricas públicas, revisadas con frecuencia y atadas a responsabilidades institucionales específicas. Si el Minem y el Ingemmet publican —y cumplen— indicadores de reducción de tiempos en los próximos 12 meses, el convenio habrá tenido efecto real. Si los indicadores no aparecen, el mercado lo registrará como un anuncio más.

El efecto sobre la cartera de proyectos: US$53,000 millones en espera

La cartera de proyectos mineros de Perú supera los US$53,000 millones en valor de inversión proyectada. Una fracción de esa cartera está frenada por conflictos sociales que ninguna plataforma digital puede resolver. Pero otra fracción significativa está atascada por tiempos de tramitación que alargan los cronogramas, encarecen el financiamiento y elevan el costo de oportunidad para los operadores.

Proyectos de expansión en operaciones existentes — donde el riesgo social es menor y el perfil de aprobación es más predecible — son los que más rápidamente absorberían los beneficios de una ventanilla única funcional. Cerro Verde, Antamina y Antapaccay tienen ampliaciones evaluadas que dependen en parte de la velocidad del proceso de modificación de sus instrumentos ambientales. Ahí es donde la VUD-MINEM puede generar impacto medible en un horizonte de 24 a 36 meses, si la implementación avanza.

El convenio firmado entre Minem e Ingemmet es el primer paso administrativo correcto en una dirección que el sector lleva años pidiendo. Perú no puede seguir siendo el segundo productor mundial de cobre con uno de los sistemas de permisos más lentos de la región. La firma existe. Ahora el mercado espera el cronograma, los indicadores y, sobre todo, la continuidad que esta iniciativa nunca ha tenido.