US$ 40.000 millones en proyectos mineros peruanos están suspendidos sin fecha de inicio

Más de US$40,000 millones en proyectos mineros peruanos no tienen fecha de inicio. No están cancelados, no están en litigio formal, no están muertos. Están suspendidos en un limbo institucional que, para efectos prácticos, produce el mismo resultado: cero toneladas de cobre, cero canon para las regiones y cero señales para los inversionistas que evalúan dónde colocar capital en la próxima década.

La advertencia proviene de Paola Herrera, economista sénior del Instituto Peruano de Economía (IPE), y el dato es tan contundente como incómodo: una porción mayoritaria de la cartera de proyectos identificada por el Ministerio de Energía y Minas simplemente no tiene cronograma de ejecución. No es que el gobierno no sepa cuándo comenzarán. Es que nadie sabe si comenzarán.

El número que el gobierno no quiere titular

La cartera total de proyectos mineros del Perú supera los US$53,000 millones según datos del Ministerio de Energía y Minas. Que US$40,000 millones de esa cifra carezcan de fecha estimada de inicio no es un problema administrativo. Es un diagnóstico estructural sobre el clima de inversión en el país que produce el 10% del cobre mundial y genera el 60% de sus divisas de exportación con la minería.

Para dimensionarlo en términos de proyecto: Quellaveco, la operación de cobre de Anglo American que entró en producción plena en 2024 y que representó una de las apuestas de capital más ambiciosas en la historia minera peruana, costó aproximadamente US$5,300 millones. Los proyectos sin fecha representan casi ocho Quellaveccos. Y Quellaveco tardó más de dos décadas entre descubrimiento, conflictos sociales, permisos y construcción.

¿Por qué no arrancan? El diagnóstico del IPE

La respuesta corta es conocida: conflicto social, incertidumbre regulatoria e inestabilidad política. Pero Herrera va más a fondo. El problema no es solo que los proyectos enfrenten oposición comunitaria, sino que el Estado peruano carece de los mecanismos institucionales para procesar esa oposición y convertirla en una decisión vinculante, sea aprobación o rechazo.

El resultado es la parálisis indefinida. Los proyectos permanecen técnicamente vigentes, aparecen en la cartera oficial, cuentan estudios de factibilidad aprobados en algunos casos, pero no avanzan. Las empresas capitalizan en bolsa con activos que el mercado ya descuenta como no ejecutables en el horizonte relevante. Los inversionistas lo saben. Y el capital fluye a otras jurisdicciones.

Tía María es el caso más citado y el más revelador. Southern Copper, filial de Grupo México, obtuvo la licencia de construcción en 2019 después de años de conflicto. Hoy, seis años después, la mina de cobre en el valle del Tambo sigue sin haber movido un gramo de mineral. El proyecto tiene todo el respaldo técnico y financiero de una de las mineras más capitalizadas del mundo. Lo que no tiene es el consenso social mínimo para operar. Esa brecha, entre permiso legal y viabilidad operativa real, es exactamente lo que el IPE está señalando a escala sistémica.

El costo de oportunidad que Perú paga cada año

Cada año que un proyecto con US$2,000 o US$3,000 millones de inversión no arranca es un año sin generación de empleo directo, sin canon para la región afectada, sin producción exportable y sin efecto multiplicador en servicios, infraestructura y proveeduría local. El IPE ha estimado en otras ocasiones que por cada punto porcentual que crece la inversión minera, el PIB regional de las zonas productoras puede expandirse hasta 1.5 veces más que el promedio nacional.

El impacto fiscal también es directo. El canon minero, que redistribuye el 50% del impuesto a la renta de las empresas hacia gobiernos regionales y locales, depende enteramente de que haya producción y utilidades. Proyectos paralizados no generan canon. Y las regiones que más necesitan esos recursos, precisamente porque albergan los yacimientos, son las que más sufren la parálisis.

La paradoja peruana es brutal: el país con mayor concentración de cobre sin desarrollar en América del Sur también registra algunos de los índices más altos de pobreza rural en zonas mineras. No porque la minería empobrece, sino porque los proyectos no se ejecutan y el canon nunca llega.

El mercado ya lo descontó: lo que dice el capital

Los inversionistas institucionales no esperan los reportes del IPE para sacar conclusiones. Las juniors canadienses con activos en Perú cotizan con descuentos de riesgo jurisdiccional que, en varios casos, superan el 30% respecto a proyectos comparables en Chile o México. El TSX es implacable cuando evalúa el riesgo de ejecución en Perú: no premia el recurso geológico si el camino al permiso es opaco.

Las grandes casas también recalibran. Anglo American salió de activos en Chile y Colombia en los últimos años, pero mantiene Quellaveco precisamente porque ya superó la barrera de ejecución. Para nuevos compromisos en Perú, el umbral de retorno exigido sube en proporción al riesgo regulatorio percibido. Cuando ese umbral supera el IRR realista del proyecto, la decisión de inversión simplemente no ocurre.

El resultado es una cartera que se ve enorme sobre el papel, pero que el mercado ya trata como parcialmente ficticia. US$40,000 millones sin fecha de inicio no son US$40,000 millones de valor latente. Son activos en espera cuya probabilidad de ejecución está suficientemente en duda como para que ningún modelo financiero los incluya en el horizonte visible de cinco años.

Qué necesitaría cambiar: la agenda pendiente

El IPE, en análisis previos, ha identificado tres vectores críticos: la reforma del proceso de consulta previa para hacerlo más predecible sin perder legitimidad, el fortalecimiento de las instituciones de mediación estatal entre empresa y comunidad, y la reducción de los tiempos de aprobación de estudios ambientales, que en Perú promedian más del doble que en Chile para proyectos de magnitud comparable.

Ninguna de esas reformas es políticamente sencilla en un país que ha tenido seis presidentes en seis años y donde cualquier concesión percibida al sector minero puede convertirse en capital político negativo. El gobierno actual enfrenta el mismo dilema que sus predecesores: necesita la inversión minera para sostener las cuentas fiscales, pero no puede aprobar reformas que la comunidad interprete como entrega del territorio.

Mientras ese equilibrio no se resuelva, la cartera seguirá creciendo en el papel y encogiéndose en la práctica. Y el IPE seguirá advirtiendo lo mismo con cifras cada vez más grandes.

El pipeline que no existe: implicaciones para la producción futura

Perú produce alrededor de 2.7 millones de toneladas de cobre al año. Esa cifra lo mantiene como segundo productor mundial, detrás de Chile y por encima de la República Democrática del Congo. Pero no hay un proyecto en construcción activa hoy que garantice un incremento sustantivo de esa cifra en los próximos cinco años.

Quellaveco ya está produciendo. Cerro Verde, de Freeport-McMoRan, ya expandió su capacidad. Las Bambas, de MMG, opera con interrupciones recurrentes por conflictos en el corredor minero del sur. El siguiente escalón de producción peruana depende de proyectos que, en su mayoría, forman parte de esos US$40,000 millones sin fecha.

Si ese mapa no cambia antes de 2027, Perú comenzará a perder terreno relativo frente a Chile, que sí tiene proyectos en construcción, y frente a Ecuador, que avanza con Mirador y otros desarrollos de cobre a un ritmo que hubiera parecido impensable hace una década. La ventaja geológica de Perú es real. Pero la geología no produce toneladas. Las decisiones institucionales sí.

US$40,000 millones en espera indefinida no es una estadística. Es la descripción de un sistema que todavía no sabe cómo convertir sus recursos en riqueza.