Minería de cobre eleva 20% ingresos del Tesoro Público peruano

La minería peruana elevó en 20% los ingresos del Tesoro Público durante el primer semestre de 2025 — una cifra que no aparece en los titulares de las negociaciones presupuestales, pero que explica por qué el Ejecutivo se atrevió a solicitar un crédito suplementario de más de S/ 8,228 millones. Para un país donde el sector representa cerca del 60% de las exportaciones y alrededor del 10% del PIB, ese incremento recaudatorio no es un dato de coyuntura. Es la prueba de que, cuando los metales y la operación minera fluyen sin interrupciones, las finanzas públicas peruanas respiran.

El número que le da margen fiscal al gobierno

El exministro de Economía y Finanzas Ismael Benavides fue directo: la mayor recaudación proveniente de la minería, sumada al crecimiento de los ingresos tributarios ligados al consumo y los combustibles, es lo que hace viable el crédito suplementario. No fue retórica política. Fue contabilidad. El Tesoro Público peruano depende de la rentabilidad del sector minero de una manera que pocas otras economías en la región replicarían sin tensión institucional.

El mecanismo es conocido pero vale la pena hacerlo explícito: cuando el precio del cobre sube en el LME — como ocurrió entre finales de 2024 y el primer trimestre de 2025, cuando el metal alcanzó máximos históricos por encima de los 10,000 dólares por tonelada — las empresas mineras registran utilidades más altas. Esas utilidades se traducen en impuesto a la renta, regalías y el régimen de pagos a cuenta que alimenta al fisco mes a mes. Un incremento del 20% en los ingresos mineros al Tesoro sugiere que la combinación de precios altos y volúmenes estables fue sostenida, no puntual.

Cerro Verde, Quellaveco y Las Bambas produjeron con relativa continuidad operativa durante este período. Esa estabilidad — históricamente difícil de garantizar en el sur peruano — es tan responsable del resultado fiscal como cualquier movimiento del precio del cobre en los mercados internacionales.

Perú 2025: producción récord, pero con condiciones

El cobre es la columna vertebral de esta historia. Perú produce alrededor de 2.7 millones de toneladas métricas anuales, posicionándolo como el segundo mayor productor mundial detrás de Chile. Esa escala significa que cualquier variación relevante del precio global impacta directamente el balance fiscal peruano con una amplificación que pocos países de la región experimentan de forma tan directa.

Los precios altos del cobre en 2024 y parte de 2025 no fueron aleatorios. La demanda de China — que absorbe más del 50% del consumo global del metal — se recuperó con fuerza, y la agenda de transición energética en Europa y Estados Unidos siguió presionando la demanda estructural hacia arriba. Cada dólar adicional por libra de cobre en el COMEX redistribuye decenas de millones de soles en la ecuación fiscal de Moquegua, Arequipa y Apurímac.

Pero el contexto tiene matices que Benavides probablemente conoce mejor que nadie: la producción peruana sigue enfrentando cuellos de botella logísticos en el corredor minero del sur, y los conflictos comunitarios — aunque más contenidos en este período comparado con años anteriores — no desaparecieron. Las Bambas continuó operando con acuerdos negociados que requieren renovación constante. Tía María permanece en pausa indefinida. Conga sigue siendo un nombre que nadie en Lima quiere pronunciar en temporada electoral.

El crédito suplementario: qué revela sobre la dependencia estructural

El crédito suplementario de más de S/ 8,228 millones no es solo una cifra presupuestal. Es un indicador de algo más profundo: el Estado peruano sigue usando la bonanza minera para financiar gasto corriente y social que debería tener fuentes de ingresos más diversificadas. La decisión del Ejecutivo de solicitar ese crédito suplementario precisamente cuando la recaudación minera sube un 20% revela una lógica que preocupa a los analistas fiscales: el gobierno aprovecha el ciclo favorable para expandir el gasto en lugar de fortalecer los colchones anticíclicos.

Históricamente, Perú no ha sido el peor administrador de su renta minera en América Latina — el Fondo de Estabilización Fiscal existe, aunque ha sido debatido desde su creación. Pero la tentación de gastar cuando los metales están caros es una constante que ninguna administración ha resistido completamente. El Banco Mundial y el FMI han señalado repetidamente que la “maldición de los recursos” en economías medianas no se manifiesta en corrupción explícita, sino en la incapacidad de ahorrar en los picos del ciclo.

El crédito suplementario en sí no es problemático si financia inversión en infraestructura productiva o cierre de brechas sociales con retorno económico. Lo que importa es el destino de esos S/ 8,228 millones — y esa información, al momento de las declaraciones de Benavides, permanecía parcialmente opaca en el debate público.

El canon minero y las regiones que miran el precio del cobre desde lejos

Cuando la recaudación minera sube, las regiones productoras también reciben más. El canon minero — que transfiere el 50% del impuesto a la renta pagado por las empresas a los gobiernos regionales y locales donde operan — convierte el precio del cobre en presupuesto escolar en Espinar, en carreteras en Moquegua, en hospitales en Cotabambas.

Un incremento del 20% en los ingresos mineros al Tesoro implica, por extensión, una mejora sustancial en los recursos disponibles para las regiones productoras. Arequipa, Moquegua y Apurímac — las tres regiones donde se concentran Cerro Verde, Toquepala-Cuajone y Las Bambas respectivamente — deberían ver incrementos significativos en sus transferencias de canon durante 2025.

El problema estructural es que esas regiones tienen históricamente baja capacidad de ejecución presupuestal. Recibir más dinero no es lo mismo que transformarlo en obras. La Contraloría General de la República ha documentado sistemáticamente que los gobiernos regionales mineros tienen tasas de ejecución de inversión pública entre las más bajas del país, incluso cuando los recursos son abundantes. El dinero llega. La obra tarda. La frustración se acumula. Y es esa frustración — no la pobreza per se — la que frecuentemente alimenta los conflictos sociales que luego frenan la propia operación que genera el canon.

Lo que no dice el 20%: la fragilidad del modelo

Un repunte del 20% en ingresos mineros es una noticia positiva. Pero contiene una advertencia implícita que alguien con la trayectoria de Benavides reconoce: ese porcentaje depende de variables que Perú no controla. El precio del cobre lo fija Shanghai, no Lima. La demanda de zinc la mueve la industria automotriz europea. El precio de la plata responde al apetito especulativo en los mercados de futuros de Chicago.

Si el ciclo se revierte — y los ciclos siempre se revierten — el Tesoro Público peruano enfrenta un déficit que tendrá que cubrir con deuda, con recortes o con ambas cosas. El 20% de hoy puede convertirse en el -15% de mañana si los precios del cobre ceden ante una desaceleración china o una normalización más agresiva de tasas en Estados Unidos. La Reserva Federal sigue siendo, paradójicamente, uno de los actores más relevantes en la ecuación fiscal peruana aunque nunca aparezca en las conferencias de prensa del MEF.

Southern Copper, Freeport-McMoRan y Anglo American — las tres empresas que concentran la mayor parte de la producción de cobre peruana — operan con horizontes de planeación de décadas. El Estado peruano, con seis presidentes en seis años, opera con horizontes que raramente superan el ciclo electoral. Esa asimetría es el riesgo más serio que enfrenta la política fiscal minera del país.

La cartera de proyectos: los US$53,000 millones que aún no llegan

Perú tiene identificada una cartera de proyectos mineros por aproximadamente US$53,000 millones. Si se ejecutara en su totalidad, transformaría al país en el primer o segundo productor mundial de cobre, con implicaciones fiscales y de empleo que harían ver el actual crédito suplementario como un ajuste menor.

No se ejecutará en su totalidad. No en el plazo que los modelos de inversión proyectan. Tía María lleva más de una década esperando las condiciones políticas y sociales para arrancar. Quellaveco, el caso de éxito reciente de Anglo American, tardó más de 15 años desde su descubrimiento hasta su producción comercial plena. Los proyectos en Puno y en la sierra central enfrentan restricciones ambientales y comunitarias que ninguna reforma legal resuelve por decreto.

El 20% de incremento en recaudación minera que celebra Benavides es real y es bienvenido. Pero llega de proyectos que otros gobiernos aprobaron y que otras administraciones negociaron con las comunidades. La pregunta que nadie en Lima ha respondido satisfactoriamente es cuáles proyectos de la cartera actual estarán produciendo en 2035 — y quién asume la responsabilidad política de destrabarlos. Mientras esa pregunta permanezca sin respuesta, el Tesoro Público seguirá siendo un rehén de los precios internacionales y de la suerte operativa de un puñado de minas que ya llevan décadas en producción.