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Estado de emergencia en Perú por las protestas que afectan a la producción de cobre

Perú ha declarado el estado de emergencia cerca de la mina de cobre de Southern Copper Corp (NYSE: SCCO) en Cuajone, ya que las protestas han provocado que el país andino detenga el 20% de su producción de cobre.

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Las operaciones en Cuajone se suspendieron el 15 de marzo después de que los residentes de una comunidad cercana cortaran el suministro de agua a la mina, exigiendo una compensación económica y una parte de los futuros beneficios.

Los disturbios se extendieron después a la gigantesca mina Las Bambas de MMG, la cuarta mayor mina de cobre de Perú y la novena del mundo, que ha sido cerrada y reabierta al menos dos veces este año. La última suspensión se anunció esta semana después de que los habitantes de la cercana comunidad de Fuerabamba entraran en la mina y acamparan en su interior.

La mina Antapaccay de Glencore (LON: GLEN), la sexta mayor mina de cobre de Perú, también ha sido el objetivo de los manifestantes esta semana, según los medios locales.

Perú, segundo productor mundial después de Chile, es también un importante proveedor de plata y zinc. Alrededor del 80% de la producción de cobre, el principal producto de exportación del país, provino el año pasado de Antamina (20%), Southern Copper (17,3%), Cerro Verde (18,2%), Las Bambas (12,6%) y Chinalco (10,3%).

Las minas afectadas por la protesta de esta semana produjeron en conjunto casi 500.000 de cobre en 2021, con Las Bambas produciendo 300.000 toneladas de cobre Cuajone otras 170.000 toneladas.

Los conflictos de las comunidades con las empresas mineras no son nada nuevo en Perú, y algunos de los actuales disturbios tienen que ver más con la protección del suministro de agua que con la obtención de una mayor parte de los ingresos de las mineras.

En los últimos meses, las manifestaciones también se han dirigido a Constancia, de Hudbay Mineral (TSX, NYSE: HBM), y a Antamina, la mayor mina de cobre de Perú, que es copropiedad de Glencore y BHP (ASX: BHP).

Los expertos afirman que no es habitual que haya más de una mina de cobre importante parada al mismo tiempo, pero puede explicarse por el hecho de que las actuales protestas mineras se enmarcan en un malestar más generalizado por el coste de la vida que ha inflamado un clima político ya tenso bajo el mandato del presidente Pedro Castillo.

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Desde que el antiguo activista rural de un partido marxista asumió el cargo, el número de conflictos sociales ha aumentado un 7%, según demuestran los datos oficiales. El empeoramiento de la situación ha agudizado la preocupación mundial por el inminente déficit de cobre.

Según estimaciones del Grupo CRU, la industria del cobre necesita gastar más de 100,000 millones de dólares para cerrar lo que podría ser un déficit anual de 4,7 millones de toneladas para 2030.

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