Hoy, 27 de abril de 2026, a las 3:15 de la madrugada, los equipos de rescate en la mina Santa Fe confirmaron lo que las probabilidades ya dictaban desde semanas atrás: Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, 54 años, lamentablemente, no logró salir con vida. Con su hallazgo, el colapso ocurrido el 25 de marzo en El Rosario, Sinaloa, cerró su conteo más cruel — cuatro trabajadores atrapados, dos rescatados con vida, dos muertos bajo tierra. Treinta y tres días de operativo para un desenlace que el sector minero mexicano no puede seguir procesando como tragedia aislada.
- Cuatro hombres bajo tierra: la cronología que el sistema no pudo revertir
- El Rosario, Sinaloa: geografía del riesgo que ya tenía nombre
- Lo que la regulación dice y lo que el colapso demuestra
- El costo que no aparece en el PIB minero
- Sheinbaum heredó el expediente — y tiene poco tiempo para cerrarlo
- Lo que viene: permisos, inversión y el peso de los precedentes
Cuatro hombres bajo tierra: la cronología que el sistema no pudo revertir
El colapso de Santa Fe atrapó simultáneamente a cuatro mineros. En los primeros días del operativo, el esfuerzo coordinado de 389 elementos — Sedena, Semar, CNPC, CFE y autoridades estatales — logró rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín, originario de Michoacán, el 30 de marzo. Una semana después, el 7 de abril, Francisco Zapata Nájera fue el segundo en salir. Fueron los dos momentos en que el operativo funcionó como se esperaba.
El 11 de abril llegó el primer golpe definitivo: Abraham Aguilera fue localizado sin signos vitales, convirtiéndose en la tercera víctima confirmada del colapso. Beltrán Reséndiz permaneció bajo tierra 22 días más, hasta que los equipos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron protocolos de ascenso del cuerpo en las primeras horas del 27 de abril. La CNPC confirmó el hallazgo y anunció acompañamiento institucional a la familia, bajo supervisión de su titular, Laura Velázquez Alzúa.
La magnitud del operativo no estuvo en duda. Lo que sí debe cuestionarse es lo que precede a cualquier rescate: el estado real de seguridad de las minas que hoy operan en México, y los mecanismos regulatorios que se supone deben garantizarla.
El Rosario, Sinaloa: geografía del riesgo que ya tenía nombre
El municipio de El Rosario no es territorio desconocido para la industria minera mexicana. Sinaloa lleva décadas en el mapa de producción de plata y oro, aunque su perfil de riesgo operacional y de seguridad pública lo coloca en una categoría diferente a Zacatecas o Sonora. A principios de 2026, el secuestro y muerte de trabajadores vinculados a Vizsla Silver ya había encendido alertas institucionales y motivado una mesa de seguridad entre CAMIMEX y el gobierno federal. La tragedia de Santa Fe no ocurre en un vacío: ocurre en un estado donde la exposición al riesgo — tanto geológico como de entorno — es documentadamente alta.
Lo que distingue al colapso de Santa Fe es su naturaleza operacional. No fue violencia externa. Fue una falla estructural en una mina activa, con trabajadores adentro, sin sistemas de respuesta inmediata suficientes para evitar que cuatro personas quedaran atrapadas. Eso remite directamente al estado de los marcos de seguridad minera en México — y a la distancia entre lo que la regulación exige y lo que ocurre en la práctica.
Lo que la regulación dice y lo que el colapso demuestra
México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-023-STPS-2012, que regula las condiciones de seguridad en minas subterráneas y a cielo abierto. Establece requisitos de ventilación, estabilidad estructural, sistemas de comunicación y protocolos de evacuación. En papel, el marco existe. Lo que Santa Fe revela — como Pasta de Conchos en 2006 — es la brecha entre norma y cumplimiento efectivo.
CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ha impulsado en los últimos años estándares voluntarios de seguridad y salud alineados con marcos internacionales. Pero los estándares voluntarios no reemplazan la inspección obligatoria, ni la STPS tiene capacidad de supervisión proporcional al número de operaciones activas en el país: 97 minas a cielo abierto y 152 subterráneas, según los registros más recientes. Con esa densidad operacional y recursos de inspección limitados, la probabilidad de que condiciones inseguras persistan sin detección es estructuralmente alta.
La Reforma Minera de 2023 endureció las obligaciones de consulta indígena y ajustó los términos de concesión, pero no modificó sustancialmente el régimen de seguridad laboral minera. El debate en torno a la reforma se centró en la renta económica y el control del subsuelo — no en las condiciones dentro de los túneles.
El costo que no aparece en el PIB minero
El valor de la producción minera mexicana alcanzó US$17,500 millones en 2024, un incremento de 15.9% respecto a 2023, según el informe anual de CAMIMEX. El sector genera 400,000 empleos directos y más de 2.5 millones indirectos. Estas cifras son reales y representan una base económica crítica para estados como Sonora, Zacatecas y Chihuahua. Pero hay un costo que esas cifras no capturan.
Cada accidente fatal en una mina mexicana activa un costo triple: humano, reputacional e institucional. El humano es irreversible — Leandro Beltrán Reséndiz tenía 54 años y una familia que el gobierno acompaña, según la CNPC, pero que difícilmente encontrará compensación proporcional a lo que perdió. El reputacional afecta directamente el ambiente de inversión: el Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en 2024, una mejora desde el puesto 74, pero aún lejos de los niveles que requiere un país que quiere posicionarse como proveedor confiable de minerales críticos bajo el USMCA. El institucional es el más difícil de cuantificar y el más duradero.
Cada colapso que no produce una respuesta regulatoria concreta — no una mesa de trabajo, sino una modificación de protocolo, una sanción, una inversión en inspección — erosiona la credibilidad del marco que se supone protege tanto a los trabajadores como a los inversionistas.
Sheinbaum heredó el expediente — y tiene poco tiempo para cerrarlo
La administración de Claudia Sheinbaum ha dado señales distintas a las de su predecesor en materia minera. El giro pragmático es visible: el backlog de permisos en Zacatecas bajó de 25 a 5 en 2025, el Plan México-EUA de Minerales Críticos se firmó el 4 de febrero de 2026, y la postura sobre litio evolucionó del modelo de nacionalización total hacia un esquema mixto con participación privada. Son movimientos que el sector ha recibido con cautela optimista.
Pero el expediente de seguridad minera no ha tenido el mismo tratamiento. La mesa de seguridad establecida tras los incidentes de Sinaloa a principios de año fue un primer paso. No es suficiente. Lo que la tragedia de Santa Fe coloca sobre el escritorio del gobierno federal es una pregunta concreta: ¿cuántas minas subterráneas en operación en México cumplen efectivamente con los estándares de la NOM-023-STPS, y cuántas lo hacen solo en el registro?
Esa auditoría no existe públicamente. Su ausencia es, en sí misma, un dato regulatorio.
Lo que viene: permisos, inversión y el peso de los precedentes
El momento que atraviesa México en materia de minerales críticos es estratégicamente irrepetible. La integración en cadenas de suministro norteamericanas bajo el USMCA, la presión de Washington para reducir dependencia de China en cobre, litio y plata, y el creciente apetito de capital canadiense y estadounidense para proyectos en territorio mexicano convergen en una ventana que tiene fecha de caducidad.
Esa ventana se estrecha con cada accidente que no genera una respuesta institucional proporcional. Los inversionistas institucionales en Toronto y Nueva York no solo leen los índices del Fraser Institute — leen también los reportes de incidentes de seguridad y miden la velocidad con que los gobiernos responden. Un rescate de 33 días que termina con dos muertos no es por sí solo un detonador de desinversión. Pero si se suma al expediente de Pasta de Conchos, a los incidentes de Vizsla Silver y a la percepción de que la inspección minera en México opera con recursos insuficientes, el acumulado pesa.
Leandro Isidro Beltrán Reséndiz murió a 54 años en una mina del municipio de El Rosario. Su familia recibirá acompañamiento institucional. El cuerpo subirá siguiendo protocolos técnicos y legales. Y la mina Santa Fe quedará, por ahora, como expediente abierto en la Fiscalía de Sinaloa. Lo que el sector minero mexicano necesita que no quede abierto es la pregunta sobre cuándo — y cómo — se moderniza en serio el régimen de seguridad que debió evitar que ese hombre quedara atrapado en primer lugar.
