Estrategia de Asfixia Logística: Perú Propone Cortar Diésel a Minería Ilegal

El Ministerio de Energía y Minas de Perú dejó de hablar de operativos y empezó a hablar de logística. En entrevista exclusiva con Rumbo Minero Central, el ministro Guillermo Shinno reveló que el gobierno diseña una estrategia para cortar el suministro de diésel y otros insumos críticos hacia los centros de operación ilegal — una apuesta que, si se ejecuta con rigor, podría ser la medida antiminería ilegal más efectiva del último decenio. La pregunta no es si la estrategia es correcta. La pregunta es si el Estado peruano tiene la capacidad institucional para hacerla funcionar.

De la interdicción al estrangulamiento logístico

La lógica detrás del planteamiento de Shinno es sólida. La minería ilegal — especialmente la que opera con maquinaria pesada en zonas como Madre de Dios, el corredor Pataz-La Libertad y las cuencas del sur amazónico — consume volúmenes significativos de diésel para alimentar excavadoras, retroexcavadoras y plantas de procesamiento. Sin combustible, una draga no opera. Sin combustible, una retroexcavadora no mueve tierra. El vector de ataque no es la mina: es la cadena de suministro que la sostiene.

Esta lógica de “asfixia logística” no es nueva en la región. Colombia la aplicó parcialmente contra economías ilícitas en el Chocó; Bolivia ha intentado — sin mucho éxito — controlar el mercado de insumos químicos para el procesamiento de oro. Lo que sí sería relativamente novedoso en Perú es combinarla con una presencia estatal permanente, no solo con operativos puntuales. Ahí está el punto crítico del anuncio de Shinno: el concepto es correcto, pero el diseño institucional que lo sostenga determinará si es política de Estado o declaración de intenciones.

El MINEM no actúa solo en este esquema. La coordinación con el Ministerio del Interior, la Sunat, Osinergmin y los gobiernos regionales será determinante. El diésel que alimenta la minería ilegal no aparece de la nada: entra por redes de distribución formalmente registradas, muchas veces con facturas legítimas que luego se desvían. Cortar ese flujo exige inteligencia tributaria y control de cadena de custodia, no solo bloqueos de carretera.

El tamaño del problema que el gobierno quiere resolver

Perú tiene uno de los sectores de minería ilegal e informal más extensos de América Latina. Las estimaciones más conservadoras ubican la producción ilegal de oro en el rango de 20 a 30 toneladas anuales — una cifra que, a precios actuales del metal por encima de los 3,200 dólares por onza, representa un flujo económico de entre 2,000 y 3,000 millones de dólares al año que no paga regalías, no genera canon minero y no cumple ninguna norma ambiental.

Madre de Dios concentra la imagen más visible del problema: la deforestación asociada a la minería ilegal en esa región supera las 100,000 hectáreas acumuladas según datos del Minam. Pero La Libertad y Áncash tienen su propio problema con operaciones ilegales en vetas auríferas que conviven — y compiten violentamente — con proyectos formales. El caso de Poderosa en el corredor Pataz es el ejemplo más documentado: ataques a trabajadores, voladura de infraestructura y extorsión sistemática proveniente de organizaciones criminales que controlan zonas de extracción ilegal.

Esa violencia tiene un costo directo para la inversión formal. Cada incidente en Pataz genera titulares que llegan a escritorios en Toronto, Melbourne y Londres. Cada mes de operación interrumpida en un proyecto formal por presión de ilegales equivale a millones en producción perdida y primas de riesgo más altas para el siguiente proyecto que quiera financiarse en esa región.

Los cuellos de botella que la estrategia debe resolver

Cortar el suministro de diésel a operaciones ilegales suena directo. No lo es. Hay tres obstáculos institucionales que el MINEM tendrá que sortear si quiere que esta estrategia tenga dientes.

Primero, la informalidad en la cadena de distribución de combustibles. Un porcentaje relevante del diésel que llega a zonas remotas lo hace a través de distribuidores informales o semi-formales que operan fuera del radar de Osinergmin. Registrar, fiscalizar y sancionar esa cadena requiere recursos que históricamente han estado ausentes en las zonas más críticas.

Segundo, la corrupción en el nivel local. Las operaciones ilegales a gran escala no subsisten décadas sin algún nivel de complicidad — activa o pasiva — de autoridades locales, policiales o de control. Una estrategia de corte de insumos que no contemple mecanismos robustos de supervisión interna tiene un flanco abierto por donde se filtrará el combustible que pretende bloquear.

Tercero, el riesgo de daño colateral sobre la minería artesanal en proceso de formalización. Perú lleva más de dos décadas con un marco de formalización minera que ha producido resultados modestos pero reales. Hay miles de pequeños mineros que están en algún estadio del proceso y que también dependen del diésel para operar. Una estrategia de corte de suministro mal diseñada puede golpear a quien está tratando de formalizarse con la misma fuerza que al ilegal que no tiene intención de hacerlo. Esa distinción operativa es técnicamente compleja y políticamente sensible.

Señal para la inversión formal: positiva, pero condicional

Para los operadores formales, el anuncio del ministro Shinno es una señal positiva — aunque el sector ya ha aprendido a no celebrar antes de ver implementación. Las empresas que operan en zonas de alta ilegalidad como La Libertad o la selva alta saben que los anuncios de acción estatal son más frecuentes que las acciones mismas.

Dicho eso, si el gobierno logra articular una reducción sostenida en la disponibilidad de insumos para la minería ilegal, el efecto sobre la seguridad operacional de proyectos formales sería inmediato y medible. Menos recursos disponibles para las organizaciones criminales que controlan zonas ilegales equivale a menos capacidad operativa para extorsionar, atacar o competir con la minería legal por territorios.

La cartera de proyectos mineros en Perú supera los 53,000 millones de dólares en inversión potencial. Una fracción significativa de esa cartera está paralizada no por falta de viabilidad económica ni por problemas de permiso ambiental, sino por condiciones de seguridad que hacen inviable la operación o la exploración. Reducir la capacidad operativa de la minería ilegal tiene un multiplicador directo sobre la probabilidad de que esos proyectos avancen.

El test real: permanencia estatal, no operativos esporádicos

Lo que distingue al anuncio de Shinno de declaraciones anteriores es la mención explícita a una mayor presencia permanente del Estado. Ese matiz importa. Los operativos de interdicción puntuales — decomisos de maquinaria, destrucción de infraestructura — han demostrado un efecto limitado: las organizaciones criminales recomponen su capacidad operativa en semanas. La presencia permanente, en cambio, eleva estructuralmente el costo de operar ilegalmente.

Pero presencia permanente tiene un precio fiscal. Requiere personal, infraestructura, logística y coordinación interinstitucional sostenida. En un contexto donde las finanzas públicas peruanas enfrentan presiones por el menor crecimiento y la volatilidad política, comprometer esos recursos de forma estable no es trivial. El gobierno de Dina Boluarte lleva más de dos años en un equilibrio político frágil, y las prioridades presupuestales en año preelectoral tienden a moverse hacia el gasto social visible, no hacia la seguridad minera en zonas remotas.

La estrategia de Shinno tiene la arquitectura correcta. El corte de insumos ataca la raíz económica de la minería ilegal con más precisión que cualquier operativo de interdicción. Lo que falta — y lo que el sector observará con atención en los próximos meses — es si el gobierno tiene la consistencia institucional y la voluntad política para sostener esa estrategia más allá del ciclo de noticias. Cada tonelada de diésel que no llega a una operación ilegal es una decisión de inversión formal que vuelve a ser posible.