Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC acaba de ratificar algo que el sector minero preferiría no leer en vísperas de la revisión del tratado: que en la mina Camino Rojo, en Mazapil, Zacatecas, trabajadores fueron coaccionados para abandonar su sindicato, y que un contratista vinculado al crimen organizado —contratado por la propia minera— usó hombres armados para sembrar miedo en asambleas laborales y obligar a líderes sindicales y sus familias a huir. El veredicto no es una acusación periodística. Es la conclusión formal de un mecanismo de resolución de disputas comerciales internacionales, y sus consecuencias para Orla Mining, para Equinox Gold —que está en proceso de adquirir la compañía— y para la imagen regulatoria de México son de primer orden.
- Lo que encontró el panel: coerción, miedo y crimen organizado en una mina zacatecana
- El T-MEC como palanca: dos velocidades, un solo problema
- La respuesta de Orla Mining: suficiente para el mercado, insuficiente para los afectados
- Equinox Gold entra al cuadro: due diligence bajo presión
- Lo que le toca a México: una ventana de 10 días con consecuencias de largo plazo
Lo que encontró el panel: coerción, miedo y crimen organizado en una mina zacatecana
La queja fue interpuesta por el sindicato mexicano Los Mineros ante el gobierno de Estados Unidos, con el respaldo del United Steelworkers (USW) de Canadá. El panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida —herramienta creada precisamente para agilizar denuncias laborales bajo el T-MEC— concluyó que los trabajadores de Camino Rojo fueron presionados para desafiliarse de Los Mineros y adherirse a un sindicato de protección patronal. Hasta ahí, una práctica tristemente conocida en la industria mexicana. Pero el hallazgo que eleva la gravedad del caso es otro: la resolución constató que un contratista con vínculos al crimen organizado, contratado por Orla Mining, irrumpió con hombres armados en asambleas sindicales y profirió amenazas de muerte que obligaron a los representantes sindicales a entrar en la clandestinidad.
Esto no es una disputa laboral ordinaria. Es una denuncia de infiltración criminal en las operaciones de una empresa minera canadiense que cotiza en la Bolsa de Toronto. Camino Rojo es uno de los proyectos de oro más relevantes de Zacatecas, con más de 20 años de clearance ambiental y una trayectoria que la convirtió en referencia de viabilidad regulatoria en México. Ese historial ahora carga con un hallazgo que ningún inversionista institucional puede ignorar.
El T-MEC como palanca: dos velocidades, un solo problema
El episodio expone una asimetría que la USW no dejó pasar. El mecanismo estadounidense procesó la queja con celeridad. El mecanismo canadiense, en cambio, tardó casi 18 meses en procesar una queja similar presentada por la USW ante el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá en noviembre de 2024, superando por mucho el plazo legal de 40 días establecido para una valoración inicial. Fue hasta el 28 de abril de 2026 cuando Ottawa remitió formalmente el caso a México.
México tiene 10 días, bajo las reglas del mecanismo, para determinar si abre una investigación. A la fecha de publicación de esta nota, el gobierno mexicano no ha emitido respuesta. Cada día de silencio tiene un costo: envía una señal a los socios comerciales del T-MEC sobre la disposición real de México para aplicar los compromisos laborales del tratado, justo en el año de su revisión formal.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) ya activó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Orla Mining por las mismas violaciones en Camino Rojo. Que tanto el canal estadounidense como el canadiense estén apuntando al mismo proyecto, en el mismo momento, con el mismo fundamento, no deja margen para relativizar la situación.
La respuesta de Orla Mining: suficiente para el mercado, insuficiente para los afectados
El 4 de mayo, Orla Mining publicó un comunicado en el que se comprometió a acatar los hallazgos del panel. Declaró neutralidad sindical, anunció capacitaciones sobre libertad de asociación y reconoció formalmente los derechos de Los Mineros en el complejo zacatecano. Para los mercados financieros, la respuesta puede leerse como gestión de crisis razonable. Para la USW, es insuficiente.
El sindicato canadiense señaló que la postura de la empresa omite lo más urgente: la reparación del daño para los trabajadores que siguen amenazados y en la clandestinidad. Reconocer derechos en papel mientras los representantes sindicales no pueden regresar a su comunidad sin riesgo de muerte no es cumplimiento; es administración de imagen. La USW exigió que tanto Orla Mining como el gobierno mexicano desarticulen la presencia del crimen organizado en la mina y en Mazapil para garantizar un retorno seguro.
Marty Warren, director nacional de la USW, fue directo: “Es inconcebible que una corporación canadiense esté involucrada en tácticas violentas contra sindicatos en México, presuntamente respaldada por el crimen organizado.” La declaración ya circula en foros laborales y de gobernanza corporativa en Toronto. El daño reputacional para Orla Mining en el mercado canadiense —su mercado de capital primario— está en marcha.
Equinox Gold entra al cuadro: due diligence bajo presión
El momento no podría ser más incómodo para Equinox Gold. La empresa está en proceso de adquirir Orla Mining, lo que convertiría a Camino Rojo en un activo de su portafolio. Un hallazgo formal de coerción sindical respaldada por crimen organizado es exactamente el tipo de contingencia que los comités de auditoría y los inversionistas institucionales de una empresa listada en bolsa esperan ver reflejada en el proceso de due diligence y, eventualmente, en los términos de la transacción.
Si Equinox Gold cierra la adquisición sin resolver el conflicto laboral y sin garantizar condiciones de seguridad para los trabajadores afectados, hereda no solo el activo sino el pasivo regulatorio, legal y reputacional completo. Los fondos con criterios ESG —que representan una porción significativa del capital minero en Canadá— seguirán de cerca cómo avanza la situación antes del cierre de la operación.
Lo que le toca a México: una ventana de 10 días con consecuencias de largo plazo
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha construido en estos meses una narrativa de mayor pragmatismo regulatorio hacia la minería. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, el acuerdo estratégico bilateral presentado el 4 de febrero de 2026 y la reducción del backlog de permisos en Zacatecas son señales reales de un cambio de tono respecto a la era AMLO. Pero la narrativa de apertura choca directamente con la inacción ante un mecanismo T-MEC activo.
La SE y la SEMARNAT han avanzado en simplificación administrativa. El expediente que hoy está sobre la mesa pertenece a otro registro: seguridad pública, protección a derechos laborales y cumplimiento de compromisos internacionales. CAMIMEX, que ha trabajado para posicionar a México como destino de inversión responsable, no puede ignorar que un caso como Camino Rojo daña ese posicionamiento con más fuerza que cualquier retraso en permisos.
El sector minero mexicano ya enfrenta alertas de riesgo en Sinaloa y ha registrado incidentes graves en 2025 y 2026. Que Zacatecas —responsable de cerca del 33% de la producción nacional de plata y sede de proyectos como Peñasquito, Juanicipio y Saucito— aparezca ahora en el radar de un mecanismo laboral internacional por infiltración criminal no es una nota al margen. Es una señal que los analistas de riesgo en Toronto y Nueva York ya están procesando.
El gobierno mexicano tiene 10 días para responder. Silencio o negativa no son opciones neutras: son posiciones que quedarán registradas en el historial de cumplimiento laboral del país bajo el T-MEC, justo cuando ese tratado se revisa y cuando Washington trata los minerales críticos como una cuestión de seguridad nacional. Si Zacatecas es el corazón de la plata mexicana, lo que pasa en Mazapil no es un asunto local.
