El gobierno de Claudia Sheinbaum eligió el camino más estrecho: aliviar la presión sobre la industria minera sin tocar la reforma de 2023 que la generó. Es una apuesta política calculada, pero sus límites ya son visibles. Las medidas administrativas que la Secretaría de Economía ha implementado desde principios de 2026 han reducido tiempos de respuesta, desbloqueado expedientes estancados y mejorado la comunicación entre autoridades y operadoras. Lo que no han hecho —y no pueden hacer sin modificar la ley— es resolver los dos problemas que más pesan sobre la inversión: la parálisis en la emisión de nuevas concesiones y la ausencia de reglamentos que den certeza operativa a la reforma.
Alivio sin cirugía: qué cambió y qué no
La diferencia entre el gobierno de López Obrador y el de Sheinbaum no está en el texto de la Ley Minera. Está en la disposición administrativa. La SE bajo Marcelo Ebrard ha adoptado un enfoque de gestión que prioriza destrabamiento: ventanillas más ágiles, reducción del backlog de permisos ambientales en estados como Zacatecas —de 25 expedientes en rezago a menos de cinco en 2025— y mayor coordinación con SEMARNAT para evaluaciones de impacto ambiental. Eso es real y tiene valor operativo.
Pero el margen de maniobra es estrecho. La reforma de 2023 estableció que el Servicio Geológico Mexicano tiene exclusividad sobre la exploración de nuevas zonas, una disposición que efectivamente bloqueó el flujo normal de concesiones a privados. Sin nueva legislación o sin reglamentos que delimiten exactamente cómo opera esa exclusividad en la práctica, las empresas no pueden planear exploración más allá de sus áreas ya concesionadas. Ese bloqueo sigue en pie.
La exploración lo refleja con precisión. Según datos de CAMIMEX, el gasto en exploración cayó 11.5% en 2024. No fue un fenómeno de precios —el oro superó los 2,400 dólares y la plata operó por encima de los 28 dólares buena parte del año. Fue un fenómeno regulatorio. Las empresas no pararon de explorar porque el metal no valiera; pararon porque no tenían claridad sobre en qué terreno podían hacerlo y bajo qué condiciones.
El problema de los reglamentos: el vacío que la industria no puede llenar sola
Tres años después de promulgada, la reforma minera de 2023 carece de reglamentación completa. Ese es el dato que más incomoda al sector y que ninguna medida administrativa puede compensar. Sin reglamentos, las disposiciones de la ley operan en un limbo interpretativo que favorece la parálisis: las autoridades aplican criterios no escritos, las empresas no saben qué documentación es suficiente y los proyectos en evaluación se congelan por indefinición, no por incumplimiento.
El régimen de consulta previa, libre e informada —CLPI— con comunidades indígenas es el ejemplo más claro. La reforma reforzó esa obligación, pero sin protocolo reglamentario estandarizado, cada proyecto enfrenta un proceso diferente. Algunas empresas han navegado el proceso con relativa fluidez gracias a relaciones comunitarias previas. Otras han visto proyectos detenidos durante meses sin certeza sobre qué falló ni cómo remediarlo. Orla Mining en Camino Rojo y el JV de Agnico Eagle y Teck en San Nicolás —con una inversión comprometida de 1,100 millones de dólares— son dos casos que ilustran ese espectro: proyectos en distintos estados de avance que dependen más de interpretaciones caso por caso que de un marco claro.
La Suprema Corte tiene en su mesa la resolución constitucional de la reforma. Ese proceso, pendiente desde 2023, es otro factor de incertidumbre. Si la SCJN anula artículos centrales, el gobierno necesitaría legislar de nuevo. Si los valida, la presión para reglamentar se vuelve insostenible. En cualquier escenario, el sector opera hoy con un techo regulatorio que nadie ha terminado de dibujar.
Sonora y Zacatecas: donde el costo de la indefinición se mide en toneladas
La geografía de la espera no es uniforme. Sonora concentra cerca del 45% de la producción minera nacional —cobre, oro y plata— y alberga operaciones como Buenavista del Cobre de Grupo México y Las Chispas, adquirida por Coeur Mining en 2024 por 1,700 millones de dólares. Esas operaciones ya tienen sus concesiones. El impacto regulatorio las toca en los márgenes: requisitos hídricos más exigentes bajo la Ley de Aguas 2026, mayor escrutinio ambiental en ampliaciones y una presión creciente sobre el uso de agua en zonas de estrés hídrico.
Zacatecas es donde la indefinición duele más. El estado produce cerca del 33% de la plata nacional y concentra proyectos como Peñasquito de Newmont —la mayor mina de oro en México—, Juanicipio de la JV entre Fresnillo y MAG Silver, y Camino Rojo de Orla Mining. La reducción del backlog de permisos fue bienvenida. Pero la imposibilidad de generar nuevas concesiones frena el reemplazo de reservas, una presión que empieza a aparecer en los reportes de recursos de compañías con horizontes de vida de mina inferiores a diez años.
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en 2024, una mejora significativa desde el lugar 74 del año anterior. Ese rebote refleja el cambio de tono del gobierno de Sheinbaum, no un cambio estructural del marco legal. Los analistas institucionales que siguen al sector en Toronto y Nueva York lo leen así: el piso de confianza subió, pero el techo sigue bajo.
El contexto bilateral que presiona desde afuera
El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026, añade una dimensión que el debate interno suele pasar por alto. Washington necesita diversificar sus cadenas de suministro de minerales estratégicos y México es una pieza lógica: cercanía geográfica, base industrial establecida, marco USMCA y reservas de litio estimadas en 243 millones de toneladas —las más grandes del mundo según la revisión de 2025 del USGS.
Esa presión bilateral funciona como palanca, pero también como recordatorio de lo que México no puede ofrecer hoy. Sin concesiones nuevas activas, sin reglamentación clara para proyectos de litio bajo el modelo mixto público-privado que Sheinbaum propone, y con la Ley de Aguas imponiendo restricciones adicionales en las zonas de mayor potencial, la oferta mexicana a Washington es, por ahora, más intención que capacidad ejecutiva. Ebrard negocia con un activo que el marco regulatorio doméstico aún no ha habilitado del todo.
Lo que el sector puede hacer mientras espera
Las empresas con operaciones activas no están detenidas. Están optimizando lo que tienen. First Majestic trabaja en eficiencia operativa en San Dimas y Santa Elena. Torex Gold mantiene uno de los costos de operación más bajos del mundo en El Limón Guajes. GoGold registró ingresos récord de 31.1 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 en Los Ricos, Jalisco. La industria produce —el valor de la producción alcanzó 17,500 millones de dólares en 2024, un 15.9% más que en 2023— pero lo hace sobre reservas existentes, no sobre nueva exploración.
Esa es la trampa de fondo. México puede mantener su posición como primer productor mundial de plata y ampliar su participación en cobre y oro en el corto plazo. Pero sin exploración activa, el reemplazo de reservas se vuelve un problema estructural en un horizonte de cinco a ocho años. El alivio administrativo de Sheinbaum compra tiempo. No resuelve la ecuación.
La reforma de 2023 sigue sin reglamento. Las concesiones nuevas siguen sin fluir. Y la SCJN tiene la última palabra sobre si el andamiaje legal que el sector opera hoy es, en términos constitucionales, el que tiene que operar mañana. Mientras eso no se resuelva, cada metro de exploración que México no perfora es un metro que Chile, Perú o Ecuador están perforando con menos preguntas sin respuesta.
