Puntos clave
- Parálisis de capital: US$11,000 millones en inversiones mineras comprometidas están en espera por incertidumbre regulatoria, más del doble de la inversión anual ejecutada (US$5,060 millones en 2024)
- Impacto México: La minería aporta 2.77% del PIB, genera 400,000 empleos directos y derrama MX$260,000 millones anuales; cada trimestre de pausa cuesta empleos, regalías estatales y divisas
- Perspectiva LATAM: La represión de capital mexicana refleja un entorno regulatorio en transición que afecta la geografía productiva regional y la competitividad frente a otros destinos mineros
- Implicación: Si los permisos se liberan ordenadamente, podrían reconfigurar la geografía productiva del país en 5 años; si no, la región perderá oportunidades de inversión crítica
Once mil millones de dólares detenidos. Esa es la cifra que sintetiza el momento más delicado que atraviesa la minería mexicana en lo que va de la administración Sheinbaum: una cartera de proyectos con inversión comprometida que no arranca, no por falta de capital ni por precios débiles, sino por un entorno regulatorio que todavía no termina de procesar su propia transición.
El tamaño del freno: US$11,000M en espera
Para dimensionar lo que significa US$11,000 millones en pausa, basta una referencia: la inversión total ejecutada en el sector minero mexicano durante 2024 fue de US$5,060 millones, según datos de CAMIMEX. El monto paralizado equivale a más del doble de lo que el sector invirtió en un año completo. No es un rezago marginal. Es una represión de capital que, si se libera en condiciones ordenadas, podría reconfigurar la geografía productiva del país en los próximos cinco años. Si no se libera, cada trimestre que pasa tiene un costo concreto: empleos que no se crean, regalías que no llegan a los estados, divisas que no entran.
La minería aporta el 2.77% del PIB nacional y genera más de 400,000 empleos directos, con una derrama que alcanza los MX$260,000 millones anuales. Detrás de cada proyecto pausado hay contratos de proveeduría, nóminas en comunidades de Sonora, Zacatecas o Chihuahua, y compromisos fiscales que el gobierno federal ya contabilizó en sus proyecciones pero que no llegarán si los permisos siguen atascados.
¿Qué está detrás del estancamiento?
La respuesta corta: la transición entre el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum dejó un backlog de autorizaciones ambientales y concesiones que el aparato regulatorio no ha podido liquidar al ritmo que demanda el capital. La respuesta más incómoda: algunos de esos proyectos llevan años esperando resoluciones de SEMARNAT y PROFEPA que nunca terminan de materializarse, y las empresas —varias de ellas cotizadas en TSX o NYSE— no pueden sostener indefinidamente un capex comprometido sin claridad sobre el inicio de operaciones.
El gobierno Sheinbaum ha mostrado un pragmatismo que el sector agradece en comparación con la era AMLO. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, y la reducción del backlog de permisos en Zacatecas —de 25 expedientes pendientes a 5— son señales reales. Pero las señales no mueven palas. Lo que mueve palas es certeza jurídica, y esa certeza todavía tiene huecos que los inversionistas no están dispuestos a ignorar.
Sonora y Zacatecas: los estados que más pierden
Sonora concentra alrededor del 45% de la producción minera nacional, con operaciones de la envergadura de Buenavista del Cobre de Grupo México y Las Chispas, que Coeur Mining adquirió en 2024 por US$1,700 millones. Zacatecas, con el 33% de la plata nacional, alberga Peñasquito, Juanicipio y Camino Rojo. Estos dos estados no son receptores pasivos de la inversión minera: son los que estructuran buena parte de la economía regional del norte y centro-norte del país.
Cuando los proyectos se pausan, el impacto no es abstracto. Los municipios mineros de Sonora y Zacatecas dependen de las regalías y del empleo que genera el sector para sostener servicios básicos. Una inversión de US$11,000 millones distribuida en esas geografías representaría decenas de miles de empleos directos en construcción y operación, contratos locales de suministro y una base fiscal que los estados necesitan con urgencia ante la restructuración del federalismo fiscal que trae el nuevo gobierno.
La ecuación es simple y el gobierno lo sabe: cada proyecto que no arranca en Sonora o Zacatecas es un argumento que los gobernadores usarán en la próxima negociación presupuestal. Y en un año electoral donde la estabilidad regional importa, eso tiene peso político real.
El momento de mercado que hace más costosa la demora
Los proyectos en pausa no están en un mercado neutral. El oro superó los US$3,100 por onza en el primer semestre de 2026, impulsado por la demanda de bancos centrales de China e India a un ritmo que no se registraba desde 2022. La plata opera por encima de los US$32 por onza, con fundamentos industriales —fotovoltaica, electrónica, vehículos eléctricos— que apuntan a una demanda estructural creciente. El cobre mantiene niveles que justifican con amplitud la expansión de capacidad.
México, como primer productor mundial de plata con 6,300 toneladas anuales —una de cada cuatro onzas del mundo— y noveno en oro, está sentado sobre una cartera de proyectos que, en este entorno de precios, generarían retornos extraordinarios. El costo de oportunidad de cada mes de retraso no es teórico: se puede calcular en flujo de caja descontado y los directores financieros de Fresnillo, First Majestic o GoGold lo hacen cada trimestre.
La ironía es que el contexto internacional nunca fue más favorable para que México ejecutara esta inversión. Los aranceles de la administración Trump empujaron a Estados Unidos a diversificar proveedores de metales estratégicos. Las importaciones netas de metales de EUA en 2025 superaron los US$185,000 millones. El Plan de Minerales Críticos México-EUA existe precisamente porque Washington necesita a México en su cadena de suministro. Ese apalancamiento geopolítico que el gobierno Sheinbaum tiene en la mano pierde valor con cada mes que los proyectos permanecen en pausa.
La señal que los inversionistas en Toronto están leyendo
Canada es el mayor inversor extranjero en minería mexicana. Las empresas canadienses que financian proyectos junior en Zacatecas, Jalisco o Chihuahua cotizan en el TSX y reportan a mercados que leen cada trimestre los avances en permisos como un indicador de riesgo soberano. Una cartera de US$11,000 millones detenida no es una nota de color en un reporte anual: es un factor que eleva el descuento con el que el mercado valora los activos mexicanos frente a comparables en jurisdicciones más predecibles.
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en su índice de 2024, subiendo desde el lugar 74 —una mejora real que refleja el cambio de tono del gobierno Sheinbaum. Pero el lugar 49 sigue siendo lugar 49. Chile, Perú, Ontario y Quebec compiten por el mismo capital. Y cuando un consejo de administración en Toronto evalúa dónde asignar el siguiente dólar de exploración, el backlog regulatorio mexicano pesa en esa conversación.
CAMIMEX, bajo la presidencia de Pedro Rivero, ha mantenido un diálogo técnico con la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard que el sector califica como productivo. El problema no es la ausencia de voluntad política en los niveles más altos. El problema es que la velocidad del aparato burocrático —SEMARNAT, permisos de agua, consultas indígenas, resoluciones de impacto ambiental— no se ajusta a los tiempos del capital privado ni a los ciclos de precios que determinan si un proyecto es viable o no.
Qué necesita pasar antes de que el capital se mueva
La lista no es larga, pero tampoco es sencilla. Primero, un mecanismo expedito para resolver el backlog de autorizaciones ambientales con plazos máximos legalmente vinculantes. Segundo, certeza sobre el régimen de consulta indígena: las empresas necesitan saber exactamente qué proceso sigue y cuánto tiempo toma, no enfrentar criterios que cambian caso por caso. Tercero, claridad sobre el modelo de litio y minerales críticos: si el Estado reserva ciertos minerales para sí mismo, las empresas privadas necesitan saber el perímetro exacto de lo que pueden desarrollar.
El modelo mixto de inversión en litio que el gobierno ha esbozado —con las 243 millones de toneladas de reservas más grandes del mundo— puede ser compatible con la inversión privada si las reglas son claras. Si no lo son, el capital irá a Argentina, donde el RIGI ofrece certeza fiscal hasta 2027, o a Chile, donde la institucionalidad minera tiene décadas de trayectoria.
US$11,000 millones en pausa no es una cifra estática. Cada semana que pasa sin resolución, algunas de esas inversiones migran mentalmente hacia otras jurisdicciones en los modelos financieros de quienes las decidirán. El gobierno Sheinbaum tiene la intención correcta y las herramientas diplomáticas para aprovechar el momento geopolítico. Lo que falta es convertir esa intención en permisos firmados y proyectos con fecha de inicio de construcción. El reloj no corre a favor de quien espera.
