La Organización Internacional del Trabajo ya notificó formalmente al gobierno mexicano: el Sindicato Minero Metalúrgico Frente interpuso una queja por la modificación constitucional que redujo el pago de utilidades a los trabajadores del sector. El expediente está en comisiones. El reloj corre.
- La fracción VIII del Artículo 27 y lo que les quitó a los mineros
- La OIT como palanca: qué significa este mecanismo en términos reales
- El tope de utilidades en minería: los números que duelen
- La acumulación de reformas y el deterioro de la certeza laboral
- El timing político de la queja ante la OIT
- Lo que está en juego para los 400,000 empleos directos del sector
La fracción VIII del Artículo 27 y lo que les quitó a los mineros
El núcleo de la queja es concreto. La reforma constitucional impulsada durante el gobierno de López Obrador añadió la fracción VIII al Artículo 27, limitando el pago de utilidades a un tope de 90 días de salario. La Constitución original —y el espíritu del reparto de utilidades— establece que los trabajadores tienen derecho al 10% de las ganancias netas de la empresa. En minería, con años de precios récord en plata, oro y cobre, esa diferencia no es marginal. Es la diferencia entre una quincena extra y varios meses de ingreso.
Carlos Pavón Campos, dirigente del FRENTE, lo resume con claridad quirúrgica: “Este año fue productivo, pero estamos limitados en las utilidades. Esa es una afectación muy fuerte hacia el trabajador.” El sector minero mexicano reportó un valor de producción de US$17,500 millones en 2024, un incremento de 15.9% frente al año anterior. Las empresas ganaron más. Los trabajadores, con el tope, no.
El FRENTE representa a 17,000 afiliados que, según Pavón Campos, han cargado con las consecuencias de las reformas laborales de la denominada Cuarta Transformación desde 2019. La queja ante la OIT —organismo tripartito integrado por gobiernos, empleadores y sindicatos— activa un procedimiento formal que el gobierno mexicano no puede ignorar sin consecuencias diplomáticas y comerciales, especialmente en el contexto de la revisión del T-MEC.
La OIT como palanca: qué significa este mecanismo en términos reales
Cuando un sindicato presenta una queja ante la OIT, el organismo no emite sentencias vinculantes de manera inmediata. Sin embargo, el proceso tiene peso real. El Comité de Libertad Sindical o el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios puede emitir recomendaciones públicas, y el gobierno receptor queda bajo escrutinio en su siguiente ciclo de revisión ante la Conferencia Internacional del Trabajo.
México ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT, incluyendo los relativos a libertad sindical y negociación colectiva. Si la queja avanza y genera una observación formal, el gobierno deberá responder con evidencia de que el tope de utilidades no viola los compromisos internacionales en materia de derechos laborales. Ese ejercicio tiene consecuencias más allá del sector minero: toca directamente el argumento que México utiliza para presentarse como socio confiable en cadenas de valor globales de minerales críticos.
El contexto no es trivial. El 4 de febrero de 2026, los gobiernos de México y Estados Unidos formalizaron el Plan de Cooperación en Minerales Críticos. La secretaría de Economía, bajo Marcelo Ebrard, negoció ese acuerdo posicionando a México como proveedor estratégico para las cadenas de suministro de semiconductores, baterías y defensa. Una queja activa ante la OIT por deterioro de derechos laborales en el sector minero —justo cuando México busca certificarse como socio confiable en el T-MEC ampliado— es un lastre diplomático que el gobierno preferiría no tener.
El tope de utilidades en minería: los números que duelen
Un trabajador de Buenavista del Cobre en Sonora —la mina de cobre más grande del país, operada por Grupo México— puede tener un salario mensual entre 20,000 y 35,000 pesos dependiendo del puesto. Con el tope de 90 días, el límite de utilidades ronda los 60,000 a 105,000 pesos anuales, sin importar cuánto genere la empresa. Antes de la reforma, si Buenavista reportaba ganancias extraordinarias, ese 10% se distribuía proporcionalmente. En un año con cobre por encima de los 4.50 dólares por libra, la diferencia podía ser sustancial.
Para el sector en su conjunto, la lógica es idéntica. Peñasquito en Zacatecas —la mina de oro más grande de México, operada por Newmont— tuvo un 2024 de recuperación notable tras la huelga de 2023. Juanicipio, el proyecto de MAG Silver y Fresnillo PLC con la mayor ley de plata del mundo, opera a plena capacidad. Las Chispas en Sonora, adquirida por Coeur Mining en 2024 por US$1,700 millones, reporta márgenes sólidos. Todas esas operaciones, con trabajadores sindicalizados, quedan bajo el paraguas del tope. El 10% constitucional se convirtió en letra muerta para efectos prácticos.
La acumulación de reformas y el deterioro de la certeza laboral
El FRENTE no se limita a las utilidades. Pavón Campos señala tres flancos adicionales que, sumados, configuran un cuadro de deterioro sostenido de las condiciones de los trabajadores del sector.
El primero es la reforma al Infonavit, que abre la posibilidad de utilizar la subcuenta de vivienda para financiar construcción de casas bajo un esquema que el sindicato considera una disposición unilateral de recursos que no pertenecen al gobierno. El segundo es la iniciativa de destinar hasta el 30% de los fondos de las Afore a programas de infraestructura y vivienda social. Para trabajadores mineros que dependen de sus ahorros de retiro —en un sector con alta rotación por ciclos de precio y con riesgo físico inherente—, la posibilidad de que parte de esos fondos quede expuesta a decisiones políticas es una amenaza directa a su seguridad financiera de largo plazo.
El tercero es la reforma de reducción de jornada, que avanza de 48 a 40 horas semanales de forma gradual. En la superficie, parece un avance. En la práctica minera, especialmente en operaciones subterráneas con guardias de turno y sistemas de rotación calibrados por rendimiento geológico, la implementación sin adecuaciones contractuales específicas presiona los costos de operación y puede reducir las horas extra que muchos trabajadores usaban como complemento salarial.
El timing político de la queja ante la OIT
El FRENTE eligió bien el momento. La revisión del T-MEC está programada para 2026. El Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), negociado entre México, Estados Unidos y Canadá, permite que empresas o sindicatos denuncien violaciones a derechos laborales en instalaciones específicas y activen un proceso de revisión acelerado. Ese mecanismo ya fue utilizado en plantas automotrices y en la mina de Grupo México. Una queja activa ante la OIT fortalece los argumentos de quienes, desde Washington, quieren incluir estándares laborales más exigentes como condición para los acuerdos de minerales críticos.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha demostrado ser más pragmático con el sector minero que su antecesor. La reducción del backlog de permisos de 25 a 5 en Zacatecas, el modelo mixto para litio y las negociaciones activas en Washington apuntan a una administración que entiende el valor estratégico de la minería. Pero mantener esa credibilidad internacional mientras un sindicato del sector acumula quejas ante organismos multilaterales genera una tensión que eventualmente exige resolverse con algo más que declaraciones.
Lo que está en juego para los 400,000 empleos directos del sector
La minería mexicana emplea directamente a más de 400,000 personas y sostiene 2.5 millones de empleos indirectos. Sonora y Zacatecas concentran cerca del 80% de la actividad, con salarios que, en el sector formal, superan consistentemente el promedio manufacturero nacional. Esa estructura salarial —históricamente sostenida por un sistema de reparto de utilidades robusto— es parte de lo que diferencia al empleo minero del empleo informal, que en marzo de 2026 alcanzó el 54.8% de la población ocupada nacional.
Si el tope de utilidades consolida una transferencia permanente de valor de trabajadores a empresas sin compensación equivalente, el atractivo relativo del empleo minero formal se erosiona. Y en estados como Sinaloa, donde la inseguridad ya opera como factor de riesgo —el secuestro y muerte de trabajadores de Vizsla Silver en enero de 2026 generó alertas de TD Cowen para la región—, la combinación de menor ingreso y mayor riesgo no invita a retener talento calificado.
La OIT tiene el expediente. El gobierno mexicano tiene 90 días para responder en cada etapa del proceso. La resolución de la SCJN sobre la constitucionalidad de la Reforma Minera de 2023 sigue pendiente. Y los sindicatos mineros, que por décadas operaron como actores secundarios del debate regulatorio, hoy tienen un expediente abierto en Ginebra. Eso cambia la geometría de la negociación.
